La concesionaria reclama el coste de once nuevas contrataciones y los socialistas exigen aclarar cuánto pagará finalmente el Ayuntamiento por el servicio
El Grupo Municipal Socialista de Cartagena ha acusado al Gobierno de Noelia Arroyo de negar la existencia de un problema económico con la concesionaria del transporte urbano mientras, según sostiene la formación, el Ayuntamiento prepara una revisión del contrato que podría incrementar en alrededor de 500.000 euros anuales el coste del servicio para asumir la incorporación de once nuevos trabajadores.
El concejal socialista Pencho Soto considera contradictorio que el Ejecutivo municipal rechace hablar de deuda con la empresa y, al mismo tiempo, tenga que estudiar cómo incorporar al contrato el coste derivado del refuerzo de la plantilla realizado para garantizar los descansos de los conductores.
“Ayer nos dijeron que no había deuda y hoy sabemos que el Ayuntamiento está preparando una revisión del contrato para asumir medio millón de euros más cada año. Que lo llamen como quieran, pero ese dinero lo va a tener que pagar el Ayuntamiento y tienen que explicar de dónde va a salir”, afirma Soto.
La controversia gira en torno a los once trabajadores incorporados para cubrir los turnos de libranza derivados de los acuerdos laborales alcanzados con la plantilla. El PSOE sostiene que el coste está siendo asumido inicialmente por la concesionaria mientras se resuelve cómo integrarlo económicamente dentro del contrato municipal.
Para los socialistas, esta situación confirma que el problema existente en el transporte urbano de Cartagena no puede reducirse únicamente a un conflicto laboral entre empresa y trabajadores, sino que también presenta una vertiente económica que afecta directamente a la relación contractual con el Ayuntamiento.
Medio millón de euros anuales por los once nuevos trabajadores
El Grupo Socialista cifra en aproximadamente 500.000 euros al año la cantidad necesaria para asumir el coste de las once incorporaciones realizadas a la plantilla del transporte urbano.
Esos trabajadores fueron contratados para hacer posible el cumplimiento de los descansos de los conductores después de que durante los primeros meses del año la falta de personal impidiera garantizar plenamente los dos días semanales establecidos en los acuerdos laborales.
El refuerzo permitió reorganizar el funcionamiento del servicio, pero ahora se abre la cuestión de quién asume definitivamente el coste económico de ese aumento de plantilla y mediante qué mecanismo se incorpora a la concesión.
Según el PSOE, mientras se tramita la revisión contractual es Alsa la que tiene que adelantar ese dinero.
Soto considera especialmente relevante este extremo porque, a su juicio, evidencia que existe una necesidad económica pendiente de encajar dentro del contrato aunque el Gobierno municipal rechace identificarla como deuda.
“Eso es precisamente lo que venimos diciendo: el problema económico existe. Ahora falta saber cuándo lo van a reconocer, cuánto va a costar exactamente y cómo lo van a pagar”, señala el concejal socialista.
La discusión presenta, por tanto, dos planos diferentes. Por un lado se encuentra la existencia o no de una deuda vencida y exigible del Ayuntamiento con la empresa, extremo que el Gobierno local ha negado. Por otro aparece la reclamación económica vinculada al aumento de plantilla y la posible modificación de las condiciones económicas del contrato para asumir un coste que hasta ahora no estaba contemplado en esos términos.
El PSOE centra su crítica precisamente en este segundo aspecto y reclama transparencia sobre el procedimiento que seguirá el Ayuntamiento.
Para Soto, resulta insuficiente responder que no existe actualmente una deuda si paralelamente debe tramitarse una modificación económica que terminará suponiendo un incremento significativo del dinero público destinado al servicio.
“No tiene sentido negar que exista un problema económico y al mismo tiempo pedirle a Alsa que adelante el dinero hasta que el Ayuntamiento pueda incorporarlo al contrato”, sostiene la formación.
