Virginia Lopo denuncia que jóvenes con discapacidad quedan fuera pese a informes favorables y reclama reabrir la matrícula este mismo curso
El Grupo Parlamentario Socialista llevará a la Asamblea Regional una moción para reclamar al Gobierno de Fernando López Miras que elimine el límite máximo de 19 años establecido para acceder a los Programas Formativos Profesionales de modalidad Especial en la Región de Murcia y que abra un nuevo plazo de matrícula para los jóvenes con discapacidad que hayan quedado excluidos durante el curso 2026-2027 por haber cumplido los 20 años.
La diputada socialista Virginia Lopo sostiene que la aplicación de este requisito está dejando fuera del sistema a jóvenes con síndrome de Down y otras discapacidades que cuentan, además, con informes favorables de los equipos de orientación educativa para continuar su formación a través de estos programas.
La polémica se centra en unas enseñanzas específicamente dirigidas a personas cuyas necesidades educativas derivadas de una discapacidad dificultan su incorporación con éxito a la Formación Profesional ordinaria. La normativa estatal establece que estos itinerarios deben adaptarse a las características particulares del alumnado y contempla que quienes están escolarizados en centros ordinarios o de educación especial puedan permanecer en estas ofertas, al menos, hasta los 21 años cumplidos durante el año natural en que termine el curso. Ese periodo puede ampliarse excepcionalmente durante un año adicional cuando el equipo docente considere que permitirá alcanzar los resultados de aprendizaje. (BOE)
La regulación estatal tampoco establece en los requisitos generales de acceso a esta modalidad un límite máximo de 19 años. Fija, en cambio, una edad mínima de incorporación de 16 años —excepcionalmente 15— y obliga a las administraciones competentes a adaptar estas enseñanzas a las necesidades específicas de las personas destinatarias. (BOE)
Este marco normativo es precisamente el argumento utilizado por el PSOE para cuestionar que la Consejería de Educación atribuya la restricción existente en Murcia a la legislación estatal.
Una limitación regional que deja fuera a jóvenes de 20 años
“No puede haber un doble rasero: libertad para formarse a cualquier edad para unos y una limitación de edad para las personas con discapacidad”, sostiene Virginia Lopo.
La diputada afirma que existen casos de jóvenes que han cumplido 20 años y no han podido incorporarse a estos programas pese a disponer de valoraciones educativas favorables. Para los socialistas, el problema no reside únicamente en la edad fijada para acceder, sino en que quienes quedan excluidos pueden encontrarse sin una alternativa formativa equivalente adaptada a sus necesidades.
La propia regulación autonómica de estos programas ya establecía para el curso 2025-2026 que podían incorporarse a la modalidad Especial alumnos de entre 15 y 19 años cumplidos durante el año natural de incorporación. Aquellas instrucciones definían como destinatarios a jóvenes con necesidades educativas especiales que tuvieran un nivel de autonomía personal y social que les permitiera acceder posteriormente a un puesto de trabajo. (Servicios Educativos)
La Consejería ha mantenido la oferta de Programas Formativos Profesionales en modalidades Adaptada y Especial para el curso 2026-2027, incluyendo convocatorias de subvenciones destinadas a su desarrollo en la Región de Murcia.
El PSOE cuestiona, sin embargo, que el acceso a esa formación se cierre por razón de edad precisamente para quienes necesitan un itinerario educativo específicamente adaptado.
“Es absolutamente injustificable que una persona con discapacidad vea cerrada la puerta de la formación simplemente por cumplir 20 años. Estamos hablando de jóvenes a los que el propio sistema educativo reconoce que necesitan este itinerario formativo y que, sin embargo, el Gobierno de López Miras está dejando fuera”, afirma Lopo.
