El sindicato reclama blindar la financiación estatal, mejorar las condiciones laborales y fiscalizar el destino de cada partida transferida
UGT Servicios Públicos de la Región de Murcia ha reclamado al Gobierno autonómico la contratación directa de personal técnico valorador y trabajadores sociales en el Instituto Murciano de Acción Social para reducir los 552 días de espera que, según el sindicato, soportan actualmente las personas pendientes de valoración dentro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
La organización sindical ha trasladado esta petición mediante un escrito dirigido a la consejera de Hacienda, Marisa López Aragón, después del incremento de la financiación estatal destinada al sistema de Dependencia. UGT valora positivamente la llegada de nuevos recursos, pero advierte de que su utilidad dependerá de que se destinen realmente a reforzar la atención, las plantillas y las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector de los cuidados.
El sindicato pide a la Consejería de Hacienda que habilite las partidas presupuestarias de gasto de personal necesarias para que el IMAS pueda incorporar directamente a más profesionales encargados de realizar las valoraciones y del seguimiento social de las personas solicitantes. Para UGT, esta medida resulta indispensable si se pretende reducir con rapidez una lista de espera que sitúa en 552 días.
La reivindicación no se limita a aumentar el número de empleados públicos. UGT Servicios Públicos reclama que la nueva financiación tenga carácter finalista, que se establezcan mecanismos contables de control y que la Comunidad Autónoma no utilice el incremento de las transferencias estatales para sustituir fondos propios que ya venía destinando al sistema.
El sindicato considera que no es posible consolidar un modelo de cuidados sostenible y eficiente sin garantizar que los recursos económicos lleguen de manera efectiva a la atención directa y a la mejora del empleo. Por ello, solicita que la Tesorería General articule los blindajes necesarios para asegurar que cada euro transferido por el Estado se añada a las aportaciones autonómicas, en lugar de reemplazarlas.
UGT pide contrataciones directas en el IMAS
La principal medida planteada por UGT consiste en reforzar la plantilla del Instituto Murciano de Acción Social con personal técnico valorador y trabajadores sociales. Según la organización, la contratación directa permitiría agilizar los expedientes y reducir el tiempo que transcurre desde que una persona solicita el reconocimiento de su situación de dependencia hasta que recibe la correspondiente valoración.
El sindicato vincula de forma directa los 552 días de espera con la insuficiencia de medios humanos. Por ello, reclama que la Consejería de Hacienda autorice las partidas de personal que permitan incorporar a los profesionales necesarios, sin que el incremento de los recursos estatales quede limitado a apuntes presupuestarios que no se traduzcan en una mejora del servicio.
UGT Servicios Públicos sostiene que el refuerzo de las plantillas debe alcanzar también al conjunto del personal dedicado al cuidado de personas dependientes. Entre sus propuestas incluye la mejora de las condiciones salariales, el aumento de efectivos y la reducción de la parcialidad involuntaria, una modalidad de contratación que obliga a parte de las trabajadoras y trabajadores del sector a desempeñar jornadas inferiores a las que desearían.
La organización pide que al menos el 70% de los incrementos de financiación destinados a la atención directa se reserve exclusivamente a costes laborales. Esta asignación requeriría, según el sindicato, las modificaciones presupuestarias oportunas para que el dinero pueda destinarse a salarios, nuevas contrataciones y ampliaciones de jornada.
La propuesta sindical parte de la idea de que la calidad del sistema de Dependencia está estrechamente relacionada con las condiciones en las que trabajan quienes prestan los cuidados. UGT considera que una mayor financiación no producirá por sí sola una mejora en la atención si no va acompañada de plantillas suficientes, empleo estable y retribuciones adecuadas.
El sindicato reclama así que el incremento de los fondos tenga consecuencias concretas tanto para las personas que esperan una valoración como para los profesionales que intervienen durante todo el procedimiento. El objetivo señalado es reducir los plazos administrativos y, al mismo tiempo, reforzar un sector que UGT considera esencial para sostener la atención a las personas dependientes en la Región de Murcia.
