Isabel Gadea exige que el alcalde comparezca, ordene la documentación y explique qué controles fallaron en el Ayuntamiento

El PSOE de Molina de Segura ha solicitado la creación de una comisión de transparencia en el Ayuntamiento para que el alcalde, José Ángel Alfonso, dé explicaciones claras sobre el conocido como “Caso Vermut” y sobre la gestión de la información pública relacionada con cargos y excargos públicos del municipio. La portavoz socialista, Isabel Gadea, reclama un órgano específico que permita ordenar la documentación, aclarar los hechos y garantizar que la ciudadanía conozca las resoluciones que afectan a responsables políticos o personas vinculadas a la actividad municipal.
La petición llega después de las informaciones y denuncias realizadas en torno a compras efectuadas mediante tarjetas vinculadas a contratos municipales, las dudas sobre los controles aplicados, los cambios detectados en publicaciones antiguas de la web del PP local y la necesidad de establecer un protocolo claro para informar de sentencias que afecten a cargos o excargos públicos por hechos relacionados con su actividad en el Ayuntamiento.
Gadea ha defendido que Molina necesita una comisión de transparencia “no para hacer ruido” ni para “repetir titulares”, sino para conocer la verdad, ordenar documentos y evitar que cualquier asunto relacionado con dinero público quede oculto entre “silencios, versiones cambiantes o explicaciones a medias”.
“No se trata de contarlo todo otra vez. Se trata de que el Ayuntamiento abra las ventanas. Que se sepa qué pasó, cuándo pasó, quién lo sabía y qué medidas se tomaron”, ha señalado la portavoz socialista.
Una comisión para ordenar documentos y fijar responsabilidades
El PSOE plantea que la comisión de transparencia tenga acceso a la documentación municipal necesaria, pueda escuchar las explicaciones del Gobierno local y permita aclarar los hechos con rigor. La formación socialista insiste en que no se trata de sustituir ninguna investigación judicial o administrativa que pudiera existir, sino de garantizar control político, información pública y rendición de cuentas dentro del Ayuntamiento.
La propuesta socialista fija tres objetivos concretos. El primero es conocer qué controles fallaron en el uso de tarjetas y en las compras vinculadas a contratos municipales. El segundo, aclarar por qué se modificaron publicaciones antiguas en la web del PP local relacionadas con el exjefe de Empleo y jefe de campaña del propio José Ángel Alfonso. El tercero, habilitar un cauce estable para que la ciudadanía conozca desde el primer momento las sentencias que afecten a cargos y excargos públicos cuando estén vinculadas a su actividad en el Ayuntamiento de Molina de Segura.
La portavoz socialista sostiene que la transparencia no puede depender únicamente de la insistencia de la oposición ni de que se registren escritos de forma reiterada. A su juicio, el Gobierno municipal tiene la obligación de ofrecer información clara cuando aparecen dudas sobre dinero público, contratos, responsabilidades municipales o decisiones que afectan a la confianza ciudadana.
“La transparencia no puede depender de que la oposición registre escritos una y otra vez. La transparencia debe ser una obligación del Gobierno. Y más cuando hablamos de dinero público, responsabilidades municipales y confianza ciudadana”, ha indicado Gadea.
La creación de una comisión permitiría, según el PSOE, evitar respuestas fragmentadas y reconstruir de forma ordenada la secuencia de los hechos. En un asunto que afecta a la credibilidad institucional, la formación considera imprescindible que la documentación no aparezca por partes, que las explicaciones no se ofrezcan solo bajo presión política y que la ciudadanía pueda conocer con claridad qué ocurrió y qué decisiones adoptó el Gobierno local.
El alcalde, en el centro de las explicaciones
El Grupo Municipal Socialista exige que el alcalde comparezca y explique qué decisiones adoptó el Gobierno local desde que tuvo conocimiento de los hechos, qué documentación se remitió a Fiscalía, qué medidas internas se aplicaron y por qué no se ofrecieron explicaciones públicas desde el primer momento.
Para Gadea, José Ángel Alfonso no puede limitarse a responder cuando se ve obligado por la presión política o mediática. El PSOE considera que la gravedad del caso exige una comparecencia clara, completa y documentada, especialmente porque el asunto afecta a la gestión municipal y a personas vinculadas directa o indirectamente a responsabilidades públicas.
