El sindicato acusa a Educación de retirar plazas públicas y sustituirlas por contratas privadas sin negociación ni justificación conocida
La Federación de Enseñanza de CCOO de la Región de Murcia ha denunciado el inicio de lo que considera un proceso de privatización encubierta del servicio de limpieza en varios institutos públicos de la comunidad. Según la información difundida por el sindicato, la Consejería de Educación estaría sustituyendo puestos estructurales de Personal Ayudante de Servicios por servicios prestados a través de empresas privadas.
CCOO sostiene que la modificación se ha producido de forma imprevista y sin que exista una negociación previa con la representación de los trabajadores. La organización sindical afirma igualmente que no ha recibido una justificación técnica, económica o jurídica que explique la retirada de estas plazas de la oferta destinada al personal interino de la Comunidad Autónoma.
La denuncia se produjo después de los llamamientos de inicio de curso para el Personal No Docente celebrados el 16 de julio. Durante ese procedimiento, numerosos trabajadores interinos comprobaron que determinados centros en los que habían prestado servicio durante años ya no aparecían entre las plazas disponibles.
Según el relato del sindicato, algunos de estos profesionales venían encadenando nombramientos temporales en los mismos institutos y confiaban en poder optar nuevamente a esas vacantes durante el próximo curso. La desaparición de los puestos de la convocatoria generó dudas entre los trabajadores y los equipos directivos afectados.
CCOO asegura que la Consejería comunicó inicialmente a responsables de los centros que las plazas podrían incorporarse a convocatorias posteriores. Sin embargo, el sindicato afirma haber constatado posteriormente que esos puestos no volverán a ofrecerse al personal interino autonómico porque las tareas de limpieza pasarán a ser gestionadas por empresas privadas.
Las afirmaciones forman parte de la denuncia pública formulada por CCOO Enseñanza. La documentación remitida no incorpora la versión de la Consejería de Educación ni detalla los contratos, expedientes administrativos o decisiones concretas mediante los que se producirían las externalizaciones señaladas.
El sindicato advierte del impacto sobre el empleo y la conciliación
CCOO sostiene que la medida puede dejar sin trabajo a decenas de profesionales interinos que contaban con estas plazas recurrentes para mantener su actividad durante el próximo curso escolar. El sindicato alerta también de que la retirada de puestos cercanos a sus lugares de residencia perjudica las posibilidades de conciliación personal y familiar de los afectados.
La organización ha identificado inicialmente dos centros en los que, según su información, se habría decidido sustituir plazas públicas por servicios privados: el IES Santa María de los Baños, en Fortuna, y el IES Salvador Sandoval, en Las Torres de Cotillas.
El comunicado sindical no ofrece por el momento una relación completa de institutos afectados ni concreta el número exacto de plazas retiradas. CCOO sí señala que la situación podría alcanzar a varios centros públicos de Educación Secundaria y que continuará recabando información sobre el alcance de las decisiones adoptadas.
La Federación de Enseñanza considera que los puestos de Personal Ayudante de Servicios tienen carácter estructural porque responden a necesidades permanentes de funcionamiento de los institutos. Desde esa perspectiva, el sindicato rechaza que puedan sustituirse por contratas externas sin una explicación pública y sin abordar previamente la situación de las plantillas.
La organización cuestiona además que la externalización se impulse en un contexto en el que los propios centros educativos vienen reclamando más personal para atender adecuadamente las tareas de limpieza. Según CCOO, los equipos directivos llevan años trasladando a la Administración las dificultades que encuentran para mantener en condiciones instalaciones de grandes dimensiones con las plantillas actualmente disponibles.
El sindicato argumenta que, en lugar de ampliar el empleo público para responder a esas necesidades, la Consejería habría optado por recurrir a empresas privadas. CCOO interpreta esta decisión como una transferencia progresiva de servicios esenciales de los centros públicos hacia el sector privado.
“A juicio del sindicato, en lugar de escuchar a los centros y crear empleo público de calidad, la Consejería opta por hacer negocio con la limpieza de la educación pública”, señala la nota difundida por la Federación de Enseñanza.
