Pedro Contreras afirma que el gasto se ha duplicado en dos legislaturas y alerta del deterioro económico del Ayuntamiento
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cartagena ha denunciado que el Gobierno de Noelia Arroyo adjudica cada día laboral una media de 55.912 euros mediante contratos menores, una fórmula que, según el PSOE, se ha disparado desde que el Partido Popular regresó al Gobierno municipal. El concejal socialista Pedro Contreras sostiene que el importe medio de este tipo de adjudicaciones se ha duplicado en las dos últimas legislaturas, pasando de 1.754,20 euros en el mandato 2015-2019 a más de 4.210 euros en la actual legislatura.
Contreras acusa al Ejecutivo local de recurrir de forma abusiva a los contratos menores, que permiten adjudicaciones sin concurrencia competitiva ordinaria y con menor nivel de publicidad que los procedimientos abiertos. Según los datos difundidos por el Grupo Socialista, el Ayuntamiento de Cartagena ha adjudicado ya 53 millones de euros en contratos menores en lo que va de legislatura, con 16,6 millones en 2023, 13,5 millones en 2024, 14,8 millones en 2025 y 7,8 millones en lo que va de 2026.
“Es un absoluto disparate. El gasto en contratos menores es cada vez más elevado porque el Partido Popular prefiere evitar los grandes contratos que tienen más control”, ha afirmado Contreras. El edil advierte de que, si se mantiene el ritmo actual, Arroyo cerrará la legislatura con unos 13.359 contratos menores por un importe total de 56,2 millones de euros, una cifra que, según el PSOE, superaría en importe total la suma de los contratos menores de las dos legislaturas anteriores juntas.
La denuncia socialista llega en un contexto de fuerte preocupación por la situación financiera del Ayuntamiento de Cartagena. El PSOE sostiene que el municipio arrastra un “agujero económico” superior a 120 millones de euros, resultado de la suma de deuda bancaria, convenios de pago aplazados, obligaciones pendientes con proveedores, déficit acumulado y remanente negativo de tesorería.
Contratos menores y falta de planificación
El contrato menor es una herramienta legal prevista para necesidades puntuales, de menor cuantía y tramitación simplificada. Su uso no es irregular por sí mismo, pero se convierte en un problema político y administrativo cuando pasa de ser una fórmula excepcional a un mecanismo habitual para cubrir gastos recurrentes o evitar una planificación contractual más exigente.
Eso es precisamente lo que denuncia el PSOE en Cartagena. Contreras sostiene que el incremento del gasto en contratos menores refleja una manera de gestionar basada en la improvisación y en la fragmentación del gasto. A su juicio, el Gobierno municipal del Partido Popular estaría recurriendo de forma creciente a adjudicaciones directas en lugar de impulsar contratos de mayor alcance, con más publicidad, concurrencia, control y planificación.
El concejal socialista afirma que los contratos menores se adjudican “sin concurrencia competitiva y en detrimento de una planificación adecuada y de los principios de publicidad, libre concurrencia y transparencia”.
La cifra diaria señalada por el PSOE, 55.912 euros por cada día laboral, busca poner dimensión cotidiana a un volumen de gasto que, acumulado, alcanza decenas de millones de euros. No se trata de una discusión técnica menor. La contratación pública define cómo se gasta el dinero de la ciudadanía, qué empresas acceden a encargos municipales, con qué controles se adjudican los servicios y qué margen tiene la oposición y la ciudadanía para fiscalizar la gestión.
El Grupo Socialista subraya que el incremento en los últimos ocho años ha sido del 78%, un dato que utiliza para defender que no se está ante una oscilación puntual, sino ante una tendencia consolidada durante los mandatos del PP.
Si el importe medio por contrato menor ha pasado de 1.754,20 euros a 4.210,52 euros, como sostiene Contreras, el problema no sería solo el número de expedientes, sino también el aumento del peso económico de cada adjudicación. Ese crecimiento eleva la relevancia presupuestaria de una fórmula que debería estar limitada a necesidades concretas y no convertirse en un eje ordinario de gestión.
Un Ayuntamiento con déficit y reparos de Intervención
La crítica del PSOE no se limita al volumen de contratos menores. Contreras la vincula con la situación económica del Ayuntamiento de Cartagena y con lo que considera una gestión presupuestaria deficiente. Según el edil, mientras las cuentas municipales empeoran, el Gobierno de Arroyo no reduce gastos, sino que los incrementa.
