ICAMUR denuncia que los letrados aún no han cobrado abril y reclama condiciones dignas para garantizar la justicia gratuita
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Murcia ha conmemorado el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio con una reivindicación clara: mejorar las condiciones de los profesionales que garantizan un derecho constitucional, pero que trabajan con retrasos en los pagos, bajas remuneraciones y una creciente desigualdad respecto a otros territorios.
ICAMUR ha denunciado que los abogados y abogadas del Turno de Oficio aún no han percibido los honorarios correspondientes al mes de abril, una situación que el Colegio considera incompatible con la importancia del servicio que prestan. La institución recuerda que estos profesionales atienden a personas en situación de vulnerabilidad, garantizan el acceso a la justicia y sostienen una parte esencial del sistema, muchas veces en condiciones de precariedad.
La decana de ICAMUR, Maravillas Hernández, ha puesto en valor la labor de los letrados y letradas que prestan este servicio constitucional y ha subrayado el compromiso de quienes siguen adscritos al Turno de Oficio pese a las dificultades económicas y organizativas. La campaña de este año se ha desarrollado bajo el lema “No elegimos el caso, elegimos estar”, instalado también en una pancarta en la fachada de la sede colegial.
La jornada ha incluido, además, la primera ceremonia de entrega de la toga a los nuevos colegiados incorporados a la profesión. Posteriormente, ICAMUR ha rendido homenaje a los abogados y abogadas que llevan más de veinte años prestando servicio en el Turno de Oficio, con la entrega de diplomas en reconocimiento a su dedicación, compromiso y vocación de servicio público.
Murcia pasa de 1.104 letrados en 2020 a 857 en 2026
Uno de los datos más preocupantes trasladados por ICAMUR es el descenso progresivo del número de profesionales adscritos al Turno de Oficio. En el Colegio de la Abogacía de Murcia se ha pasado de 1.104 letrados en 2020 a 857 en 2026. En el conjunto de la Región de Murcia, la cifra ha bajado de 1.456 profesionales en 2018 a 1.257 en 2025.
La caída resulta especialmente relevante porque se produce mientras la demanda de justicia gratuita sigue siendo elevada. Según el dossier elaborado por ICAMUR, en 2025 había 877 letrados inscritos en los distintos servicios del Turno de Oficio. Ese año, los servicios de guardia —asistencia al detenido, violencia de género y extranjería— atendieron a 20.388 ciudadanos.
El Servicio de Orientación Jurídica atendió en 2025 a 21.612 ciudadanos en las distintas dependencias del Colegio en Murcia, Caravaca, Cieza, San Javier, Totana y Yecla. Además, las solicitudes de asistencia jurídica gratuita cursadas ante el SOJ ascendieron a 29.408.
En el primer semestre de 2026, los datos mantienen la dimensión del servicio. Entre el 1 de enero y el 30 de junio, los servicios de guardia atendieron a 9.345 personas, el Servicio de Orientación Jurídica atendió a 11.804 personas y las solicitudes de asistencia jurídica gratuita cursadas ante el SOJ alcanzaron las 15.259. En ese mismo periodo, el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria atendió a 608 personas.
El departamento de Turno de Oficio de ICAMUR cuenta con nueve trabajadoras que desempeñan labores administrativas de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. El Servicio de Orientación Jurídica en Murcia es prestado por 12 letrados de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, y por otros 10 letrados en Yecla, Caravaca, Cieza, San Javier y Totana los viernes por la mañana. El Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria está integrado por 20 letrados que atienden consultas en los centros penitenciarios Murcia I, en Sangonera la Verde, y Murcia II, en Campos del Río.
Diferencias de hasta 4.600 euros según la comunidad autónoma
ICAMUR también ha denunciado las importantes diferencias retributivas que existen entre territorios. En el denominado territorio común, en el que se encuentra la Región de Murcia, un día de guardia se remunera con 166,49 euros. En Navarra, esa misma guardia alcanza los 310 euros. La diferencia supera los 140 euros por una misma prestación esencial.
Las desigualdades son todavía más llamativas en determinados procedimientos. En los procedimientos penales de especial complejidad, el territorio común abona 389,45 euros, mientras que en el País Vasco la retribución alcanza los 5.000 euros. También existen diferencias en otros ámbitos: un procedimiento ante tribunal del jurado se paga en el territorio común a 438,14 euros, frente a los 1.034,31 euros de Asturias o los 1.029 euros de Valencia.
En materia civil, un juicio completo de familia contencioso, como un divorcio o una separación, se remunera en el territorio común con 291,60 euros. En el País Vasco alcanza los 654 euros, en Valencia los 578 euros y en Navarra los 450 euros. En jurisdicción voluntaria, el territorio común paga 194,40 euros, frente a los 473 euros de Valencia o los 375,87 euros de Cataluña.
En el ámbito laboral, un juicio íntegro por despido o salarios se retribuye en el territorio común con 171,35 euros, mientras que en el País Vasco alcanza los 356 euros, en Valencia los 325 euros y en Galicia los 321,61 euros.
Estos datos explican, según ICAMUR, parte del desgaste del sistema. Los profesionales del Turno de Oficio asumen guardias, asistencias urgentes, procedimientos judiciales, desplazamientos, atención a personas vulnerables y responsabilidades profesionales con una remuneración que, en muchos casos, no se corresponde con la carga real de trabajo ni con la importancia del derecho que garantizan.
Un servicio esencial para quienes no pueden pagar defensa
La justicia gratuita no es una prestación secundaria. Es el mecanismo que permite que una persona sin recursos pueda acceder a defensa letrada, asistencia jurídica y tutela judicial efectiva. Sin Turno de Oficio, el derecho constitucional a la defensa quedaría condicionado por la capacidad económica de cada ciudadano.
Por eso, ICAMUR reclama que las administraciones atiendan mejor a los profesionales que sostienen este servicio. La institución advierte de que los retrasos en los pagos, las bajas cuantías y las diferencias territoriales pueden terminar debilitando un sistema esencial para la ciudadanía.
El problema no es solo corporativo ni afecta únicamente a los abogados. Si cada vez menos profesionales se adscriben al Turno de Oficio, el servicio puede resentirse y la ciudadanía más vulnerable puede sufrir mayores dificultades para acceder a una defensa de calidad. La caída de letrados adscritos en Murcia y en el conjunto de la Región es, por tanto, una señal de alerta.
Los datos nacionales apuntan en la misma dirección. En 2025 había 38.871 abogados y abogadas inscritos en el Turno de Oficio, frente a los 39.941 de 2024 y los 40.748 de 2023. El descenso se produce mientras el número total de profesionales de la abogacía aumentó un 4,3%, hasta alcanzar los 149.515. Es decir, hay más abogados, pero menos dispuestos a asumir el Turno de Oficio.
ICAMUR ha aprovechado la conmemoración del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio para recordar que detrás de cada expediente hay una persona que necesita defensa, orientación o asistencia. El lema de este año, “No elegimos el caso, elegimos estar”, resume la función social de un colectivo que atiende detenidos, víctimas de violencia de género, personas extranjeras, internos en centros penitenciarios y ciudadanos que no pueden costearse un abogado.
La reivindicación del Colegio de la Abogacía de Murcia es, en última instancia, una llamada a proteger el propio sistema de justicia gratuita. Mejorar las condiciones del Turno de Oficio no solo supone reconocer el trabajo de los profesionales, sino garantizar que el derecho a la defensa siga siendo real y efectivo para quienes más lo necesitan.
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