«La nueva Ley de Dependencia promete resolver en tres meses lo que la Región tarda más de año y medio, haciendo que el comódín de López Miras para culpar al Gobierno de España se le acabe»
Hay una diferencia enorme entre tener un derecho y poder ejercerlo. Sobre el papel, una persona dependiente puede tener reconocido el acceso a cuidados, ayuda a domicilio, teleasistencia o una prestación económica; en la vida real, mientras llega la resolución, alguien tiene que levantarla de la cama, ayudarla a ducharse, acompañarla al médico, hacer la compra o reorganizar una familia entera para que nunca se quede sola. La Administración habla de expedientes.
En las casas se habla de cansancio, de renuncias y, demasiadas veces, de mujeres que reducen su jornada o abandonan su empleo para cuidar. Esa es la distancia que la nueva reforma de la Ley de Dependencia pretende acortar y esa es también la distancia que el Gobierno de Fernando López Miras tendrá que demostrar que sabe recorrer.
La reforma aprobada esta semana cambia bastantes cosas y algunas son importantes. Reduce de seis a tres meses el plazo para resolver los expedientes, flexibiliza unas incompatibilidades que durante años obligaron a elegir entre prestaciones que perfectamente podían complementarse, refuerza la teleasistencia, amplía las posibilidades de la ayuda a domicilio y trata de colocar a la persona dependiente, y no al catálogo administrativo, en el centro de las decisiones sobre sus cuidados.
A todo ello se añade una cuestión que durante años ha sido uno de los grandes argumentos del Partido Popular murciano: la financiación. El Estado ha aprobado un incremento de unos 6.200 millones de euros para 2026 y 2027 y la nueva normativa establece que la Administración General del Estado debe asumir el 50% del gasto público del sistema.
Es difícil encontrar una ocasión más apropiada para comprobar qué parte de los problemas de la dependencia en Murcia procedía realmente de Madrid y qué parte estaba —y está— bastante más cerca de San Esteban. Porque reclamar dinero es relativamente sencillo. Administrarlo bien resulta bastante menos fotogénico.
De tres meses a 551 días hay algo más que burocracia
El dato que debería acompañar cualquier celebración institucional de esta reforma es incómodo: el último Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia situaba a la Región de Murcia en 551 días de tiempo medio de tramitación, el peor registro autonómico del país en junio de 2026. La media estatal se encontraba muy por debajo y había territorios que resolvían en poco más de cien días. La nueva ley pretende que el procedimiento se complete en tres meses. Murcia parte, por tanto, de una distancia que no se arregla cambiando el encabezado de un formulario.
Sería injusto negar que se han producido avances. El propio IMAS informó este verano de que en 2025 resolvió 22.134 valoraciones de dependencia, 3.672 más que el año anterior, y que el número de personas con prestaciones activas alcanzó las 66.770. También ha aumentado la teleasistencia y se han incorporado nuevas plazas y recursos. Son datos reales y deben reconocerse. Pero precisamente por eso resulta todavía más difícil aceptar la vieja costumbre política de presentar cualquier mejora estadística como si el problema hubiese quedado resuelto. Resolver más expedientes es positivo; continuar necesitando alrededor de año y medio para completar un procedimiento sigue siendo un problema monumental.
La aritmética institucional tiene estas cosas. Si ayer tardabas dieciocho meses y mañana tardas diecisiete, puedes convocar una rueda de prensa para anunciar que has reducido la demora. Y será cierto. Lo que difícilmente conseguirá compartir el entusiasmo es la familia que lleva quinientos días esperando una resolución mientras se organiza como puede para cuidar a una persona que necesita ayuda hoy, no cuando la maquinaria administrativa termine de procesarla.
Ese es quizá el mayor defecto de cómo hemos acabado hablando de dependencia. Se discuten porcentajes, aportaciones estatales, grados, niveles mínimos, convenios y transferencias hasta conseguir que desaparezca precisamente aquello de lo que estamos hablando: personas que han perdido autonomía y familias obligadas a sostener una parte enorme del sistema de cuidados. Hay algo profundamente injusto en que el reloj administrativo avance a una velocidad distinta del reloj biológico. Un expediente puede esperar sobre una mesa; una enfermedad degenerativa no.
