Pedro Contreras denuncia que el Ayuntamiento exhibe el Sello InfoParticipa mientras acumula resoluciones del Defensor del Pueblo por falta de respuesta
El Grupo Municipal Socialista de Cartagena ha acusado al Gobierno de Noelia Arroyo de utilizar la transparencia como propaganda política mientras, según sostiene el PSOE, el Ayuntamiento acumula reproches del Defensor del Pueblo por incumplimientos relacionados con el derecho de acceso a la información pública, la obligación de resolver en plazo y la buena administración. La crítica llega después de que el Consistorio haya revalidado el Sello InfoParticipa por décimo año consecutivo con la máxima puntuación, un reconocimiento que el Ejecutivo local ha presentado como prueba de su compromiso con la transparencia institucional.
El concejal socialista Pedro Contreras considera “incomprensible” que el Gobierno municipal “saque pecho por un sello de transparencia cuando el Defensor del Pueblo ha tenido que intervenir una y otra vez para recordarle que está obligado a responder a los ciudadanos, resolver sus solicitudes en plazo y garantizar el acceso a la información pública porque no lo está haciendo”. La posición del PSOE contrapone el reconocimiento externo recibido por el Ayuntamiento con las resoluciones de una institución independiente que, en distintos expedientes, ha llamado la atención al Consistorio por demoras, falta de respuesta o ausencia de resolución expresa.
El Ayuntamiento de Cartagena anunció el 1 de julio que había revalidado el Sello InfoParticipa por décimo año consecutivo con el 100% de cumplimiento de los indicadores de transparencia y calidad de la comunicación pública. El distintivo, otorgado por la Universitat Autònoma de Barcelona, fue recogido por el concejal delegado de Nuevas Tecnologías, Administración Electrónica y Transparencia, Álvaro Valdés, en un acto celebrado el 2 de julio en San Pedro del Pinatar. Según la información municipal, Cartagena se consolida con este reconocimiento como uno de los referentes en transparencia, buen gobierno y acceso a la información pública.
Para el Grupo Socialista, sin embargo, ese relato institucional no se corresponde con la experiencia de ciudadanos y grupos de la oposición ante determinadas solicitudes de información. “La verdadera transparencia no se mide por un distintivo, sino por el cumplimiento de la ley”, ha afirmado Contreras, que reclama al Gobierno local menos autocomplacencia y más garantías reales para quienes intentan acceder a expedientes, respuestas administrativas o datos sobre la gestión municipal.
Resoluciones del Defensor frente al relato municipal
La denuncia socialista se apoya en varias resoluciones del Defensor del Pueblo dirigidas al Ayuntamiento de Cartagena en los últimos años. En febrero de 2023, la institución formuló una sugerencia para que el Consistorio facilitara a un ciudadano el acceso y copia de documentación y planos solicitados, o, en caso de desestimación, dictara una resolución expresa y motivada conforme a la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En esa resolución, el Defensor recordaba que habían transcurrido casi cuatro años desde la solicitud inicial sin que constara que el Ayuntamiento hubiera facilitado la documentación reclamada ni dictado resolución formal.
El caso citado no es aislado. En diciembre de 2021, el Defensor del Pueblo dirigió al Ayuntamiento de Cartagena un recordatorio de deber legal para que cumpliera la obligación de resolver en tiempo y forma los recursos administrativos interpuestos por la ciudadanía. La institución señaló entonces que se había dictado resolución a un recurso casi un año después de su presentación y sin que el Ayuntamiento justificara los motivos de la demora.
También en noviembre de 2024, el Defensor del Pueblo volvió a formular un recordatorio de deber legal al Ayuntamiento de Cartagena por una resolución expresa en tiempo y forma. En ese expediente, la institución puso de manifiesto que no se había dado respuesta a escritos presentados por un reclamante y que un recurso de reposición de abril de 2022 había sido resuelto el 31 de mayo de 2024, más de dos años después de su presentación.
A estas resoluciones se suma otra de agosto de 2024, relativa al desarrollo urbanístico del Sector BP1 de Barrio Peral, en la que el Defensor del Pueblo formuló dos sugerencias al Ayuntamiento de Cartagena. Una de ellas pedía impulsar el sistema de actuación por concurrencia conforme a la legislación urbanística regional; la otra reclamaba una respuesta expresa y motivada a una solicitud presentada por un interesado el 15 de junio de 2021. En esa resolución, el Defensor recordó de nuevo la obligación de resolver expresamente y en plazo las peticiones y recursos formulados ante la Administración.
