La moción reclama una auditoría externa, trazabilidad completa del material sanitario y conocer cuántos pacientes podrían estar afectados
El Grupo Municipal Socialista de Puerto Lumbreras ha registrado una moción para el próximo Pleno en la que reclama la dimisión o el cese de la consejera de Salud, Isabel Ayala, por la responsabilidad política que le atribuye durante el periodo investigado en relación con la presunta trama de fraude en el Servicio Murciano de Salud. La iniciativa pide además una auditoría externa de los procesos de compra, reforzar los controles sobre prótesis y materiales sanitarios e informar del número de pacientes que podrían estar afectados en Lorca y el Área III de Salud.
La propuesta parte de la investigación desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional sobre posibles irregularidades en la adquisición y utilización de productos sanitarios. Según la información recogida por el PSOE de Puerto Lumbreras a partir del informe policial, en determinadas intervenciones se habrían utilizado materiales no autorizados o no homologados, se habrían producido sobrecostes de hasta el 1.287% y se habrían realizado compras al margen de los procedimientos de licitación pública.
El perjuicio económico estimado ascendería a siete millones de euros, de acuerdo con los datos citados en la moción socialista. La investigación continúa abierta y se centra por el momento en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y el Hospital General Universitario Santa Lucía, sin que las diligencias judiciales hayan determinado todavía todas las responsabilidades ni el alcance definitivo de las prácticas investigadas.
El concejal socialista Pedro Romero Ruiz ha subrayado que las posibles irregularidades no deben analizarse únicamente desde una perspectiva económica, ya que podrían haber afectado directamente a la seguridad y a la salud de los pacientes sometidos a intervenciones.
«No estamos hablando solo de un fraude económico. Estamos hablando de un posible negocio que se habría hecho a costa de la salud de los ciudadanos de la Región de Murcia. Poner en riesgo la vida de los pacientes con material no homologado o caducado es gravísimo», ha afirmado Romero Ruiz.
Dimisión de la consejera y una auditoría independiente del SMS
La primera medida incluida en la moción solicita el cese o la dimisión inmediata de Isabel Ayala por la responsabilidad política que el PSOE le atribuye durante los años objeto de investigación. La exigencia no supone una imputación de responsabilidad penal, que únicamente puede ser establecida por los órganos judiciales, sino una petición de depuración política formulada por el Grupo Municipal Socialista.
Romero Ruiz considera que la reacción del Gobierno autonómico no ha ofrecido la confianza necesaria ante la gravedad de los hechos investigados. El concejal cuestiona que algunas personas relacionadas con la gestión sanitaria durante el periodo analizado hayan continuado ocupando puestos de responsabilidad o hayan sido promocionadas posteriormente.
«La respuesta del Gobierno regional no da confianza. Mantener y promocionar a quienes estaban al frente de la gestión durante los años investigados proyecta continuidad y falta de asunción de responsabilidades», ha declarado.
El PSOE de Puerto Lumbreras reclama también una auditoría externa e independiente de todos los procesos de contratación y compra realizados por el Servicio Murciano de Salud. El objetivo planteado por los socialistas es comprobar cómo se adquirieron los productos sanitarios, qué procedimientos se utilizaron, qué empresas resultaron beneficiarias y si los materiales implantados cumplían con las autorizaciones y homologaciones exigidas.
La propuesta no se limita a los hospitales que aparecen inicialmente vinculados a la investigación policial. El grupo municipal pide reforzar la inspección tanto en los centros públicos como en los hospitales concertados que prestan servicios financiados por la Administración autonómica.
Según sostiene la formación, estos controles deben garantizar la seguridad de los pacientes y el uso adecuado de los recursos públicos. El PSOE vincula las presuntas irregularidades con lo que califica como un deterioro progresivo del Servicio Murciano de Salud y con una política continuada de derivaciones hacia centros privados.
Esta última afirmación constituye una valoración política del grupo proponente. La moción no incorpora datos desglosados sobre el número de derivaciones realizadas, los centros concertados implicados o la relación concreta entre estas prácticas y los hechos investigados.
