Los socialistas cuestionan la falta de bomberos, el retraso del nuevo mapa de autobuses y los límites de edad para alumnado con discapacidad
El PSOE ha concentrado este miércoles buena parte de su control al Gobierno regional en tres problemas que afectan a servicios públicos de competencia autonómica: la situación del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), el retraso en la renovación de las concesiones de transporte interurbano y las restricciones de edad aplicadas a los Programas Formativos Profesionales de Modalidad Especial destinados a jóvenes con necesidades educativas especiales.
Los diputados Fernando Moreno, Miguel Ortega y Virginia Lopo han interpelado respectivamente a las consejerías de Presidencia, Infraestructuras y Educación, reclamando actuaciones inmediatas y cuestionando el grado de cumplimiento de los compromisos anunciados por el Ejecutivo de Fernando López Miras.
En el caso del CEIS, el PSOE sostiene que persisten graves carencias de plantilla y medios pese a los anuncios realizados durante los últimos años. En transporte, Ortega recuerda que buena parte del mapa concesional autonómico arrastra desde 2019 una situación administrativa pendiente de renovación. Y en Formación Profesional, Lopo denuncia que la convocatoria de este curso limita a entre 15 y 19 años el acceso a determinados programas especiales, dejando fuera a jóvenes que quieren continuar formándose.
Las tres cuestiones han servido a los socialistas para poner el foco en la gestión autonómica, aunque algunos de los datos y referencias normativas utilizados durante el debate requieren ser contextualizados con las actuaciones que el propio Gobierno regional ha puesto en marcha durante los últimos meses.
El PSOE reclama más bomberos mientras el CEIS anuncia 30 incorporaciones en octubre
Fernando Moreno ha preguntado al consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, qué medidas ha adoptado después de las advertencias trasladadas por responsables de parques del CEIS sobre falta de personal, vehículos, equipos y material.
“El problema es que Ortuño lleva más de dos años prometiendo soluciones para el CEIS y su gran medida estrella se ha saldado con un solo bombero incorporado”, ha criticado el parlamentario socialista.
Moreno sostiene que existe un déficit superior a 120 bomberos y vuelve a plantear que el Consorcio cree una bolsa de interinos para incorporar a aproximadamente 60 aspirantes que, según afirma, superaron todas las pruebas del último proceso selectivo pero no consiguieron plaza.
“No estamos pidiendo que se regale ninguna plaza, sino que no mande a sus casas a personas capacitadas mientras el CEIS está al límite”, ha señalado.
La versión del Gobierno regional muestra, sin embargo, actuaciones actualmente en marcha que deben incorporarse al contexto. El Ejecutivo anunció el pasado 31 de julio un preacuerdo para el periodo 2026-2028 con medidas relacionadas con plantilla, carrera profesional, inversiones y modernización del servicio.
Además, el CEIS ha previsto la incorporación de 30 nuevos bomberos durante el mes de octubre, una vez concluya el proceso selectivo. El Consorcio aprobó en agosto una inversión de 260.000 euros para adquirir sus equipos de protección individual.
La Administración regional también ha cifrado en más de dos millones de euros las inversiones realizadas durante los siete primeros meses de 2026 para renovar equipamiento, vehículos, instalaciones y otros medios del Consorcio.
Estos anuncios no invalidan la denuncia socialista sobre necesidades pendientes, pero muestran que el conflicto se centra ahora tanto en la suficiencia y velocidad de esas medidas como en su existencia.
El nuevo mapa de autobuses avanza parcialmente siete años después de caducar concesiones
Miguel Ortega ha llevado al pleno las reivindicaciones de los conductores de autobús, que acumulan meses de concentraciones y jornadas de huelga, y ha reclamado al Gobierno regional que intervenga ante un conflicto laboral que afecta a un servicio público de competencia autonómica.
“Pasan los años, pasan los consejeros y pasan los anuncios, pero no llegan los autobuses”, ha afirmado.
El diputado recuerda que las antiguas concesiones autonómicas caducaron en 2019 y reprocha al Ejecutivo que, cinco años después de plantear una reorganización del sistema, todavía no haya completado el nuevo mapa de transporte.
La afirmación sobre la caducidad tiene respaldo en la planificación oficial. El propio Plan Director de Transporte impulsado por la Comunidad recogió el proceso de reestructuración del sistema, mientras otros documentos públicos municipales han seguido señalando posteriormente la existencia de concesiones administrativamente caducadas desde 2019.
