La Secretaría General del Ayuntamiento de Molina confirma por escrito que no existe un procedimiento administrativo sobre la campaña anunciada
El Grupo Municipal Socialista de Molina de Segura ha denunciado que el Gobierno local de PP y Vox anunció públicamente un plan para tapiar y cerrar viviendas ocupadas ilegalmente sin haber abierto previamente ningún expediente administrativo relacionado con la iniciativa. La formación sostiene que la respuesta oficial facilitada por la Secretaría General del Ayuntamiento evidencia que la campaña fue presentada como una medida en marcha pese a carecer del procedimiento necesario para desarrollarla.
La portavoz socialista, Isabel Gadea, solicitó acceso a toda la documentación vinculada con el anuncio municipal, incluyendo memorias, informes técnicos y jurídicos, resoluciones, contratos, previsiones de gasto y cualquier expediente abierto sobre las actuaciones anunciadas. Sin embargo, la respuesta recibida señala expresamente que “actualmente no está abierto ningún expediente administrativo”.
Para el PSOE, esta contestación demuestra que el anuncio realizado por el Ejecutivo municipal no estaba respaldado por ninguna tramitación concreta. Los socialistas reclaman al alcalde que explique por qué presentó públicamente una campaña sobre vivienda y ocupación sin haber iniciado los pasos administrativos necesarios para determinar su alcance, su coste, su cobertura jurídica y las actuaciones que podrían llevarse a cabo.
“No se puede anunciar un gran plan para resolver un problema tan serio como el acceso a la vivienda y después reconocer por escrito que ni siquiera existe un expediente abierto. Los vecinos merecen menos propaganda y más gestión”, ha afirmado Isabel Gadea.
La dirigente socialista considera que la ocupación ilegal y las dificultades de acceso a la vivienda requieren rigor, coordinación entre administraciones y seguridad jurídica. A su juicio, la presentación de medidas sin documentación previa ni procedimiento abierto genera expectativas que después pueden no traducirse en actuaciones reales.
El PSOE no cuestiona la necesidad de intervenir ante situaciones de ocupación ilegal o deterioro de inmuebles, pero exige que cualquier iniciativa municipal se ajuste a la legalidad, delimite las competencias del Ayuntamiento y garantice los derechos de todas las personas afectadas.
La Secretaría General confirma que no hay expediente abierto
La denuncia socialista se apoya en la respuesta remitida por la Secretaría General del Ayuntamiento tras la petición de documentación formulada por el Grupo Municipal Socialista. El PSOE había solicitado conocer todos los antecedentes de la campaña anunciada por PP y Vox para cerrar o tapiar viviendas ocupadas ilegalmente.
La petición incluía los informes técnicos que justificaran las actuaciones, los dictámenes jurídicos sobre las competencias municipales, las resoluciones adoptadas, los contratos previstos, el coste económico estimado y cualquier expediente relacionado con la medida.
La contestación municipal, según la documentación difundida por los socialistas, se limita a informar de que no existe actualmente ningún expediente administrativo abierto. Para Gadea, esta respuesta resulta incompatible con la presentación pública de la campaña como una actuación prioritaria del Gobierno local.
“El Gobierno municipal volvió a vender una medida como si estuviera en marcha. Cuando pedimos la documentación, descubrimos que no hay expediente. Esa es la diferencia entre hacer política con titulares y gobernar con seriedad”, ha señalado.
La ausencia de expediente implica, según el PSOE, que no consta una memoria que defina los objetivos del plan, un análisis de las viviendas sobre las que se pretende actuar, informes sobre la situación jurídica de los inmuebles, una previsión presupuestaria ni un procedimiento concreto para ejecutar los cierres.
Los socialistas advierten de que el tapiado de una vivienda no puede abordarse como una actuación automática. Cada inmueble puede presentar una situación diferente en cuanto a titularidad, seguridad, habitabilidad, procedimientos judiciales o administrativos y presencia de personas en su interior.
Por este motivo, Gadea sostiene que el Ayuntamiento debe explicar con precisión qué supuestos pretende atender, bajo qué competencias actuaría y qué garantías aplicaría antes de intervenir sobre una propiedad.
El PSOE considera especialmente relevante conocer si la campaña se limitaría a inmuebles municipales, edificios declarados en ruina, viviendas cuyos propietarios autoricen el cierre o propiedades afectadas por resoluciones judiciales. La nota municipal anunciada por PP y Vox, según la formación, no habría aclarado estos extremos.
La ausencia de documentación también impide conocer el coste previsto de las actuaciones y si el Ayuntamiento contemplaba contratar empresas externas, utilizar medios municipales o reclamar posteriormente los gastos a los propietarios.
Gadea entiende que un Gobierno responsable debería haber resuelto estas cuestiones antes de presentar la iniciativa como una respuesta inmediata al problema de la ocupación.
