Antonio Rico Bellido participó en un proyecto europeo sobre alertadores y la AVAF premió su trayectoria tras las represalias sufridas
El agente de la Policía Local de Murcia Antonio Rico Bellido ha recibido un nuevo reconocimiento por su compromiso con la integridad pública y la protección de quienes denuncian irregularidades. La Fundación Hay Derecho ha remitido una carta a la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez López, en la que agradece expresamente la actuación del funcionario y destaca su participación altruista en un proyecto europeo destinado a mejorar la protección de los alertadores de infracciones normativas.
El reconocimiento llega después de que la Agencia Valenciana Antifraude concediera a Rico Bellido en 2025 el premio «Whistleblowing: El coraje de denunciar», una distinción institucional en la que la propia AVAF puso en valor la relevancia de sus denuncias, las represalias sufridas y el papel de quienes alertan de irregularidades para reforzar el funcionamiento de las Administraciones públicas.
La carta de Hay Derecho, fechada el pasado 2 de septiembre y firmada por su directora general, Safira Cantos, está dirigida expresamente a la alcaldesa de Murcia. En ella, la Fundación solicita que el reconocimiento sea trasladado al agente y, si el Ayuntamiento lo considera oportuno, al resto de miembros de la corporación.
“Es para nosotros de gran valor contar con servidores públicos que han puesto de manifiesto su compromiso con la integridad y el buen funcionamiento de las instituciones a través de sus acciones”, señala la carta.
La documentación permite además diferenciar dos etapas en la trayectoria del funcionario. Mientras Hay Derecho se dirige actualmente a la alcaldesa de Murcia y se refiere a Rico Bellido como agente de la Policía Local de la corporación murciana, la resolución de la Agencia Valenciana Antifraude de 2025 analiza los hechos relacionados con su anterior trayectoria en la Policía Local de Torrevieja, donde denunció irregularidades administrativas y posteriormente sufrió una situación de acoso laboral que acabó llegando a los tribunales.
De las denuncias en Torrevieja a un proyecto europeo sobre alertadores
Hay Derecho destaca especialmente la participación altruista de Antonio Rico en el proyecto WIS-H, A Whistleblowing Habitat, desarrollado dentro del programa CERV de la Comisión Europea durante el periodo 2024-2026.
El proyecto está coordinado por la propia Fundación y cuenta, según la carta remitida al Ayuntamiento, con la participación de la Universidad de Murcia y la Universidade Nova de Lisboa.
Dentro de esta iniciativa se ha desarrollado también la red IBERWhistle, concebida como un espacio de cooperación entre especialistas de España y Portugal en materia de protección de personas informantes. La Fundación cifra en más de 40 los expertos, autoridades y organizaciones integrados en esta red.
El objetivo es reforzar las garantías de quienes comunican infracciones normativas y contribuir a mejorar la aplicación del marco europeo sobre protección de denunciantes.
La Fundación Hay Derecho sitúa este trabajo en un contexto de creciente importancia de las políticas europeas contra la corrupción y a favor de la integridad institucional. En su carta señala igualmente su participación como entidad consultada por la Comisión Europea en los trabajos relacionados con el diagnóstico sobre el Estado de derecho en España.
El reconocimiento a Rico no se limita, por tanto, a los hechos que dieron origen a sus denuncias años atrás, sino que se extiende también a su participación actual en iniciativas destinadas a mejorar el sistema de protección de otros alertadores.
La nota elaborada a partir de la documentación pone precisamente el acento en esa evolución: de haber sufrido personalmente las consecuencias asociadas a la denuncia de irregularidades a colaborar en un proyecto dedicado a fortalecer las garantías para quienes puedan encontrarse en situaciones semejantes.
Antifraude reconoció las represalias sufridas tras denunciar irregularidades
El antecedente más relevante se encuentra en la resolución firmada el 19 de noviembre de 2025 por el director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, Eduardo Beut González.
El documento concedió el Premio AVAF 2025 «Whistleblowing: El coraje de denunciar» a Antonio Rico Bellido y al agente medioambiental Vicente Javier López Saborit.
