Marcos Ros denuncia que López Miras dejó sin ejecutar 24 millones para alquiler asequible y solo construyó cinco viviendas
El eurodiputado socialista y secretario de Vivienda del PSRM-PSOE, Marcos Ros, ha acusado al Gobierno de Fernando López Miras de haber puesto en riesgo millones de euros de fondos europeos destinados a construir vivienda pública en alquiler asequible en la Región de Murcia. Según Ros, el Ejecutivo regional recibió más de 25 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation para impulsar nuevas promociones residenciales, pero ha sido incapaz de ejecutar la mayor parte de esos recursos y dejó sin construir 458 de las 463 viviendas inicialmente previstas.
El dirigente socialista sostiene que el Ministerio de Vivienda ha aprobado ahora mecanismos excepcionales para ampliar los plazos de ejecución de estos proyectos dentro del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con el objetivo de evitar que la Región pierda definitivamente la financiación. Para Ros, esa prórroga supone que el Gobierno de España vuelve a “salir al rescate” de la Comunidad Autónoma ante la incapacidad del Ejecutivo regional para gestionar una oportunidad clave en plena crisis de acceso a la vivienda.
“Existía la necesidad, existía el dinero, existía el suelo y existía una oportunidad histórica para aumentar la oferta de vivienda pública. Lo único que no existía era un Gobierno regional capaz de gestionar”, ha afirmado Marcos Ros.
La crítica socialista llega en un momento de fuerte tensión política por la vivienda en la Región de Murcia, donde el Gobierno regional prepara un nuevo decreto pactado con Vox mientras el PSOE reclama aplicar la Ley estatal de Vivienda, declarar zonas tensionadas, ampliar el parque público y garantizar alquileres asequibles. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ya advirtió en noviembre de 2025 que la Región presentaba la peor ejecución del país en materia de vivienda financiada con fondos europeos, al señalar que de las 566 viviendas asequibles comprometidas solo se habían construido cinco.
Fondos europeos sin viviendas construidas
Marcos Ros ha centrado su denuncia en la brecha entre los fondos recibidos y los resultados obtenidos. El Gobierno de España transfirió a la Comunidad Autónoma más de 25 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para construir vivienda pública en alquiler asequible, una línea concebida para ampliar el parque residencial protegido y responder a una de las principales necesidades sociales de la Región.
Según el eurodiputado socialista, el Gobierno regional no ha sabido convertir esa financiación en viviendas reales. La cifra que maneja el PSOE es especialmente dura: de las 463 viviendas inicialmente previstas, 458 habrían quedado sin construir. Ese incumplimiento, según Ros, puso en riesgo alrededor de 24 millones de euros destinados a vivienda asequible.
El problema no es solo administrativo. En una comunidad donde jóvenes, familias trabajadoras y personas con rentas medias o bajas encuentran crecientes dificultades para acceder a una vivienda, la falta de ejecución de fondos finalistas tiene consecuencias directas. Cada promoción que no se construye supone menos oferta pública, más presión sobre el alquiler privado y menos capacidad de la Administración para intervenir en un mercado cada vez más tensionado.
Ros ha acusado a López Miras de intentar tapar ese fracaso con un decreto de vivienda pactado con Vox, mientras se niega a aplicar la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno de España. Según el PSOE, esa ley permitiría intervenir en zonas tensionadas y facilitar el acceso a alquileres más asequibles, una herramienta que el Ejecutivo regional ha rechazado pese al incremento de precios y a la escasez de vivienda pública.
“López Miras tenía fondos europeos para construir vivienda pública y lo único que ha sabido construir es un pacto con Vox”, ha remarcado el dirigente socialista.
La acusación resume el eje político de la denuncia: el PSOE contrapone la necesidad de gestionar suelo, financiación y vivienda pública con la estrategia del Gobierno regional de situar el debate en la confrontación ideológica y en acuerdos parlamentarios con Vox.
Una segunda oportunidad para no perder los recursos
El Ministerio de Vivienda ha introducido mecanismos para que los proyectos financiados con fondos europeos que no hayan terminado a tiempo puedan acceder a nuevas vías de apoyo dentro del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. La información publicada por el Ministerio sobre el nuevo plan recoge ayudas para ampliar el parque de vivienda asequible, con especial atención al alquiler público y protegido, y contempla líneas para adquisición, promoción y movilización de viviendas destinadas a precios asequibles.
