Marisol Sánchez acusa al Gobierno regional de ocultar el alcance del caso y reclama revisar hospitales públicos y concertados
La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Marisol Sánchez, ha exigido una auditoría «completa e independiente» de las prótesis implantadas en todos los hospitales públicos y concertados de la Región de Murcia para determinar el alcance real de las irregularidades que están siendo investigadas por la Justicia. La dirigente socialista sostiene que las revisiones efectuadas hasta ahora abarcan solo una parte limitada de las intervenciones y no permiten conocer cuántos pacientes podrían estar afectados.
Sánchez ha acusado al Gobierno de Fernando López Miras de organizar un «paripé» para aparentar que está actuando y trasladar una imagen de tranquilidad a la ciudadanía, pese a que, según su versión, todavía no existe una evaluación completa de los implantes utilizados en los centros sanitarios de la Comunidad Autónoma.
«No se puede pedir tranquilidad a los ciudadanos cuando ni siquiera se sabe cuántos pacientes pueden estar afectados», ha afirmado la viceportavoz socialista durante una rueda de prensa.
El PSOE reclama que la revisión no quede limitada a las intervenciones realizadas por un facultativo investigado en un único centro concertado de Murcia. Según ha señalado Sánchez, los últimos indicios conocidos apuntarían a que las posibles irregularidades podrían haberse extendido a otros servicios y alcanzar hasta cinco hospitales de la Región.
La dirigente socialista ha pedido prudencia ante una investigación judicial todavía abierta, pero considera insuficiente que el Ejecutivo autonómico dé por controlada la situación sin haber precisado el número de pacientes potencialmente afectados ni el conjunto de centros, profesionales y materiales que deben ser revisados.
«Han montado un auténtico paripé para hacer creer que el problema está controlado, pero la realidad desmiente su relato», ha declarado Sánchez, que responsabiliza políticamente al Gobierno regional de no haber actuado con la diligencia necesaria ante las advertencias conocidas durante los últimos años.
El PSOE cuestiona el alcance limitado de las revisiones
Marisol Sánchez ha explicado que hasta el momento únicamente se habría revisado una pequeña parte de las intervenciones realizadas por un médico investigado en un centro concertado. Para el PSOE, este análisis parcial no permite descartar que pueda haber otros pacientes afectados ni determinar si el uso de materiales investigados se produjo en más hospitales.
«¿Cómo puede el Gobierno decir que todo está bajo control si ni siquiera sabe cuál es el alcance real del problema? Todavía hoy son incapaces de responder a una cuestión fundamental: ¿cuántos pacientes pueden estar afectados?», ha planteado la parlamentaria.
La viceportavoz socialista ha afirmado que miles de personas viven desde hace meses con la incertidumbre de desconocer si en sus intervenciones se utilizaron prótesis caducadas o materiales incluidos en las diligencias judiciales. El PSOE considera que la Administración sanitaria debe identificar los casos, comunicar la información a los pacientes y garantizar las revisiones médicas que resulten necesarias.
Sánchez ha asegurado que en el caso investigado se habrían utilizado prótesis caducadas y materiales sin homologar, una afirmación que atribuye a la información conocida durante la investigación. «Se han usado prótesis caducadas y no homologadas, se ha puesto en riesgo la salud de los pacientes para enriquecerse unos pocos», ha declarado.
Al tratarse de unas diligencias judiciales abiertas, la posible utilización de estos materiales, las responsabilidades concretas y la extensión de las prácticas investigadas deberán ser determinadas por los órganos judiciales competentes. El PSOE centra su exigencia en que, mientras avanza el procedimiento, el Servicio Murciano de Salud realice una comprobación independiente que abarque el conjunto de los hospitales públicos y concertados.
La formación socialista rechaza que la auditoría quede restringida a los casos seleccionados por el Gobierno regional. Su propuesta incluye todas las prótesis implantadas en los centros sanitarios de la Región para comprobar su procedencia, homologación, fecha de caducidad y trazabilidad, así como identificar a los pacientes que pudieran necesitar seguimiento.
