El PSOE acusa al PP de falsear el avance de las obras contra inundaciones

El PSOE acusa al PP de falsear el avance de las obras contra inundaciones

Mariló Flores cifra en más de 117 millones las actuaciones estatales y reprocha a López Miras sus retrasos en ordenación territorial

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La senadora socialista por la Región de Murcia Mariló Flores ha respondido a las críticas del PP sobre las infraestructuras contra inundaciones asegurando que las principales actuaciones que corresponden al Gobierno de España se encuentran en distintas fases de tramitación, licitación o ejecución y reclamando al Ejecutivo de Fernando López Miras que asuma también las competencias autonómicas relacionadas con la ordenación del territorio y la prevención de riesgos.

Flores ha dirigido sus críticas al senador popular José Ramón Díez de Revenga, al que acusa de presentar como paralizadas actuaciones que, según sostiene, disponen ya de proyectos redactados, procedimientos ambientales en marcha o calendarios previstos para avanzar hacia su ejecución. El PSOE cifra en más de 117 millones de euros las principales inversiones estatales que enumera para Los Alcázares, San Javier y la presa de Tabala, a las que añade otras intervenciones en Molina de Segura, Lorca y Puerto Lumbreras.

“Es falso que las infraestructuras contra las inundaciones estén abandonadas o metidas en un cajón. Hay actuaciones planificadas, proyectos redactados, procedimientos ambientales en marcha y obras que tienen ya previsto su calendario de licitación”, sostiene Flores.

Parte de las actuaciones citadas por la senadora cuentan efectivamente con avances administrativos documentados. El proyecto de recuperación de la rambla de La Pescadería y el parque inundable de Los Alcázares suma una inversión prevista de 35,74 millones de euros entre sus dos fases, destinadas a reducir el riesgo de inundaciones en el casco urbano mediante la canalización de escorrentías y la creación de una superficie inundable superior a 30 hectáreas.

A esta actuación se suma la rambla de Cobatillas, entre Murcia y San Javier, cuyo proyecto de corrección hidrológica y laminación fue licitado por 15,9 millones de euros, con el objetivo de reducir el riesgo de avenidas y aumentar la protección del núcleo urbano de San Javier.

Tabala, Los Alcázares y San Javier centran el cruce entre PP y PSOE

Uno de los proyectos utilizados por Flores para responder al PP es la presa de Tabala, prevista entre los términos municipales de Murcia y Beniel.

La Confederación Hidrográfica del Segura abrió en enero de 2026 el periodo de información pública del proyecto, que contempla la construcción de una presa destinada a laminar avenidas y reducir las puntas de caudal que afectan a poblaciones de la Vega Media y la Vega Baja. La actuación forma parte de las infraestructuras previstas para responder a los episodios extremos de lluvias en la cuenca del Segura.

Según la información trasladada por el PSOE, la inversión estimada asciende a 65,5 millones de euros y la previsión manejada por la Confederación es avanzar hacia el inicio de las obras durante 2027, una vez concluyan los procedimientos administrativos y ambientales pendientes.

“El proyecto está redactado, la Confederación Hidrográfica del Segura abrió en enero de este año el periodo de información pública y la previsión es que las obras se liciten en 2027”, afirma Flores, que ironiza sobre las acusaciones populares preguntando qué parte de “proyecto redactado”, “información pública” y “licitación prevista” equivale a mantener la actuación olvidada.

En Los Alcázares, las actuaciones previstas combinan la recuperación del tramo final de la rambla de La Pescadería con un parque inundable aguas arriba. El proyecto busca canalizar las escorrentías que atraviesan el municipio y disponer de una zona capaz de retener y laminar hasta 400.000 metros cúbicos de agua durante episodios de precipitaciones intensas.

La inversión conjunta supera los 35 millones de euros y constituye una de las principales intervenciones previstas en el entorno del Mar Menor para reducir la exposición de Los Alcázares a inundaciones, después de los reiterados episodios sufridos durante los últimos años.

Flores menciona igualmente los trabajos de laminación de avenidas en Cañada Mendoza y Cañada Morcillo, en Molina de Segura, y señala que las presas de Nogalte, Torrecilla y Béjar, junto a la conexión Béjar-Biznaga, continúan atravesando diferentes fases de planificación y tramitación en el entorno de Lorca y Puerto Lumbreras.

