La asociación reclama investigar fondos municipales, una deuda superior a dos millones y exige al Ayuntamiento una hoja de ruta para disolver la entidad
La Asociación de Vecinos del Polígono Santa Ana ha anunciado la presentación de denuncias ante la Fiscalía de Área de Cartagena y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas relacionadas con el funcionamiento de la Entidad Urbanística de Conservación del barrio, la tutela ejercida por el Ayuntamiento de Cartagena y el uso, justificación, seguimiento y control de fondos públicos municipales.
La asociación subraya expresamente que estas actuaciones no suponen acusar a ninguna persona de la comisión de un delito ni afirmar que exista responsabilidad contable, sino solicitar que los órganos competentes investiguen la documentación y determinen si las actuaciones desarrolladas durante los últimos años se han ajustado a la legalidad.
«No estamos acusando. Estamos pidiendo que se compruebe», resume la entidad vecinal, que sitúa entre las cuestiones trasladadas al Tribunal de Cuentas las subvenciones municipales de 175.000 euros anuales concedidas a la Entidad Urbanística durante 2023, 2024 y 2025, lo que suma al menos 525.000 euros.
La AVV reclama aclarar qué gastos se pagan mediante las cuotas obligatorias de los propietarios, cuáles se cubren con subvenciones municipales, qué servicios presta directamente el Ayuntamiento y si existe una separación suficientemente clara entre las distintas fuentes de financiación.
Según sostiene la asociación, lleva meses solicitando al Ayuntamiento de Cartagena actas, libros mayores de cuentas y otra documentación relacionada con la fiscalización de la entidad sin haber obtenido respuesta.
La actuación ante Fiscalía y el Tribunal de Cuentas se enmarca en una reivindicación más amplia: conseguir la disolución ordenada de una Entidad Urbanística de Conservación creada en 1990 y que, 36 años después, continúa imponiendo cuotas obligatorias a los propietarios del Polígono Santa Ana.
Más de dos millones en recibos impagados y 525.000 euros en subvenciones municipales
Uno de los principales problemas que la Asociación de Vecinos pone sobre la mesa es la morosidad acumulada.
La propia Entidad Urbanística informó en junio de 2025, según recoge la documentación vecinal, de una deuda aproximada de 1,79 millones de euros, atribuida en su mayor parte al denominado Centro Comercial, que habría dejado de abonar sus cuotas en 2011.
La AVV asegura que la documentación actualizada que maneja eleva actualmente el volumen total de recibos impagados por encima de los dos millones de euros.
La asociación cuestiona además la eficacia de la vía ejecutiva o providencia de apremio para recuperar esas cantidades y sostiene que su aplicación resulta ineficaz en buena parte de los casos.
También pone el foco sobre una partida presupuestaria denominada «Dudoso cobro», dotada algunos ejercicios con 100.000 euros y otros años con cantidades diferentes.
«Dos millones de euros en recibos impagados son una cifra completamente inasumible para una Entidad de estas características. Los vecinos que cumplen sus obligaciones tienen derecho a saber si están soportando, directa o indirectamente, las consecuencias económicas de quienes no pagan», afirma la asociación.
La AVV relaciona parte de la situación actual con la Modificación número 4 del Plan Parcial del Polígono Santa Ana, aprobada en 1998. Según explica, aquella modificación afectó a la edificabilidad de 17 parcelas, sustituyendo la previsión de bloques en altura por viviendas unifamiliares tipo dúplex.
La documentación histórica que maneja la asociación señala que SEPES asumió entonces voluntariamente las consecuencias económicas derivadas de aquella reducción de edificabilidad en otras parcelas de su propiedad para evitar un aumento de las cuotas de los residentes.
Entre ellas cita la parcela G-1, posteriormente vinculada al Centro Comercial, cuyo valor en los anexos de cuotas habría pasado de 10.044 metros cuadrados a 50.220, cinco veces más.
La asociación considera además relevante la reciente Sentencia 351/2026 del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, relativa a la parcela F-1. Precisa, no obstante, que esa resolución no anula la totalidad del Plan Parcial número 4 ni resuelve automáticamente la situación de otras parcelas.
La AVV entiende que la sentencia refuerza las dudas que viene planteando sobre el sistema de cuotas y el criterio de edificabilidad recogido en los estatutos de la Entidad Urbanística.