No obstante, el nuevo mapa concesional sí ha comenzado a desarrollarse. La Comunidad Autónoma lo ha estructurado en diez grandes concesiones y durante los últimos meses ha licitado algunas de ellas.
En enero de este año, por ejemplo, la Consejería publicó la licitación de la RMU-3, correspondiente al transporte entre Molina de Segura y Murcia y otros seis municipios, con una inversión superior a 21 millones de euros hasta 2035.
Previamente también se había impulsado la concesión RMU-4 para el área del Mar Menor y Cartagena, además de actuaciones sobre los servicios de Alcantarilla, Beniel y Santomera. El portal autonómico de transportes enumera actualmente contratos correspondientes a Alcantarilla-Murcia, Beniel-Santomera-Murcia, Molina de Segura-Murcia, Mar Menor-área metropolitana de Cartagena y Valle de Ricote-Dehesa de Campoamor-Fuente Álamo-Murcia.
El retraso denunciado por el PSOE existe, por tanto, en relación con la culminación del conjunto del nuevo mapa concesional, aunque no puede afirmarse que todas las licitaciones permanezcan paralizadas.
Ortega exige además que Infraestructuras medie ante el conflicto de los conductores, especialmente en cuestiones relacionadas con sus jornadas laborales y descansos.
La limitación de edad en FP especial choca con la flexibilidad prevista por la normativa estatal
Virginia Lopo ha centrado su intervención en los Programas Formativos Profesionales de Modalidad Especial y ha puesto como ejemplo a Alejandro, un joven de Yecla de 20 años con síndrome de Down y un 67% de discapacidad reconocida que, según el PSOE, no puede continuar otro programa en su mismo centro porque cumplirá 21 años durante 2026.
La convocatoria autonómica vigente establece efectivamente que pueden incorporarse a estos programas jóvenes de entre 15 y 19 años, cumplidos durante el año natural de incorporación. Esa condición figura actualmente en la propia sede electrónica de la Comunidad Autónoma.
Lopo ha cuestionado que la Administración reduzca las posibilidades formativas precisamente para alumnado que puede necesitar más tiempo para adquirir autonomía personal, habilidades sociales y preparación profesional.
“Una persona sin discapacidad puede seguir formándose a cualquier edad, pero una persona con discapacidad en la Región de Murcia no. ¿Por qué?”, ha preguntado la diputada.
La referencia realizada por el PSOE a la Orden regional de 28 de septiembre de 2023 requiere, sin embargo, una precisión normativa. Esa orden regulaba anteriormente estos programas, pero el Decreto 13/2026, aprobado en marzo para ordenar la Formación Profesional regional, figura oficialmente como norma que la derogó.
Eso no elimina el fondo de la controversia. La normativa estatal actualmente vigente sí introduce un marco considerablemente más flexible para la Formación Profesional dirigida a personas con necesidades educativas o formativas especiales.
El Real Decreto 659/2023 establece que, en estas ofertas dentro del sistema educativo, las personas escolarizadas en centros ordinarios o de educación especial podrán permanecer al menos hasta los 21 años cumplidos durante el año natural en que termine el curso, con posibilidad excepcional de ampliarlo un año más cuando el equipo docente estime que ello permitirá alcanzar los resultados de aprendizaje.
El debate planteado por Lopo adquiere así una dimensión que supera el caso particular: si la regulación autonómica de acceso entre 15 y 19 años ofrece suficiente continuidad formativa para jóvenes que, conforme al marco estatal, pueden permanecer escolarizados en esta modalidad hasta edades superiores.
El PSOE ha anunciado una moción para exigir que la Consejería revise el límite y permita continuar la formación de Alejandro y de otros jóvenes en circunstancias similares.
“La inclusión no se proclama: se demuestra garantizando oportunidades”, ha concluido Lopo.
El comunicado socialista no incorpora la respuesta completa ofrecida por los tres consejeros durante el pleno. Para esta información se han contrastado las reclamaciones del PSOE con documentación y comunicaciones oficiales del Gobierno regional, la sede electrónica autonómica y la normativa estatal aplicable, sin realizar una consulta adicional por correo o teléfono a las consejerías afectadas.
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