El Real Decreto 326/2026, que regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, establece que las viviendas financiadas deberán destinarse al alquiler o cesión en uso durante un plazo mínimo de 50 años y con precios limitados, reforzando el carácter permanente del parque público y evitando que las promociones subvencionadas acaben fuera del circuito social.
Para Marcos Ros, la ampliación de plazos y los mecanismos excepcionales no son un premio al Gobierno regional, sino una forma de proteger a la ciudadanía de las consecuencias de una mala gestión. “Después de que el Gobierno de López Miras fuera incapaz de construir las viviendas para las que ya tenía financiación, ahora es el Ministerio quien amplía los plazos para dar una segunda oportunidad a la Comunidad Autónoma y evitar que se pierdan definitivamente esos recursos”, ha afirmado.
El eurodiputado socialista sostiene que la prórroga responde a la voluntad del Ejecutivo central de salvar los proyectos de vivienda pública y evitar que los ciudadanos paguen la factura de la inejecución autonómica. En su opinión, el Gobierno regional tiene ahora una última oportunidad para activar los proyectos pendientes y demostrar que es capaz de transformar financiación pública en viviendas efectivas.
La ampliación de plazos, sin embargo, no resuelve automáticamente el problema. Para que los fondos no se pierdan, la Comunidad Autónoma deberá acelerar expedientes, coordinarse con ayuntamientos, desbloquear suelo, licitar proyectos, adjudicar obras y cumplir los requisitos del plan. El riesgo para Murcia no ha desaparecido: simplemente se ha abierto una ventana adicional que exigirá gestión real y no anuncios.
La vivienda como principal urgencia social
Ros ha insistido en que la Región de Murcia no necesita “más propaganda ni más confrontación”, sino vivienda pública, alquileres asequibles y un Gobierno capaz de aprovechar las oportunidades que ofrecen los fondos estatales y europeos. La crítica apunta directamente al modelo de vivienda del Ejecutivo regional, al que el PSOE acusa de acumular años sin construir un parque público suficiente y de rechazar medidas de intervención sobre el mercado del alquiler.
El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 movilizará 7.000 millones de euros en toda España y su reparto fue aprobado por las comunidades autónomas. Según las informaciones publicadas sobre el acuerdo, el plan destina fondos a construcción de vivienda pública permanente, rehabilitación y ayudas a la emancipación juvenil, con exigencias como proteger la vivienda pública de futuras privatizaciones y reforzar la transparencia en los registros de fianzas.
En ese contexto, la Región de Murcia afronta un doble desafío. Por un lado, recuperar los proyectos financiados con Next Generation que no se han ejecutado en plazo. Por otro, aprovechar el nuevo ciclo de financiación estatal para aumentar de forma sostenida la vivienda pública y protegida. La falta de parque público es uno de los grandes déficits regionales y limita la capacidad de la Administración para ofrecer alternativas reales a quienes no pueden acceder al mercado libre.
El PSOE sostiene que López Miras no puede convertir la vivienda en un instrumento de confrontación política ni utilizar el pacto con Vox para desviar la atención de su falta de ejecución. Ros ha exigido al Ejecutivo regional que aproveche la nueva oportunidad que le brinda el Ministerio de Vivienda y deje de desperdiciar recursos que podrían aliviar la situación de miles de jóvenes y familias.
“El Gobierno de España ya ha cumplido poniendo los recursos sobre la mesa y ahora, incluso, ampliando los plazos para que no se pierdan. Lo único que falta es que el Gobierno de López Miras haga, de una vez, su trabajo”, ha concluido el secretario de Vivienda del PSRM-PSOE.
La vivienda se ha convertido en uno de los principales termómetros de la desigualdad en la Región de Murcia. Si había financiación europea, suelo y necesidad social, la falta de viviendas construidas no puede explicarse solo por trámites o dificultades técnicas. La ampliación de plazos ofrece una salida, pero también deja una evidencia política incómoda: la Región estuvo a punto de perder millones destinados a vivienda asequible no por falta de dinero, sino por falta de gestión.
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