Trazabilidad obligatoria para prótesis, medicamentos y materiales
Otro de los ejes de la iniciativa es la creación de un protocolo obligatorio de trazabilidad que permita identificar todo el material utilizado durante una intervención sanitaria. El PSOE plantea que el parte de alta incluya los medicamentos, las prótesis y los productos empleados en cada paciente.
La medida pretende evitar que una persona desconozca qué dispositivo le fue implantado, cuál era su fabricante, su número de lote, su fecha de caducidad o las autorizaciones con las que contaba. Esta información permitiría localizar con mayor rapidez a los pacientes ante una alerta sanitaria, una retirada de producto o la apertura de una investigación.
Los socialistas piden igualmente que se establezcan controles destinados a comprobar que la información recogida en el parte de intervención coincide con la que aparece posteriormente en el parte de alta. La propuesta busca impedir discrepancias entre la documentación clínica generada durante la operación y la que finalmente recibe el paciente.
La trazabilidad aparece así como una herramienta esencial para reconstruir el recorrido de cada prótesis o material sanitario desde su compra hasta su implantación. El PSOE considera que una documentación completa facilitaría tanto las revisiones clínicas como el trabajo de los organismos de inspección y de los órganos judiciales.
La moción reclama además que se informe públicamente del número de pacientes y familias afectados en Lorca y el Área III de Salud, así como de los productos que les fueron implantados. Puerto Lumbreras está incluido en esta área sanitaria, por lo que el grupo socialista considera necesario conocer si existen vecinos del municipio entre las personas potencialmente afectadas.
La petición no presupone que todos los pacientes que recibieron una prótesis durante el periodo investigado estén afectados. La formación solicita que el Servicio Murciano de Salud revise los expedientes, identifique los materiales utilizados y comunique individualmente cualquier incidencia que pueda requerir seguimiento médico.
«La ciudadanía merece conocer toda la verdad. Exigimos que se informe a los afectados, que se revisen todos los casos y que se garantice una sanidad pública transparente y segura, libre de cualquier sombra de corrupción», ha señalado Pedro Romero Ruiz.
El PSOE reclama información para Lorca y el Área III
La solicitud de datos específicos para el Área III pretende trasladar el debate autonómico al ámbito más cercano a los pacientes de Lorca, Puerto Lumbreras y los municipios integrados en esta demarcación sanitaria. El PSOE quiere conocer cuántas personas fueron intervenidas con los productos investigados y qué medidas de revisión o seguimiento se han adoptado.
La moción reclama que la información alcance también a las familias, especialmente cuando los pacientes hayan fallecido o no puedan realizar directamente las gestiones necesarias. El grupo municipal entiende que la transparencia debe incluir tanto el número de personas afectadas como la identificación de los dispositivos y materiales objeto de investigación.
El texto socialista no concreta cuántos posibles afectados puede haber en el Área III ni afirma que se hayan utilizado allí todos los productos mencionados en las diligencias. Precisamente por la ausencia de una cifra oficial, la formación exige al Gobierno regional que recopile y publique esa información.
La investigación policial continúa abierta, por lo que las afirmaciones sobre fraude, sobrecostes, utilización de materiales irregulares o responsabilidades personales deberán ser confirmadas, en su caso, durante el procedimiento judicial. El PSOE plantea que esta circunstancia no impide adoptar medidas administrativas de prevención, revisión y control para proteger a los pacientes.
La iniciativa llegará al Pleno de Puerto Lumbreras con seis demandas principales: la dimisión o el cese de la consejera de Salud, la creación de un protocolo de trazabilidad, la concordancia obligatoria entre los partes clínicos, una auditoría externa de las compras del SMS, la publicación de datos sobre los afectados del Área III y el refuerzo de las inspecciones en hospitales públicos y concertados.
El Grupo Municipal Socialista sostiene que la prioridad debe ser conocer el alcance completo de las posibles irregularidades, garantizar que ninguna persona quede sin revisar y recuperar la confianza de la ciudadanía en la sanidad pública. Para ello reclama explicaciones políticas, información individualizada a los pacientes y mecanismos de control capaces de impedir que vuelvan a producirse situaciones similares.
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