El conflicto se suma a las deficiencias denunciadas en el transporte urbano
La controversia económica aparece además en un momento especialmente delicado para el transporte público de Cartagena.
Durante los últimos días, trabajadores y organizaciones sindicales han denunciado problemas relacionados con los descansos no disfrutados durante los primeros meses de 2026 y cantidades que consideran pendientes de abono. A ello se suman las quejas sobre determinadas deficiencias del servicio que afectan directamente a los usuarios.
Entre los problemas señalados se encuentran la saturación de algunas líneas, las dificultades derivadas de una capacidad insuficiente en determinados horarios y la falta de modernización de algunos sistemas de pago.
El PSOE considera que la reclamación de 500.000 euros relacionada con los once trabajadores constituye un nuevo síntoma de una planificación insuficiente.
Para Soto, la incorporación de personal era necesaria para garantizar unas condiciones laborales adecuadas y sostener las frecuencias del servicio, pero debería haberse acompañado de una previsión económica clara dentro del contrato.
La formación considera que recurrir ahora a una revisión supone actuar una vez que el problema ya se ha producido en lugar de anticipar las necesidades reales del transporte urbano.
“Cartagena necesita un transporte público con más medios, mejores frecuencias, más información, más digitalización y capacidad suficiente para atender la demanda. No podemos seguir funcionando a base de parches”, afirma el concejal socialista.
La crítica se produce además mientras el servicio afronta nuevas movilizaciones laborales, lo que ha vuelto a situar el transporte público en el centro del debate municipal.
Los socialistas reclaman que el Ayuntamiento explique no solo el importe definitivo de la revisión contractual, sino también cuándo tendrá efectos, cómo se financiará y si supondrá algún cambio adicional en las condiciones económicas de la concesión.
El PSOE exige saber de dónde saldrá el dinero
El principal interrogante que plantea ahora el Grupo Municipal Socialista es presupuestario.
Si finalmente el Ayuntamiento debe incrementar en aproximadamente medio millón de euros anuales la aportación destinada al contrato, Soto reclama conocer qué partida asumirá ese aumento y qué impacto tendrá sobre las cuentas municipales.
La formación considera que el incremento no debe tratarse como una cuestión menor, especialmente porque tendría carácter recurrente mientras se mantengan los once puestos necesarios para garantizar los turnos.
No se trataría, por tanto, únicamente de resolver una cantidad correspondiente a un ejercicio concreto, sino de incorporar un mayor coste estructural al funcionamiento del transporte urbano si se consolida la ampliación de la plantilla.
El PSOE sostiene que esa circunstancia debería obligar al Gobierno municipal a explicar con claridad cómo se ha llegado a esta situación y qué previsiones económicas manejaba cuando se incorporaron los trabajadores.
También reclama conocer las condiciones exactas de la petición formulada por la concesionaria y el resultado del análisis que realicen los servicios municipales.
La discusión sobre si existe formalmente una deuda o una reclamación pendiente de reconocimiento no resuelve, para los socialistas, la cuestión principal: el servicio necesita más recursos de los inicialmente previstos y alguien tendrá que asumirlos.
Soto considera que el episodio vuelve a demostrar la necesidad de revisar de forma global la planificación del transporte urbano de Cartagena, evitando que cada nueva necesidad termine resolviéndose mediante modificaciones posteriores.
El Grupo Socialista sitúa así el incremento aproximado de 500.000 euros como una nueva pieza dentro de un conflicto que ya afecta a condiciones laborales, frecuencias, capacidad de las líneas y calidad del servicio.
La cuestión queda ahora pendiente de que el Ayuntamiento resuelva la reclamación relacionada con los once trabajadores y determine si procede modificar económicamente el contrato. El PSOE reclama que esa decisión se acompañe de información pública sobre el coste definitivo, la financiación y las consecuencias para un servicio que lleva semanas acumulando conflictos laborales y críticas sobre su funcionamiento.
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