Sánchez sostiene que revisar únicamente unas pocas intervenciones podría servir para «cerrar en falso» el caso sin aclarar todas sus ramificaciones. El objetivo de la auditoría, ha señalado, debe ser llegar «hasta el final» y asegurar que ninguna persona quede fuera de las comprobaciones por haber sido atendida en otro servicio o centro hospitalario.
Avisos previos y acusaciones de falta de controles
La viceportavoz socialista ha recordado que, según la información citada por su partido, técnicos del Servicio Murciano de Salud ya habían alertado de irregularidades. También se ha referido a advertencias del Tribunal de Cuentas sobre sobrecostes y fórmulas de contratación, así como a denuncias previas relacionadas con el suministro de material sanitario.
«Hubo técnicos del Servicio Murciano de Salud que alertaron de irregularidades. Hubo avisos del Tribunal de Cuentas durante años que advertían de sobrecostes y contratos a dedo, hubo denuncias y, sin embargo, el Gobierno regional no actuó con la diligencia que exigía una situación que podía afectar a la seguridad de los pacientes», ha afirmado.
Sánchez también ha aludido a un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional que, según su exposición, describiría una ausencia de controles y fallos estructurales prolongados durante más de quince años. La nota socialista no incorpora el contenido íntegro de ese informe ni especifica las personas o unidades administrativas a las que atribuye esas deficiencias.
El PSOE sostiene que el Ejecutivo regional debería haber reforzado los mecanismos de supervisión y trazabilidad ante las primeras advertencias. La formación considera que el caso no puede presentarse únicamente como la actuación individual de unas pocas personas si la investigación ha detectado posibles fallos continuados en los sistemas de control.
Marisol Sánchez ha acusado además a López Miras de evitar la asunción de responsabilidades políticas. Según la viceportavoz, algunas de las personas que ocupaban puestos de responsabilidad durante el periodo investigado no fueron cesadas, sino ascendidas posteriormente.
«En lugar de ceses, ha habido ascensos. En lugar de explicaciones, silencio. En lugar de transparencia, propaganda. Y eso es inaceptable», ha manifestado.
Estas afirmaciones constituyen acusaciones políticas formuladas por el PSOE. La nota de prensa no identifica a las personas supuestamente ascendidas, no detalla los cargos que desempeñaban ni incorpora la versión del Gobierno regional sobre esas decisiones.
Una reunión con los afectados y una reclamación de transparencia
El PSRM-PSOE ha anunciado una reunión con la asociación de afectados por el caso de las prótesis para conocer sus demandas y abordar la situación de las personas que esperan información sobre los materiales utilizados en sus intervenciones.
Sánchez ha defendido que la actuación sanitaria debe colocar en el centro a los pacientes y garantizar que todos los casos susceptibles de revisión sean examinados. «El Gobierno de López Miras tiene que asumir su responsabilidad porque le ha fallado a la gente en lo más importante: proteger su salud», ha declarado.
La dirigente socialista ha vinculado el caso con la confianza de la ciudadanía en la sanidad pública. A su juicio, la falta de información sobre el alcance de las posibles irregularidades alimenta la preocupación entre quienes han recibido una prótesis y desconocen si el material empleado forma parte de la investigación.
El PSOE exige que el Gobierno regional explique públicamente qué hospitales y servicios han sido examinados, cuántas intervenciones se han revisado, qué criterios se han utilizado para seleccionar los casos y cuántos pacientes han sido contactados hasta ahora. También reclama que una entidad independiente supervise el proceso para garantizar su credibilidad.
«Estamos hablando de salud, de la confianza de los ciudadanos en la sanidad pública y de un Gobierno regional que, una vez más, ha demostrado que su prioridad no ha sido proteger a los pacientes, sino proteger su propia imagen», ha afirmado Sánchez.
La nota difundida por el PSRM no recoge la respuesta del Ejecutivo autonómico a estas acusaciones ni su valoración sobre la auditoría general planteada. Tampoco precisa qué organismo debería realizarla o el plazo en el que tendría que completarse.
«Los ciudadanos de la Región de Murcia merecen respuestas, merecen transparencia y merecen un Gobierno que esté a la altura de la gravedad de este escándalo», ha concluido la viceportavoz socialista, que reclama ampliar las revisiones para determinar el alcance completo de las posibles irregularidades y garantizar que ningún paciente quede sin comprobar.
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