El PSOE reclama seguridad jurídica y medidas reales de vivienda
El Grupo Municipal Socialista sostiene que la ocupación ilegal no puede utilizarse únicamente como argumento político ni abordarse mediante anuncios sin contenido administrativo. La formación reclama una actuación coordinada que diferencie entre situaciones delictivas, conflictos de propiedad, inmuebles abandonados y casos de vulnerabilidad social.
El PSOE recuerda que el acceso a la vivienda constituye también un problema creciente para numerosas familias, jóvenes y personas con ingresos insuficientes. Por ello, considera que las políticas municipales no deberían reducirse a medidas de cierre, sino incluir actuaciones sobre vivienda pública, alquiler asequible, rehabilitación y mediación.
Gadea ha reclamado al Gobierno local que informe sobre el estado real de la iniciativa y concrete cuándo pretende iniciar el procedimiento. También exige conocer qué actuaciones se incluirán, qué presupuesto se destinará y cuáles serán los criterios para seleccionar las viviendas afectadas.
El grupo socialista considera que anunciar un plan sin expediente genera dudas sobre su viabilidad y sobre la intención real del Ejecutivo de PP y Vox de ejecutarlo.
La portavoz ha pedido que cualquier medida sobre viviendas ocupadas cuente con informes jurídicos suficientes para evitar actuaciones arbitrarias o decisiones que puedan terminar anuladas. También reclama coordinación con los cuerpos de seguridad, los servicios sociales, los propietarios y los órganos judiciales cuando resulte necesario.
El PSOE sostiene que el Ayuntamiento debe actuar dentro de sus competencias y evitar presentar como soluciones municipales medidas que puedan depender de autorizaciones judiciales o de otras administraciones.
La formación reclama además transparencia sobre el número de viviendas afectadas, su ubicación, la titularidad de los inmuebles y la situación concreta que justificaría una intervención. Estos datos deberían tratarse respetando la protección de la información personal y evitando señalar públicamente a familias o residentes.
Gadea ha insistido en que la seguridad jurídica resulta esencial tanto para los propietarios como para las personas que puedan encontrarse dentro de los inmuebles. Una actuación de cierre debe contar con garantías suficientes para evitar daños, responsabilidades posteriores o vulneraciones de derechos.
El PSOE también cuestiona que el Gobierno municipal haya presentado la medida sin disponer de informes sobre su coste. El tapiado de accesos, la revisión del estado estructural de los edificios, la retirada de residuos y el seguimiento posterior pueden generar gastos que deben estar previstos y fiscalizados.
La formación entiende que el anuncio habría buscado transmitir una respuesta contundente ante un asunto sensible, pero sin haber realizado previamente el trabajo técnico y administrativo necesario.
“El Gobierno local debe explicar por qué anunció públicamente una campaña que carecía del respaldo administrativo necesario”, sostiene el Grupo Municipal Socialista.
Gadea exige al alcalde que aclare el contenido y los plazos
El PSOE ha pedido al alcalde de Molina de Segura que informe de cuándo se abrirá realmente el expediente, qué departamento municipal asumirá su tramitación y qué actuaciones concretas se pretenden desarrollar.
La formación reclama también que se aclare si existe una relación de viviendas identificadas, si se ha contactado con sus propietarios y si se han solicitado informes a la Policía Local, los servicios técnicos o los servicios sociales.
Gadea considera que el Gobierno municipal debe abandonar los anuncios genéricos y presentar un plan documentado, con objetivos, calendario, presupuesto y cobertura jurídica.
Los socialistas advierten de que la ocupación ilegal genera preocupación en determinados barrios y comunidades de propietarios, pero insisten en que las respuestas deben ser eficaces y ajustadas a derecho. Una campaña sin expediente, añaden, no ofrece soluciones ni garantiza que se produzca ninguna actuación.
El PSOE exige igualmente que el Ayuntamiento explique si el anuncio se encuentra suspendido, en preparación o pendiente de informes, y por qué fue presentado antes de iniciar su tramitación.
La formación considera que la respuesta de la Secretaría General obliga al Ejecutivo de PP y Vox a rectificar su comunicación y ofrecer información veraz sobre el estado del proyecto.
Para Gadea, la situación evidencia una forma de gobernar basada en presentar medidas antes de comprobar su viabilidad. La portavoz reclama que el Ayuntamiento trabaje primero en los procedimientos y comunique después las actuaciones cuando existan garantías reales de que pueden ejecutarse.
El Grupo Municipal Socialista concluye que los vecinos de Molina de Segura necesitan políticas de vivienda rigurosas y soluciones concretas frente a las ocupaciones ilegales, no anuncios que carecen de expediente, presupuesto e informes.
La formación mantendrá su petición de documentación y exigirá al alcalde que detalle el futuro de una campaña que fue presentada como prioritaria, pero que, según la respuesta oficial del propio Ayuntamiento, todavía no cuenta con ningún procedimiento administrativo abierto.
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