La resolución dedica varias páginas a explicar el papel de los denunciantes dentro de las instituciones y sostiene que quienes alertan de irregularidades no actúan contra la Administración, sino que pueden contribuir precisamente a fortalecerla, al favorecer que su funcionamiento quede sometido a la ley y a los principios de integridad con independencia de quién la dirija en cada momento.
En el caso concreto de Rico Bellido, la Agencia recoge que denunció irregularidades administrativas dentro de la Policía Local de Torrevieja y que posteriormente sufrió represalias “sistemáticas y persistentes” en su entorno laboral.
Según la resolución de la AVAF, entre esas actuaciones figuraron cambios arbitrarios de turnos, insultos, aislamiento, filtraciones de información personal y negativas de permisos y ayudas.
El documento señala igualmente que la situación terminó afectando gravemente a su salud y dignidad y recoge que judicialmente se acreditó la existencia de un acoso laboral persistente. La Agencia subraya además que la Administración conocía la situación y que no adoptó las medidas necesarias para evitarla.
La resolución conecta estos hechos con la Sentencia 28/2025 del Tribunal Constitucional, de 10 de febrero, dictada a raíz del recurso de amparo presentado por Rico Bellido. Según resume la Agencia Antifraude, la resolución constitucional puso el foco en la especial protección que debe ofrecerse a quienes sufren daños después de actuar en defensa de la legalidad y del interés general.
La AVAF recoge también que una de las denuncias formuladas por el agente desembocó en la condena de responsables, posteriormente confirmada por la Audiencia Provincial de Alicante mediante sentencia de 2022.
La Agencia justifica expresamente el premio por la relevancia y trascendencia de la información aportada, la buena fe mantenida durante el proceso, la valentía demostrada y los riesgos personales y profesionales asumidos.
“Con ello, la AVAF quiere visibilizar el enorme valor de quienes, desde dentro de las instituciones o las organizaciones, se atreven a denunciar irregularidades en defensa del interés público”, recoge la resolución.
El alertador como aliado de la Administración
Una de las partes más significativas del documento de Antifraude se refiere al modo en que las propias instituciones deben contemplar a quienes denuncian irregularidades.
La resolución rechaza expresamente la idea de que el alertador constituya un enemigo de la organización en la que trabaja. Según la AVAF, su actuación contribuye a que la institución prevalezca sobre quienes la integran circunstancialmente y a que las decisiones públicas respondan al ordenamiento jurídico y no a relaciones personales, jerárquicas o coyunturales.
La Agencia vincula esta concepción con el artículo 103.1 de la Constitución, que establece que la Administración Pública debe servir con objetividad a los intereses generales y actuar con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
De esta forma, la denuncia interna de irregularidades se presenta como un mecanismo que puede servir para detectar abusos, corregir prácticas incorrectas y mejorar el funcionamiento de las instituciones.
La documentación de la AVAF advierte asimismo del coste personal que pueden soportar los denunciantes y menciona expresamente riesgos como la pérdida de empleo, el aislamiento profesional, el deterioro de la reputación o las consecuencias psicológicas derivadas de las represalias.
El reconocimiento posterior de la Fundación Hay Derecho añade ahora una nueva dimensión a esta trayectoria. Frente al episodio originado por las irregularidades denunciadas en su etapa en Torrevieja, la entidad destaca actualmente la participación de Rico en iniciativas destinadas a construir entornos más seguros para futuros alertadores.
Hay Derecho ha pedido formalmente a la alcaldesa de Murcia que haga extensivo su agradecimiento al agente y se ha ofrecido a ampliar al Ayuntamiento la información sobre el proyecto europeo en el que participa.
La Fundación ha anunciado también que el próximo 6 de octubre presentará en Madrid una nueva edición de su Informe sobre el Estado de derecho en España y ha trasladado al Consistorio su disposición a facilitarle el documento.
Los reconocimientos de Hay Derecho y de la Agencia Valenciana Antifraude coinciden así en un mismo mensaje institucional: denunciar irregularidades desde dentro de una Administración no debería convertir al denunciante en un problema para la organización, sino en una herramienta para detectar fallos, corregirlos y reforzar el sometimiento de los poderes públicos a la legalidad.
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