“El alcalde no puede limitarse a contestar cuando se ve acorralado. Tiene que dar la cara. Molina merece saber la verdad sin cuentagotas y sin filtros políticos”, ha afirmado la portavoz socialista.
La exigencia de explicaciones se produce en un contexto de creciente tensión política en Molina de Segura, donde el PSOE viene reclamando más información sobre el denominado “Caso Vermut” y sobre la actuación del Gobierno local tras conocerse los hechos. La formación sostiene que la respuesta institucional no puede consistir en silencios, demoras o versiones incompletas, sino en documentación, comparecencias y mecanismos de control.
El caso apunta a una cuestión de fondo que va más allá de una controversia concreta: cómo debe actuar un Ayuntamiento cuando aparecen dudas sobre el uso de recursos vinculados a contratos municipales, sobre los controles internos aplicados y sobre la información que se ofrece a la ciudadanía. Para los socialistas, la respuesta debe ser siempre la misma: transparencia inmediata, colaboración institucional y rendición de cuentas.
Gadea ha recordado que la confianza en las instituciones se defiende con documentos, claridad y responsabilidad política. “Cuando aparecen dudas sobre compras, contratos, cargos públicos o sentencias vinculadas al Ayuntamiento, la respuesta no puede ser el silencio. La respuesta tiene que ser transparencia”, ha subrayado.
Transparencia frente a silencios y versiones cambiantes
La solicitud del PSOE busca convertir el “Caso Vermut” en un debate institucional ordenado, con acceso a documentos y explicaciones públicas, en lugar de mantenerlo como una sucesión de denuncias, respuestas parciales y polémicas políticas. La comisión propuesta funcionaría como un espacio específico para reunir información, aclarar responsabilidades y fijar criterios de actuación futura.
Uno de los puntos señalados por los socialistas es la modificación de publicaciones antiguas en la web del PP local relacionadas con el exjefe de Empleo y jefe de campaña del alcalde. Para el PSOE, esos cambios deben explicarse porque afectan a la percepción pública de transparencia y pueden alimentar la sospecha de que se ha intentado borrar o suavizar la vinculación política de determinadas personas con el entorno del Gobierno local.
La formación también reclama un protocolo para informar de sentencias que afecten a cargos o excargos públicos cuando estén relacionadas con su actividad municipal. Esta propuesta apunta a evitar que este tipo de resoluciones dependan de filtraciones, búsquedas de la oposición o explicaciones tardías. El PSOE defiende que los vecinos tienen derecho a conocer de manera clara cualquier resolución relevante que afecte a quienes han tenido responsabilidades públicas en el Ayuntamiento.
La transparencia no debe entenderse como un trámite incómodo, sino como una garantía democrática. En los ayuntamientos, donde la cercanía entre cargos públicos, contratos, empresas, trabajadores municipales y ciudadanía es mayor, cualquier duda sobre el uso del dinero público puede deteriorar con rapidez la confianza vecinal. Por eso, los mecanismos de control no son un obstáculo para la gestión: son una condición para que esa gestión sea creíble.
El Gobierno local de PP y Vox tendrá que decidir ahora si acepta la creación de la comisión o si rechaza abrir un órgano específico para analizar el caso. Para el PSOE, esa decisión marcará la posición del Ejecutivo municipal ante una exigencia básica de rendición de cuentas.
Gadea ha concluido que el Gobierno municipal debe elegir entre “seguir tapando” o abrir una comisión de transparencia. “Nosotros lo tenemos claro: luz, documentos y explicaciones. Porque el Ayuntamiento no es del alcalde ni de ningún partido. El Ayuntamiento es de Molina”, ha afirmado.
La petición socialista deja al alcalde ante una responsabilidad política directa. Si el “Caso Vermut” afecta a compras, contratos, cargos públicos, documentación municipal y confianza ciudadana, la respuesta no puede quedar reducida a explicaciones dispersas. Molina necesita saber qué ocurrió, qué controles fallaron, quién tenía conocimiento de los hechos y qué medidas se adoptaron. La comisión de transparencia que reclama el PSOE pretende precisamente eso: sacar el asunto de la zona gris y llevarlo al terreno donde deben resolverse las dudas sobre la gestión pública, con documentos, comparecencias y luz institucional.
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