La senadora atribuye parte de las demoras existentes en determinados proyectos a las exigencias derivadas de los procedimientos administrativos y ambientales y sostiene que algunas modificaciones requeridas por la propia Comunidad Autónoma han obligado a adaptar la documentación inicialmente prevista. Esta última afirmación corresponde a la valoración política realizada por Flores y el comunicado socialista no detalla qué modificaciones concretas habrían causado esos retrasos.

“Estos son hechos, proyectos y millones de euros destinados a proteger a los municipios de la Región frente a las inundaciones; decir que el Gobierno de España no está haciendo nada es, sencillamente, faltar a la verdad”, afirma.

El retraso del plan territorial del Mar Menor vuelve al centro del debate

La respuesta del PSOE no se limita a defender las inversiones estatales. Flores desplaza también parte de la discusión hacia las responsabilidades de la Comunidad Autónoma en ordenación territorial y recuerda que continúa pendiente la aprobación definitiva del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor.

La Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor estableció inicialmente un plazo de tres años desde su entrada en vigor para aprobar definitivamente ese instrumento. El plazo se agotó en agosto de 2023 sin que el plan hubiera culminado su tramitación.

El documento tiene una importancia particular en materia de prevención porque debe ordenar los usos del suelo en la cuenca vertiente e incorporar criterios relacionados con la inundabilidad, la protección territorial y la adaptación frente a episodios de precipitaciones intensas.

La normativa autonómica ha sido posteriormente modificada para mantener determinadas limitaciones urbanísticas mientras no se produzca la aprobación definitiva del plan, pero más de tres años después del plazo inicialmente previsto el instrumento continúa siendo objeto de controversia política.

Flores utiliza este retraso para cuestionar que el Ejecutivo regional centre sus críticas exclusivamente en las infraestructuras dependientes del Estado.

“El Gobierno regional aún tiene pendiente la aprobación definitiva del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor que, entre otras medidas, debe establecer restricciones de uso sobre los suelos con riesgo de inundaciones”, señala la senadora.

El PSOE sostiene que la prevención de inundaciones no puede limitarse a la construcción de presas, canales o parques inundables, sino que requiere también evitar nuevos desarrollos incompatibles con los riesgos conocidos, ordenar adecuadamente el territorio y proteger cauces y zonas naturales de drenaje.

En este punto, Flores acusa políticamente al PP de haber permitido durante años desarrollos en áreas expuestas a inundaciones y de no haber avanzado con suficiente rapidez en las herramientas territoriales necesarias para reducir esa vulnerabilidad. Se trata de una acusación formulada por la representante socialista que el comunicado no acompaña con una relación concreta de autorizaciones o expedientes urbanísticos.

La senadora vincula además el debate con la situación de los servicios de emergencia autonómicos y vuelve a reclamar al Gobierno de López Miras más recursos para los bomberos, otra de las cuestiones que el PSRM viene utilizando para cuestionar la política de prevención y emergencias del Ejecutivo regional.

El enfrentamiento entre PP y PSOE vuelve así a reproducirse sobre una cuestión especialmente sensible en la Región de Murcia, donde los episodios de lluvias torrenciales han puesto reiteradamente en evidencia la vulnerabilidad de determinadas zonas urbanas y agrícolas.

La discusión no afecta únicamente a quién financia una presa o redacta un proyecto. La prevención depende también de la conservación de cauces, el funcionamiento de las obras de drenaje, la planificación urbanística, las infraestructuras hidráulicas y la coordinación entre las distintas administraciones.

Flores reclama precisamente que el debate deje de presentarse como una ausencia total de actuaciones estatales y que cada administración responda por las competencias que tiene atribuidas.

“Los ciudadanos y las ciudadanas de esta Región necesitan menos bulos y más responsabilidad. Frente al ruido del PP, hay proyectos, inversiones y obras. Frente a sus mentiras, hay una realidad: el Gobierno de España está haciendo su parte y el Gobierno de López Miras tiene que empezar a hacer la suya”, concluye la senadora socialista.

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