Los socialistas reclaman cerrar la parcela, confinar los materiales y vigilar unos trabajos cuestionados por vecinos ante el SEPRONA
El Grupo Municipal Socialista de Cartagena ha denunciado que los residuos peligrosos almacenados en la Unidad de Actuación 1 de Los Mateos continúan supuestamente expuestos y al alcance de los menores que juegan en las inmediaciones. Según la documentación remitida por el PSOE, parte de las láminas de plástico utilizadas para cubrir los materiales se habría desplazado y el cerramiento de la parcela habría desaparecido en varios puntos, permitiendo acceder con facilidad al recinto.
El portavoz socialista, Manolo Torres, ha exigido al Gobierno municipal de Noelia Arroyo una intervención inmediata para restablecer la seguridad en todo el perímetro, impedir la entrada de personas y garantizar que los residuos permanezcan correctamente confinados mientras continúan las labores de descontaminación.
La denuncia se refiere a una parcela situada en una zona urbana de Los Mateos en la que, según sostiene el PSOE, permanecen residuos peligrosos y materiales con amianto. La formación advierte de que la proximidad de viviendas y espacios frecuentados por menores obliga a extremar las medidas de vigilancia y protección, especialmente ante cualquier deterioro del cerramiento o desplazamiento de las cubiertas provisionales.
Los socialistas aseguran que los niños juegan en las inmediaciones de la actuación y que podrían acceder a los materiales debido a las deficiencias detectadas en el vallado. La nota no incorpora análisis ambientales recientes ni mediciones sobre una eventual dispersión de contaminantes, pero reclama aplicar el principio de precaución y evitar cualquier posibilidad de contacto con los residuos.
“Los vecinos han ampliado la denuncia que habían presentado ante el SEPRONA y han exigido al Ayuntamiento que actúe, garantizando el correcto cerramiento, así como vigilancia policial para impedir el acceso al recinto”, ha señalado Torres.
La afirmación sobre la ampliación de la denuncia procede del comunicado socialista. No se adjunta copia del escrito presentado por los residentes ni información sobre las diligencias que, en su caso, haya abierto el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.
El cerramiento habría desaparecido en varios puntos de la parcela
El PSOE sostiene que los residuos se encuentran cubiertos únicamente con finas láminas de plástico que se habrían movido, dejando parte de los materiales al descubierto. A esta circunstancia se añadiría la desaparición del cerramiento en algunas zonas, lo que reduciría la protección frente a accesos no autorizados.
La situación resulta especialmente sensible por la presencia, según la formación, de materiales que contienen amianto. La manipulación y retirada de este tipo de residuos requiere procedimientos específicos de seguridad, confinamiento, transporte y gestión para evitar la liberación de fibras y reducir los riesgos para trabajadores y población cercana.
El comunicado no permite determinar si los materiales denunciados están fragmentados, si existe una liberación efectiva de fibras o si las cubiertas empleadas cumplen las condiciones técnicas previstas en el proyecto. Estas cuestiones deberán ser esclarecidas mediante una inspección oficial de la parcela y de las medidas aplicadas por la empresa responsable de los trabajos.
Torres considera que el Ayuntamiento debería haber reforzado la supervisión desde el inicio de la descontaminación. “Llevamos meses advirtiendo que las labores de descontaminación debían desarrollarse con todas las garantías ambientales y de seguridad y no se está haciendo”, ha afirmado el portavoz socialista.
El dirigente del PSOE acusa al Gobierno local de no responder adecuadamente a las advertencias vecinales y políticas. “Deben acabar con esta pasividad y actuar, garantizando que no se pueda acceder a la parcela, así como la seguridad de los residentes, especialmente de los menores”, ha añadido.
La formación considera especialmente grave que el vallado haya dejado de cumplir su función en una parcela en la que permanecen residuos peligrosos. El cerramiento constituye una de las medidas básicas para evitar la entrada de menores, personas vulnerables o cualquier ciudadano ajeno a la actuación, además de delimitar el área sometida a trabajos de descontaminación.
El PSOE reclama también vigilancia policial mientras no se garantice nuevamente el cierre completo del recinto. Esta medida tendría un carácter provisional y preventivo para impedir accesos hasta que se repare el vallado y se compruebe que todo el perímetro se encuentra protegido.