Esta valoración corresponde a CCOO y no consta acompañada de datos sobre el coste de las plazas públicas, el importe previsto para las contratas o una comparación económica entre ambos modelos de gestión. Tampoco se aporta información sobre las empresas que podrían asumir el servicio ni sobre los procedimientos de contratación que, en su caso, se encuentren en marcha.
El sindicato considera que la forma en la que se habría comunicado la desaparición de las plazas aumenta la incertidumbre entre las personas interinas. Estos trabajadores dependen de los llamamientos y de la disponibilidad de puestos para continuar prestando servicio, por lo que una modificación inesperada de la oferta puede afectar directamente a su estabilidad laboral y a su organización familiar.
CCOO exige paralizar las externalizaciones y recuperar las plazas públicas
La Federación de Enseñanza ha registrado un escrito formal de queja ante la Administración autonómica para exigir la paralización inmediata de las externalizaciones denunciadas. También reclama que todas las plazas afectadas regresen al catálogo de la oferta pública y puedan ser cubiertas nuevamente por personal de la Comunidad Autónoma.
El sindicato advierte de que iniciará movilizaciones si la Consejería de Educación no rectifica. La organización no concreta todavía el calendario ni el formato de esas protestas, pero vincula cualquier posible convocatoria a la respuesta que reciba de la Administración regional.
CCOO reclama desde hace años la implantación de una ratio objetiva que determine el número mínimo de trabajadores de limpieza necesario en cada centro educativo en función de su superficie. La Federación de Enseñanza considera que este sistema permitiría dimensionar las plantillas atendiendo a criterios verificables y reduciría las diferencias entre institutos.
La propuesta se basa en establecer una relación entre el número de profesionales y los metros cuadrados que deben limpiarse. Según el sindicato, esta medida serviría para evitar que centros de grandes dimensiones funcionen con dotaciones insuficientes y permitiría planificar de manera transparente las necesidades de personal.
CCOO afirma que la Comunidad Autónoma ha rechazado hasta ahora esta reivindicación. Para la organización, la ausencia de una ratio objetiva facilita que las plantillas se mantengan por debajo de las necesidades reales y que las carencias se intenten resolver posteriormente mediante contratos con empresas externas.
La limpieza de los centros educativos constituye un servicio básico para garantizar condiciones adecuadas de higiene y salubridad durante la actividad lectiva. Las tareas incluyen aulas, pasillos, aseos, instalaciones deportivas, despachos, talleres y espacios comunes utilizados diariamente por alumnado, profesorado y personal de administración y servicios.
El sindicato sostiene que la insuficiencia de trabajadores públicos incrementa la carga de trabajo de las plantillas y dificulta atender correctamente edificios extensos. Esta situación, según CCOO, debería resolverse mediante la creación y cobertura de puestos públicos estables, y no mediante la sustitución de plazas por contratas privadas.
La nota sindical no incorpora una respuesta de la Consejería sobre si existe un proceso general de externalización, cuántos centros podrían estar incluidos o qué razones habrían motivado el cambio en el modelo de prestación. Tampoco consta si la Administración ha contestado al escrito registrado por CCOO.
La Federación de Enseñanza mantiene que la retirada de plazas se habría realizado unilateralmente y exige conocer los criterios empleados. Además de recuperar los puestos desaparecidos, reclama una negociación que permita reforzar las plantillas y establecer unas condiciones mínimas comunes para todos los institutos públicos de la Región de Murcia.
CCOO sitúa el conflicto dentro de un debate más amplio sobre el modelo de gestión de los servicios auxiliares de la educación pública. Para el sindicato, la decisión de mantener personal propio o recurrir a empresas privadas tiene consecuencias sobre la estabilidad laboral, la calidad del empleo, el control del servicio y la capacidad de los centros para responder ante incidencias.
La organización sindical espera ahora una rectificación de la Consejería y la devolución de las plazas a la oferta pública. En caso contrario, anuncia que impulsará movilizaciones para defender el empleo del Personal Ayudante de Servicios y reclamar que la limpieza de los institutos públicos continúe siendo prestada mediante trabajadores dependientes directamente de la Administración regional.
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