Los socialistas llevarán al Pleno de Cartagena una moción tras señalar que la UDEF vincula al hospital con la investigación
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cartagena llevará al próximo Pleno una moción para exigir un estudio sobre los pacientes del Hospital Universitario Santa Lucía afectados por la investigación sobre la presunta trama de prótesis caducadas y el uso de líquido embolizante peligroso, después de que, según el PSOE, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional haya confirmado la implicación del centro hospitalario cartagenero en las pesquisas.
La iniciativa pretende que se garantice un seguimiento médico “continuo, individualizado y riguroso” a las personas que pudieran haberse visto afectadas por estos hechos, con el objetivo de detectar cualquier posible consecuencia derivada del uso de materiales presuntamente caducados o de productos sanitarios cuestionados en el marco de la investigación. La propuesta se dirige a situar el caso en el debate institucional del municipio y a exigir respuestas públicas sobre el alcance real que pudo tener en Cartagena.
El concejal socialista Pedro Contreras ha defendido que la salud de los cartageneros “no puede seguir siendo víctima de la mala gestión y la falta de control del Partido Popular”. Según ha denunciado, resulta “inadmisible que se haya permitido el uso de materiales presuntamente caducados en un hospital público, poniendo en riesgo la seguridad de los pacientes”.
La moción del PSOE llega en un contexto de creciente preocupación política y social por la investigación judicial y policial sobre el uso de prótesis vasculares caducadas y otros materiales sanitarios en hospitales públicos de la Región de Murcia. En el caso de Cartagena, los socialistas sostienen que el Hospital Santa Lucía aparece ya vinculado a la trama investigada, por lo que consideran imprescindible identificar a los pacientes afectados y activar un seguimiento sanitario específico.
Seguimiento médico y transparencia para los afectados
La petición central del PSOE es que se elabore un estudio sobre los pacientes del Santa Lucía que pudieran haber sido afectados por la presunta utilización de prótesis caducadas y líquido embolizante peligroso. La formación no plantea únicamente una revisión administrativa del expediente, sino una actuación sanitaria individualizada que permita saber quiénes fueron intervenidos, qué productos se utilizaron y si existe algún riesgo o consecuencia clínica que deba ser evaluada.
El enfoque de la moción se centra en los derechos de los pacientes. Para el grupo socialista, quienes hayan podido verse afectados tienen derecho a conocer la verdad, a recibir un seguimiento adecuado y a contar con garantías de que no se repetirán prácticas de estas características. La propuesta busca que el Ayuntamiento de Cartagena se pronuncie institucionalmente y reclame medidas ante una situación que afecta directamente a un hospital de referencia para el municipio y su comarca.
Contreras ha señalado que el caso exige “responsabilidades políticas y actuaciones inmediatas”. A su juicio, no basta con esperar a que avance la investigación, sino que las administraciones deben activar mecanismos de información, control y vigilancia sanitaria para proteger a los pacientes. “Los pacientes tienen derecho a conocer la verdad, a recibir un seguimiento adecuado y a que nunca más se repita un escándalo de estas características. La salud de los cartageneros merece transparencia, responsabilidad y una gestión pública que esté a la altura”, ha concluido el edil socialista.
La reclamación de un estudio específico resulta especialmente sensible porque el posible impacto sanitario de una intervención con material presuntamente caducado no puede tratarse solo como una irregularidad administrativa. En este tipo de casos, el elemento central es determinar si hubo pacientes expuestos, si esa exposición pudo generar riesgos añadidos y si el sistema sanitario está ofreciendo información suficiente a quienes pudieron resultar afectados.
El PSOE sostiene que ese seguimiento debe ser riguroso e individualizado. Es decir, no una revisión genérica ni una explicación política amplia, sino una identificación concreta de casos, productos utilizados, fechas, intervenciones y evolución clínica. Esa trazabilidad resulta clave para dar seguridad a los pacientes y para depurar responsabilidades si la investigación confirma irregularidades en el uso o control de materiales sanitarios.
Críticas al silencio de Arroyo y al Gobierno regional
El grupo socialista también ha dirigido sus críticas contra la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, a quien acusa de mantener un “silencio cómplice” ante el deterioro de la sanidad pública en el municipio. Contreras considera “inadmisible” que la regidora haya decidido, según sus palabras, “mirar hacia otro lado para no incomodar a sus compañeros del Gobierno regional”.