“La señora Arroyo, en lugar de reducir gastos, que es lo que debería hacer porque las cuentas municipales van cada día peor, los incrementa”, ha señalado el concejal socialista.
El PSOE afirma que el Gobierno municipal sigue acumulando reconocimientos extrajudiciales de crédito y facturas con reparos formulados por la Intervención General Municipal. Estas incidencias, según Contreras, reflejan deficiencias en la gestión presupuestaria y el incumplimiento reiterado de las advertencias del órgano económico de control interno.
Los reconocimientos extrajudiciales de crédito suelen utilizarse para dar cobertura a obligaciones de gasto que no siguieron el procedimiento ordinario previsto o que no contaban con consignación adecuada en el momento correspondiente. Aunque son mecanismos legales para regularizar situaciones ya producidas, su repetición puede ser síntoma de falta de planificación, ejecución desordenada del presupuesto o contratación sin la cobertura previa suficiente.
Los reparos de Intervención, por su parte, son advertencias del órgano de control interno cuando detecta posibles incumplimientos o deficiencias en expedientes de gasto. Para la oposición, que estos reparos se acumulen al mismo tiempo que aumenta el volumen de contratos menores refuerza la idea de una gestión económica con problemas estructurales.
El PSOE dibuja así un cuadro de deterioro financiero: déficit, remanente negativo de tesorería, deuda acumulada, obligaciones pendientes y un uso creciente de contratos menores. La acusación política es clara: mientras el Ayuntamiento sube impuestos y los servicios públicos siguen siendo deficitarios, el Gobierno local mantiene una dinámica de gasto que, según los socialistas, agrava la situación.
Más gasto mientras suben impuestos y fallan servicios
El Grupo Municipal Socialista sostiene que la ciudadanía de Cartagena está pagando una doble factura. Por un lado, con servicios públicos que, según el PSOE, continúan siendo deficientes. Por otro, con una presión fiscal municipal al alza mientras el Gobierno local incrementa el gasto mediante fórmulas menos transparentes y con menor concurrencia que los contratos abiertos.
La denuncia de Contreras apunta a una cuestión de fondo: no basta con que el gasto sea legal; debe estar justificado, planificado y sometido a controles adecuados. En un Ayuntamiento con problemas financieros, cada euro adjudicado exige una explicación más rigurosa. Y cuando se recurre de forma masiva a contratos menores, la oposición reclama saber si esa práctica responde a necesidades reales o a una manera de evitar procedimientos más exigentes.
La contratación menor puede tener sentido para una reparación urgente, una actuación puntual o un suministro limitado. Pero cuando el volumen alcanza decenas de millones de euros y se sostiene durante años, la pregunta deja de ser administrativa y se convierte en política: por qué el Ayuntamiento no planifica mejor, por qué no agrupa necesidades previsibles en contratos ordinarios y por qué el gasto crece mientras las cuentas municipales se deterioran.
Contreras ha insistido en que, si se mantiene el ritmo actual, Arroyo acabará la legislatura con 56,2 millones de euros en contratos menores. Para el PSOE, esa previsión simboliza un modelo de gestión que prioriza la adjudicación directa frente a una contratación pública más abierta y fiscalizable.
La situación económica que describe el Grupo Socialista añade gravedad al debate. Un agujero superior a 120 millones de euros, según la formación, no permite gestionar como si el Ayuntamiento tuviera margen ilimitado. En ese contexto, el control del gasto, la transparencia contractual y la planificación presupuestaria deberían ser obligaciones básicas del Gobierno municipal.
La denuncia deja a Noelia Arroyo ante una pregunta que va más allá de la cifra diaria de adjudicaciones: qué modelo de gestión quiere para Cartagena. Uno basado en planificación, contratos transparentes y control del gasto, o uno en el que los contratos menores siguen creciendo mientras se acumulan reparos, reconocimientos extrajudiciales, deuda y malestar por la calidad de los servicios públicos. Para el PSOE, la respuesta está en los datos: cada día laboral, el Ayuntamiento adjudica a dedo casi 56.000 euros, y esa tendencia, lejos de corregirse, amenaza con cerrar la legislatura con el mayor volumen de contratos menores de los últimos mandatos.
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