Contreras sostiene que estos antecedentes desmontan la imagen de transparencia plena que intenta proyectar el Gobierno municipal. Según el edil socialista, el problema no se limita a un expediente concreto ni a una incidencia puntual, sino a una forma de funcionamiento administrativo que se repite. “No se trata de un episodio aislado, sino de una forma de gestionar la Administración”, ha señalado.
La oposición denuncia retrasos y respuestas incompletas
El Grupo Municipal Socialista asegura que las dificultades para acceder a la información no afectan únicamente a ciudadanos que presentan solicitudes ante el Ayuntamiento, sino también a los concejales de la oposición en el ejercicio de su labor de control. Contreras afirma que los ediles tienen derecho a disponer de la documentación necesaria para fiscalizar la acción del Gobierno local, pero denuncia que los retrasos, las respuestas incompletas y el silencio administrativo son “demasiado frecuentes”.
La crítica incide en un punto clave de la calidad democrática municipal: la transparencia no es solo la publicación de indicadores en un portal web ni la obtención de sellos de evaluación externa. También implica contestar en plazo, motivar las decisiones, permitir el acceso real a expedientes y facilitar que la oposición pueda controlar al Gobierno con información suficiente. Sin ese acceso efectivo, los reconocimientos formales pierden valor político y se convierten, según el PSOE, en una herramienta de imagen más que en una práctica de buen gobierno.
Contreras también ha cuestionado el uso cada vez más habitual de asuntos incorporados fuera del orden del día en las Juntas de Gobierno Local. A su juicio, lo que debería ser una excepción se ha convertido en una práctica que dificulta el control de decisiones relevantes para el municipio. Esta denuncia conecta con una preocupación más amplia del PSOE sobre la forma en la que el Gobierno de Arroyo gestiona la información interna, los tiempos de tramitación y la rendición de cuentas.
El concejal socialista reclama además mayor claridad sobre la situación económica del Ayuntamiento de Cartagena. “Los cartageneros tienen derecho a conocer el estado real de las cuentas municipales, las tensiones de tesorería y los riesgos económicos que afronta el Consistorio. En lugar de ofrecer explicaciones, el Gobierno prefiere construir un relato triunfalista”, ha afirmado Contreras, según la nota remitida por el Grupo Municipal Socialista.
La referencia a las cuentas municipales amplía el debate más allá de la transparencia formal. Para el PSOE, el problema no está solo en cómo se informa sobre expedientes concretos, sino en la falta de explicaciones completas sobre asuntos que afectan directamente a la gestión del Ayuntamiento, a su capacidad económica y a las decisiones que pueden condicionar los servicios públicos municipales.
Transparencia de escaparate o acceso real a la información
El choque político entre el Gobierno local y el PSOE deja dos planos claramente diferenciados. Por un lado, el Ayuntamiento exhibe un reconocimiento basado en indicadores de publicación y comunicación pública, con una puntuación máxima que avala determinados contenidos disponibles en su portal institucional. Por otro, la oposición socialista recuerda que el Defensor del Pueblo ha tenido que intervenir en varios expedientes para exigir respuestas expresas, resolución en plazo y acceso a documentación solicitada.
La cuestión de fondo es si un sello de transparencia puede servir como argumento político cuando existen resoluciones que advierten de incumplimientos en la atención a solicitudes ciudadanas. Para el PSOE, la respuesta es clara: no basta con cumplir indicadores si, al mismo tiempo, ciudadanos y grupos municipales encuentran obstáculos, demoras o silencios cuando necesitan información concreta para defender sus derechos o ejercer control político.
El Defensor del Pueblo ha recordado en varias de sus resoluciones al Ayuntamiento de Cartagena que la Administración debe responder de manera motivada, en tiempo y forma, y que el silencio administrativo genera indefensión e inseguridad jurídica. Esa doctrina conecta directamente con la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y con la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, normas que obligan a las administraciones a resolver y notificar las solicitudes dentro de los plazos establecidos.
El PSOE considera que el Gobierno de Noelia Arroyo debería abandonar la autocomplacencia y asumir las deficiencias señaladas por el Defensor del Pueblo. “Cuando una institución independiente tiene que recordar una y otra vez a un Ayuntamiento cuáles son sus obligaciones legales, lo último que corresponde es sacar pecho”, ha concluido Pedro Contreras.
La nota remitida por el Grupo Municipal Socialista no incorpora la versión del Gobierno local sobre las críticas formuladas por Contreras. El Ayuntamiento, por su parte, sí ha defendido públicamente en los últimos días que la renovación del Sello InfoParticipa acredita su compromiso con la apertura, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. El debate queda ahora situado en el terreno más sensible de la transparencia municipal: la distancia entre los reconocimientos institucionales y la experiencia real de quienes solicitan información al Ayuntamiento de Cartagena.
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