Y ahí es donde la reforma coloca al Gobierno regional ante una prueba mucho más exigente que cualquier debate parlamentario. Si el plazo legal baja a tres meses, Murcia tendrá que reorganizar procedimientos, reforzar plantillas, coordinar mejor servicios y garantizar que el aumento de financiación termina convertido en atención efectiva. Porque las leyes estatales podrán reconocer nuevos derechos, pero no son funcionarios del Ministerio quienes valoran al dependiente en Molina de Segura, tramitan su programa individual en Lorca o gestionan una plaza residencial en Cartagena. La dependencia se financia de manera compartida, pero buena parte de su gestión cotidiana tiene dirección autonómica.
Cuando el comodín de Madrid empieza a gastarse
Durante años, el Gobierno regional ha repetido que el Estado no financiaba la mitad de la dependencia que, a su juicio, le correspondía. La reivindicación no era absurda: la financiación estatal estuvo durante mucho tiempo claramente por debajo del 50%, con gobiernos de ambos colores políticos, no lo olvidemos. El problema para el PP es que ahora esa reclamación histórica empieza a convertirse en una obligación legal del Estado y viene acompañada de un fuerte incremento de recursos. Cuando aquello que durante años se presentó como una de las principales causas del problema comienza a corregirse, llega inevitablemente la pregunta menos cómoda: ¿qué ocurrirá si las demoras continúan?
Será entonces cuando el debate deje de poder resolverse con una rueda de prensa señalando a Pedro Sánchez. El BOE tiene una característica poco apreciada por la política de confrontación: una vez que algo está escrito y financiado, resulta más difícil culpar al vecino de que uno no haya ordenado todavía su propia casa.
Y la casa murciana de los servicios sociales necesita bastante orden. El Índice DEC 2025, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, otorgó a la Región 3,03 puntos sobre diez y situó el gasto regional en unos 430 euros por habitante, frente a los 575 de media estatal. El Gobierno de López Miras ha rechazado esa fotografía y recuerda que el presupuesto autonómico dedicado a servicios sociales ha aumentado con fuerza durante los últimos años. Ambas afirmaciones pueden convivir: se puede gastar más que antes y seguir teniendo un sistema insuficiente en comparación con las necesidades o con otras comunidades.
Ese matiz es importante porque evita convertir esta discusión en el habitual concurso político para decidir quién tiene la cifra más grande. La pregunta relevante no debería ser cuánto puede presumir una administración de haber incrementado su presupuesto, sino si una persona dependiente recibe el servicio cuando lo necesita. Un millón más en una presentación presupuestaria es una cifra. Una hora de ayuda a domicilio es tiempo real que una familia recupera para trabajar, descansar o simplemente respirar.
Ahí reside también la dimensión progresista de la dependencia, mucho más profunda que cualquier eslogan. Un sistema público de cuidados no consiste únicamente en ayudar a quien no puede valerse por sí mismo; también redistribuye una carga que históricamente ha recaído dentro de las familias y, de manera abrumadora, sobre las mujeres. Cada servicio que funciona, cada hora de asistencia, cada plaza disponible y cada prestación que llega a tiempo es también una pequeña transferencia de responsabilidad desde el ámbito privado hacia la comunidad. Lo contrario —dejar que las familias resuelvan solas durante meses lo que la Administración tarda en reconocer— tiene igualmente una ideología, aunque jamás aparezca escrita en el presupuesto.
La reforma abre ahora una oportunidad considerable. Hay más financiación, un catálogo más flexible y una legislación que pretende adaptar los cuidados a las personas en lugar de obligar a las personas a adaptarse al sistema. Sería razonable dar tiempo para comprobar su aplicación y también reconocer los avances que el IMAS consiga. Pero precisamente porque llegan más recursos y nuevas herramientas, el nivel de exigencia debe aumentar.
Durante demasiado tiempo la política del PP murciano ha convertido la confrontación con Madrid en una especie de servicio administrativo propio: cuando algo funciona, mérito regional; cuando falla, insuficiencia estatal. Con la dependencia, esa fórmula empieza a quedarse corta.
Porque tres meses son tres meses. Y 551 días son 551 días.
Entre ambas cifras no cabe un argumentario. Caben miles de familias esperando.
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