Blindajes para evitar que el Estado sustituya fondos autonómicos
UGT Servicios Públicos ha puesto especial énfasis en la necesidad de controlar el destino de la financiación estatal. En su escrito a la responsable de Hacienda, el sindicato solicita que se garantice el carácter acumulativo de las transferencias recibidas y que estas no provoquen una reducción equivalente de las aportaciones que la Comunidad Autónoma ya realizaba con sus propios recursos.
La organización se refiere expresamente al incremento del Nivel Mínimo y del Nivel Convenido del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. UGT pide que ese aumento se sume a la financiación autonómica existente, impidiendo que pueda utilizarse para sustituir o detraer partidas previamente sostenidas por el presupuesto regional.
Para lograrlo, reclama mecanismos rigurosos de fiscalización y blindajes contables que permitan seguir el recorrido de los recursos desde su recepción hasta su ejecución final. El sindicato considera prioritario conocer de forma precisa cuánto dinero llega, en qué conceptos se emplea y qué efectos tiene sobre el servicio y las condiciones laborales.
UGT también exige un mayor nivel de transparencia. Entre sus propuestas figura la publicación anual, segregada y accesible, de la financiación recibida del Estado, las ratios de gasto por usuario, los costes salariales efectivos y el destino final de las partidas ejecutadas.
La organización pretende que esta información permita comprobar si los incrementos presupuestarios están reforzando realmente la atención directa, reduciendo los tiempos de espera y mejorando el empleo. Para el sindicato, la rendición de cuentas debe ser una condición inseparable de la llegada de nuevos fondos públicos.
La petición incluye además una intervención más estricta en la contratación pública vinculada a los servicios sociales. UGT reclama que los pliegos de condiciones y los convenios sociales autorizados desde el área de Hacienda incorporen cláusulas sociales obligatorias.
Estas cláusulas deberían limitar las ofertas económicas que el sindicato considera temerarias y garantizar el cumplimiento de los convenios colectivos vigentes. La organización alerta así de que una rebaja excesiva de los costes en los procedimientos de contratación puede terminar repercutiendo en los salarios, las plantillas y la calidad de la atención ofrecida a las personas dependientes.
Un Observatorio Autonómico de los Cuidados
UGT Servicios Públicos solicita también la dotación económica necesaria para crear y poner en funcionamiento el Observatorio Autonómico de los Cuidados. El sindicato plantea este órgano como una herramienta para analizar de forma rigurosa la financiación del sistema y estudiar las necesidades futuras de empleo en el sector.
La propuesta pretende incorporar una planificación a medio y largo plazo que permita anticipar las necesidades de profesionales, evaluar la evolución del gasto y comprobar el impacto de las medidas adoptadas. Para UGT, el sistema no puede depender únicamente de respuestas puntuales ante el crecimiento de las listas de espera, sino que necesita una estructura permanente de seguimiento.
El sindicato considera que el control económico de la nueva inyección financiera determinará el éxito o el fracaso de la reforma del sistema de cuidados en la Región de Murcia. La llegada de más fondos, advierte, solo tendrá efectos positivos si se acompaña de contrataciones, mejoras laborales, transparencia y una fiscalización capaz de evitar que las nuevas aportaciones sustituyan recursos autonómicos anteriores.
UGT ha solicitado una reunión con los responsables técnicos de la Consejería de Hacienda para abordar el seguimiento presupuestario de estos fondos y garantizar su correcta fiscalización. La documentación remitida no incorpora una respuesta de la Consejería a las peticiones sindicales ni concreta si ese encuentro ha sido ya convocado.
La organización centra así sus exigencias en cuatro objetivos: reducir los 552 días de espera, reforzar las plantillas del IMAS y del sector de los cuidados, reservar una parte mayoritaria de los incrementos para costes laborales y asegurar que cada euro recibido se destine realmente a mejorar el sistema de Dependencia.
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