El edil socialista sostiene que la falta de reacción de Arroyo ante lo que califica como “uno de los mayores escándalos sanitarios de los últimos años” demuestra que antepone “los intereses de su partido a la defensa de los vecinos de Cartagena”. La crítica encaja en la línea política que el PSOE viene manteniendo sobre la gestión sanitaria del Ejecutivo regional y sobre el papel que, a su juicio, debería desempeñar el Ayuntamiento en la defensa de los servicios públicos del municipio.
La moción pretende forzar un posicionamiento del Pleno municipal. Aunque la sanidad es una competencia autonómica, los socialistas defienden que el Ayuntamiento no puede permanecer ajeno cuando el hospital de referencia de Cartagena aparece vinculado a una investigación de esta gravedad. Para el PSOE, el Pleno debe reclamar información, transparencia y medidas de protección para los pacientes.
La formación vincula además la presunta trama de las prótesis caducadas con un deterioro más amplio de la sanidad pública en Cartagena. En su comunicado, menciona listas de espera “interminables”, falta de especialistas, urgencias colapsadas, déficit de camas hospitalarias y un deterioro constante de la atención sanitaria. Según Contreras, mientras estos problemas se agravan, “el Gobierno de López Miras sigue sin ofrecer respuestas y la alcaldesa permanece callada”.
El PSOE considera que Cartagena “no merece esta situación” y que el Ayuntamiento debe actuar como altavoz institucional de los pacientes y usuarios del sistema público de salud. La moción busca precisamente que la corporación se pronuncie y reclame actuaciones ante el Gobierno regional, responsable de la gestión sanitaria a través del Servicio Murciano de Salud.
Un caso que exige garantías públicas
La investigación sobre las prótesis caducadas y otros materiales sanitarios ha abierto un debate de fondo sobre los mecanismos de control en la sanidad pública regional. En el caso de Cartagena, la entrada del Hospital Santa Lucía en el foco de las denuncias políticas eleva la preocupación ciudadana, porque se trata del principal centro hospitalario del Área II de Salud y de un referente asistencial para miles de vecinos de Cartagena y municipios de su entorno.
La prudencia obliga a recordar que los hechos se encuentran en el marco de una investigación y que las responsabilidades concretas deberán determinarse en los procedimientos correspondientes. Pero esa prudencia no impide reclamar transparencia, información a los pacientes y controles sanitarios inmediatos cuando existen indicios o confirmaciones policiales, según sostiene el PSOE, sobre la presencia del hospital en la trama investigada.
El objetivo de la moción socialista será, por tanto, doble: por un lado, exigir un estudio y seguimiento médico de los pacientes que pudieran haberse visto afectados; por otro, reclamar responsabilidades políticas por la falta de información y de reacción institucional. La formación sitúa así el caso no solo como un problema sanitario, sino también como una cuestión de confianza pública en el sistema de control de materiales utilizados en hospitales.
En términos de derechos de los pacientes, la demanda tiene una dimensión especialmente relevante. Una persona intervenida en un hospital público debe poder confiar en que los productos implantados o utilizados cumplen todas las garantías legales, técnicas y sanitarias. Si esa confianza se ve cuestionada, la administración tiene la obligación de aportar información, facilitar revisiones cuando proceda y actuar con transparencia.
La moción que el PSOE llevará al Pleno de Cartagena busca precisamente que el Ayuntamiento no se limite a observar desde fuera una crisis sanitaria que afecta al municipio. Los socialistas quieren que la corporación reclame un estudio específico, seguimiento clínico y explicaciones sobre lo ocurrido en el Hospital Santa Lucía.
La respuesta política del Pleno permitirá comprobar si el Ayuntamiento de Cartagena asume una posición activa en defensa de los pacientes o si, como denuncia el PSOE, mantiene silencio para no confrontar con el Gobierno regional. Mientras tanto, la pregunta que queda abierta es cuántos pacientes pudieron verse afectados, qué seguimiento están recibiendo y qué garantías ofrece ahora la administración sanitaria para que un caso así no vuelva a repetirse.
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