María Jesús López responde a Cuca Gamarra y defiende reforzar las plantillas mientras acusa al PP de utilizar la seguridad como confrontación política
La secretaria de Organización del PSRM-PSOE, María Jesús López, ha respondido a las críticas lanzadas este viernes por el Partido Popular sobre la situación de la seguridad en la Región de Murcia defendiendo el incremento de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil registrado durante los últimos años y reclamando que las plantillas continúen aumentando. La dirigente socialista sostiene que el debate debe apoyarse en los datos y no convertirse en un nuevo enfrentamiento entre administraciones.
Las declaraciones de López llegan después de que la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, reclamara en Murcia más medios humanos y materiales para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y anunciara una proposición de ley orgánica de su partido destinada a reforzar la protección de los agentes frente al narcotráfico y el crimen organizado. Gamarra puso especialmente el foco en la aparición de narcolanchas en las costas murcianas y en el aumento registrado durante el primer semestre de 2026 en determinadas modalidades delictivas.
Según los datos del Ministerio del Interior citados durante esta controversia política, las infracciones penales registradas en la Región aumentaron un 5,6% durante el primer semestre de 2026, hasta alcanzar 38.324 hechos conocidos. En ese periodo crecieron, entre otros, los robos con violencia e intimidación, el tráfico de drogas y los delitos contra la libertad sexual, mientras descendieron de forma considerable los homicidios consumados y las tentativas.
El PSRM sostiene, sin embargo, que la tasa global de criminalidad regional continúa 2,5 puntos por debajo de la media española y utiliza ese dato para rechazar lo que considera una imagen de inseguridad generalizada trasladada por el PP. María Jesús López afirma además que las plantillas estatales se encuentran actualmente en niveles superiores a los de años anteriores y cifra el crecimiento desde 2019 en alrededor de 650 efectivos entre Policía Nacional y Guardia Civil. Estas cifras corresponden a los datos defendidos por la dirigente socialista en su comunicado.
Dos lecturas distintas de los mismos datos de seguridad
La controversia evidencia dos interpretaciones políticas diferentes sobre la evolución de la seguridad en la Región.
Gamarra se ha centrado en los incrementos registrados en determinadas categorías durante el primer semestre. La dirigente popular ha señalado un aumento del 36,6% en lesiones graves y riñas tumultuarias, del 9,2% en delitos relacionados con el tráfico de drogas, del 7,1% en robos con violencia o intimidación y del 6,4% en delitos contra la libertad sexual. A partir de esas cifras, el PP reclama más agentes, medios materiales y herramientas legales para enfrentarse especialmente al narcotráfico.
El PSRM no niega que existan delitos que hayan aumentado ni rechaza la necesidad de continuar reforzando las plantillas. Su argumento es que esos datos parciales deben analizarse junto al conjunto de los indicadores y la evolución de los recursos disponibles.
“Los datos son claros: la tasa de criminalidad de la Región de Murcia está 2,5 puntos por debajo de la media nacional y las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado alcanzan cifras récord”, sostiene López.
La secretaria de Organización socialista asegura que desde 2019 la plantilla de Policía Nacional habría aumentado un 21% y la de Guardia Civil un 18,7%, lo que representaría cerca de 650 efectivos adicionales entre ambos cuerpos.
López contrapone este crecimiento con la evolución que, según el PSOE, se produjo durante los gobiernos del PP. La dirigente socialista asegura que durante aquella etapa se perdieron más de 300 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en la Región, una afirmación utilizada por el PSRM para responder a las actuales demandas populares de refuerzo.
“Hay que seguir aumentando las plantillas y medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, sostiene López, que considera necesario mantener esa política independientemente de la confrontación partidista.
La discusión sobre los recursos policiales coincide además con una creciente preocupación por el desplazamiento de actividades vinculadas al narcotráfico hacia el litoral murciano. Este mismo viernes, el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha reclamado un plan específico similar al aplicado por Interior en el Campo de Gibraltar y ha advertido del desplazamiento hacia Murcia de redes vinculadas al narcotráfico y al tráfico de personas.
Esta reclamación introduce un elemento adicional en el debate, ya que procede del ámbito judicial y apunta a la necesidad de reforzar recursos frente al crimen organizado más allá de la disputa entre PP y PSOE.
El narcotráfico centra parte de la confrontación
Uno de los principales asuntos que ha provocado el choque político es la utilización de embarcaciones de alta velocidad por organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Gamarra ha defendido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad necesitan una mayor capacidad de respuesta ante organizaciones que disponen de medios cada vez más potentes. El PP ha registrado en el Congreso una iniciativa para modificar la normativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el objetivo declarado de reforzar la protección jurídica y operativa de los agentes. (Partido Popular)
López replica que los medios destinados a vigilancia marítima también se han reforzado y recuerda unas declaraciones atribuidas por el PSRM al coronel jefe de la Quinta Zona de la Guardia Civil en las que habría señalado que existen recursos suficientes para desarrollar las operaciones contra las mafias.
La dirigente socialista utiliza esa valoración para cuestionar el diagnóstico del PP, aunque el aumento de determinadas actividades vinculadas al narcotráfico y la reclamación realizada por la Fiscalía evidencian que existe un debate abierto sobre la suficiencia de los recursos disponibles.
“Mientras el PP viene a decir que faltan medios, quienes están al frente de la Guardia Civil en nuestra Región están diciendo que cuentan con los medios necesarios para desarrollar su trabajo”, afirma López.
La secretaria de Organización del PSRM ha aprovechado además su comparecencia para trasladar el debate a otros servicios públicos dependientes de la Comunidad Autónoma y ha citado la situación de los bomberos, la sanidad, las infraestructuras educativas y los servicios sociales. Estas referencias forman parte de la crítica política socialista al Ejecutivo de Fernando López Miras y no guardan una relación directa con las estadísticas de criminalidad objeto de la polémica.
López acusa al PP de emplear la seguridad como “cortina de humo” para desplazar el debate desde las competencias autonómicas hacia el Gobierno central. También reprocha a los populares que reclamen recursos para Policía Nacional y Guardia Civil mientras, según su valoración, no atienden suficientemente las demandas de otros cuerpos y servicios dependientes de la Comunidad Autónoma.
La controversia deja así dos posiciones diferenciadas. El PP pone el acento en el crecimiento de algunas modalidades delictivas y en la amenaza del narcotráfico para exigir más recursos y modificaciones legales. El PSOE destaca que la tasa regional se mantiene por debajo de la media nacional, reivindica el incremento de efectivos registrado en los últimos años y admite al mismo tiempo que las plantillas deben continuar reforzándose.
Más allá del cruce político, los datos del primer semestre muestran una evolución desigual según el tipo de delito: la criminalidad global aumentó un 5,6%, pero mientras determinados delitos experimentaron incrementos relevantes, otros como los homicidios y sus tentativas descendieron significativamente.
La discusión sobre seguridad seguirá previsiblemente marcada por esa doble realidad: el incremento de algunas modalidades delictivas y la presión creciente del narcotráfico frente a una tasa general que, según sostiene el PSRM a partir de los datos oficiales que maneja, permanece por debajo de la media española.
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