“Lo que está ocurriendo es consecuencia directa de la falta de vigilancia y de control por parte del Gobierno de Noelia Arroyo”, ha manifestado Torres. El portavoz añade que una operación de esta naturaleza exige “la máxima supervisión” y sostiene que las denuncias continúan aumentando mientras el Ayuntamiento permanece, a su juicio, ausente.
La nota socialista no incorpora la versión del Gobierno municipal, de la empresa encargada de la descontaminación ni de los técnicos responsables del seguimiento de los trabajos. Tampoco detalla si se han realizado inspecciones recientes o si el Ayuntamiento ha ordenado reparar el cerramiento tras conocer las advertencias vecinales.
Los socialistas exigen confinamiento, vigilancia e inspección permanente
El Grupo Municipal Socialista reclama cuatro medidas inmediatas: restablecer un cerramiento eficaz en todo el perímetro, confinar adecuadamente los residuos, reforzar las actuaciones destinadas a evitar la dispersión de materiales contaminados y mantener una supervisión permanente mientras duren los trabajos.
“No basta con anunciar una descontaminación. Hay que garantizar que esa descontaminación se realiza sin poner en riesgo la seguridad de las personas. Y eso, lamentablemente, no está ocurriendo”, ha declarado Torres.
La exigencia socialista pretende que el Ayuntamiento compruebe tanto el estado físico de la parcela como el cumplimiento de las condiciones ambientales y de seguridad previstas para la intervención. Para ello sería necesario verificar el vallado, las cubiertas, el almacenamiento temporal de los residuos, los sistemas de humectación o encapsulado empleados y los protocolos aplicados para retirar los materiales con amianto.
El PSOE advierte de que una actuación destinada a resolver un problema ambiental no puede generar nuevas situaciones de riesgo por falta de control administrativo. La formación insiste en que las medidas preventivas deben mantenerse durante todas las fases del proceso y no limitarse al inicio de las obras.
“No podemos normalizar que una actuación destinada precisamente a eliminar un problema ambiental genere nuevas situaciones de riesgo por falta de control político y de vigilancia administrativa”, ha señalado el portavoz.
Torres ha vinculado la polémica con los antecedentes urbanísticos de la parcela. Según el relato ofrecido por el PSOE, el Gobierno de Noelia Arroyo adquirió los terrenos con la intención de construir viviendas asequibles, pero posteriormente tuvo que devolver una subvención de 1,6 millones de euros ante la imposibilidad de ejecutar el proyecto.
El portavoz socialista también afirma que la alcaldesa está siendo investigada por la Fiscalía de Medio Ambiente y Anticorrupción en relación con el proceso de descontaminación. Esta referencia procede exclusivamente de la nota remitida por el PSOE, que no aporta resoluciones judiciales, diligencias fiscales ni documentos que permitan conocer el alcance, estado o personas concretamente afectadas por esas actuaciones.
La existencia de una investigación, en caso de confirmarse, no implica responsabilidad penal ni permite anticipar sus conclusiones. Corresponde a la Fiscalía determinar si existen indicios de irregularidad y, en su caso, decidir si archiva las diligencias o promueve actuaciones ante los órganos judiciales competentes.
Mientras se aclaran estos extremos, la reclamación inmediata se concentra en la seguridad de la parcela. El Ayuntamiento deberá comprobar si los residuos están correctamente protegidos, si el vallado impide realmente el acceso y si las obras se desarrollan conforme a los protocolos exigibles para una zona urbana con presencia de materiales potencialmente peligrosos.
“Cartagena merece un Gobierno que actúe antes de que sea demasiado tarde y no uno que espere a que sean otros quienes denuncien lo que está ocurriendo”, ha concluido Torres.
La situación denunciada en Los Mateos requiere una respuesta verificable que permita conocer el estado real de los materiales y las medidas adoptadas para proteger a la población. Más allá de la confrontación política, la prioridad debe ser garantizar que ningún menor pueda entrar en el recinto y que la descontaminación se realice bajo vigilancia técnica, ambiental y administrativa suficiente.
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