Los programas tienen como finalidad facilitar el aprendizaje profesional, mejorar la autonomía y aumentar las posibilidades de incorporación al mercado laboral de personas con necesidades educativas o formativas especiales. El Real Decreto 659/2023 señala expresamente que las administraciones deben fomentar la equidad, la inclusión, la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el acceso a la Formación Profesional, aplicando cuando sea necesario medidas de flexibilización y adaptación. (BOE)
El PSOE cuestiona la explicación de la Consejería de Educación
Uno de los elementos centrales de la denuncia socialista es la discrepancia sobre el origen de la restricción.
Según Lopo, el consejero de Educación habría justificado el límite recurriendo a la normativa estatal. La parlamentaria rechaza esa interpretación y señala que el Real Decreto 659/2023 no fija como edad máxima los 19 años.
“El Gobierno regional no puede escudarse en el Gobierno de España para justificar una decisión que la propia normativa estatal no le impone”, sostiene.
La lectura del Real Decreto confirma que, para la modalidad destinada a personas con necesidades educativas o formativas especiales, la norma estatal establece edades mínimas de acceso pero no introduce ese techo general de 19 años. Además, reconoce expresamente una permanencia de al menos hasta los 21 años para alumnado escolarizado en estas ofertas, con posibilidad excepcional de ampliarla durante otro curso. (BOE)
La legislación básica de Formación Profesional también establece que las personas con necesidades educativas especiales podrán permanecer escolarizadas, al menos, hasta los 21 años cuando las medidas ordinarias de inclusión no sean suficientes y necesiten una oferta específicamente adaptada. (BOE)
Eso no significa que toda persona de hasta 21 años tenga automáticamente derecho a incorporarse a cualquier programa concreto, ya que las administraciones autonómicas conservan competencias para ordenar y organizar la oferta. Sí implica que el límite de 19 años denunciado por el PSOE no aparece impuesto como máximo general en la regulación estatal citada.
Lopo considera que la Comunidad Autónoma dispone, por tanto, de margen para modificar sus condiciones de acceso y adaptar los programas a las necesidades reales del alumnado.
“Estamos hablando del derecho a aprender, a adquirir autonomía y a prepararse para acceder al mercado laboral. No podemos permitir que cumplir 20 años se convierta en una condena a quedarse fuera del sistema de formación”, señala.
Una moción para eliminar el límite y reabrir la matrícula
El Grupo Parlamentario Socialista trasladará ahora la cuestión a la Asamblea Regional mediante una moción con tres peticiones principales.
La primera consiste en suprimir el límite máximo de 19 años para incorporarse a los Programas Formativos Profesionales de modalidad Especial.
La segunda reclama habilitar un nuevo plazo de matrícula durante el curso 2026-2027 que permita incorporarse a aquellas personas con discapacidad que hayan quedado excluidas únicamente por superar esa edad.
La tercera exige al Gobierno regional utilizar las posibilidades de flexibilización contempladas en el Real Decreto estatal para adaptar la duración, permanencia y organización de estos itinerarios a las necesidades del alumnado.
El PSOE subraya que la cuestión resulta especialmente delicada porque estos programas no son una oferta educativa ordinaria más, sino una vía concebida específicamente para jóvenes que encuentran especiales dificultades para integrarse en otros itinerarios de Formación Profesional.
Para Lopo, excluir a una persona con 20 años pese a contar con una recomendación favorable de orientación puede afectar directamente a sus posibilidades posteriores de autonomía personal e inserción laboral.
“López Miras tiene que decidir si quiere seguir de brazos cruzados, manteniendo esta injusticia o garantizar derechos”, concluye la diputada, que reclama al Ejecutivo autonómico que modifique las condiciones de acceso y permita matricularse a quienes hayan resultado afectados.
La controversia llegará ahora a la Asamblea Regional con una cuestión concreta sobre la mesa: si la Comunidad mantendrá el límite de edad aplicado a estos programas o utilizará el margen de adaptación que reconoce la normativa estatal para ampliar las posibilidades formativas de los jóvenes con discapacidad.
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