«Se tomó una decisión en 1998 para solucionar un problema inmediato, pero el problema no desapareció: se trasladó hacia el futuro. Y el futuro ha llegado», sostiene.
Respecto a una eventual continuación del litigio ante el Tribunal Supremo, la asociación afirma respetar el derecho de las partes a recurrir, aunque cuestiona que pueda hacerse sin aprobación de la Asamblea General de la propia entidad.
La asociación exige poner fecha a una disolución ordenada tras 36 años
El principal objetivo político y administrativo de la AVV es conseguir que el Ayuntamiento de Cartagena establezca una hoja de ruta para la desaparición de la Entidad Urbanística de Conservación.
La asociación recuerda que fue constituida en 1990 y considera que, después de 36 años, el Ayuntamiento debe explicar qué razones objetivas justifican que los propietarios continúen obligados a asumir determinadas tareas de conservación.
La AVV se apoya en el artículo 188 de la Ley 13/2015, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, para sostener que las entidades urbanísticas colaboradoras de conservación deben tener un horizonte temporal.
«Después de 36 años, alguien tiene que ser capaz de poner una fecha encima de la mesa», afirma.
La asociación insiste además en que el Polígono Santa Ana no es una urbanización privada ni un espacio cerrado. Señala que los únicos ámbitos privados son los pertenecientes a las distintas comunidades de propietarios, como garajes, piscinas, patios o viales interiores, mientras que el resto del barrio forma parte de la trama urbana abierta de Cartagena.
Según sus datos, el Polígono Santa Ana cuenta con alrededor de 2.300 viviendas y casi 7.000 vecinos.
La AVV rechaza igualmente la idea de que se trate de un barrio formado exclusivamente por familias con elevada capacidad económica. Recuerda que en él viven trabajadores, pensionistas, autónomos, pequeños comerciantes y jóvenes y que un número relevante de viviendas continúa sujeto a algún régimen de protección oficial.
«No queremos pagar menos que los demás. Queremos ser tratados como los demás», resume.
Dentro del debate sobre los servicios que presta actualmente la Entidad, la asociación se refiere expresamente a la vigilancia privada y al sistema neumático de recogida de residuos.
Sostiene que ninguno de estos dos servicios forma parte del objeto recogido en los estatutos de la Entidad Urbanística y considera que su coste no debería repercutirse a los propietarios dentro de las obligaciones de conservación.
En relación con la recogida neumática, la AVV expresa además preocupación por el estado de las conducciones subterráneas, construidas hace más de tres décadas. La asociación plantea la posibilidad de que existan grietas o deterioros capaces de provocar filtraciones de lixiviados al subsuelo y llega a advertir de un eventual riesgo para el acuífero y el Mar Menor.
Estas afirmaciones corresponden a las sospechas manifestadas por la Asociación de Vecinos. La nota remitida no incorpora informes ambientales, analíticas o estudios técnicos que acrediten que se esté produciendo contaminación, por lo que esta posibilidad no puede darse por confirmada.
La entidad vecinal tampoco plantea una desaparición inmediata de todos los servicios. Su propuesta es crear una mesa de trabajo integrada por Ayuntamiento, Urbanismo, servicios jurídicos municipales, Comunidad Autónoma cuando resulte necesario y la propia Entidad de Conservación.
El objetivo sería determinar qué servicios debe asumir el Ayuntamiento, qué contratos continúan vigentes, qué infraestructuras deben recepcionarse o regularizarse, cómo liquidar las cuentas, cómo reclamar las deudas pendientes y qué pasos jurídicos son necesarios para alcanzar la extinción definitiva.
«Queremos una disolución ordenada, responsable y segura», sostiene la AVV, cuya Asamblea General acordó iniciar las actuaciones necesarias para conseguirla y cuya Junta Directiva, según señala, ha respaldado por unanimidad las acciones desarrolladas.
La Asociación de Vecinos asegura que continuará recurriendo a las vías administrativas y judiciales que considere necesarias, aunque mantiene abierta la posibilidad de alcanzar una solución mediante el diálogo con el Ayuntamiento.
«No buscamos derrotar al Ayuntamiento ni a la Entidad. Queremos solucionar un problema que dura ya 36 años», concluye la organización, que resume su posición en dos reivindicaciones: poner un horizonte temporal a la Entidad Urbanística de Conservación y normalizar definitivamente la integración del Polígono Santa Ana en Cartagena.
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