Una familia de Yecla denuncia que la Consejería impide una matrícula porque el estudiante no terminaría el ciclo antes de cumplir 21 años
El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha trasladado al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes la situación de estudiantes con discapacidad que encuentran restricciones de edad para acceder a la Formación Profesional. Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, Lucas ha intervenido para evitar que la Consejería de Educación aplique una interpretación que considera restrictiva y que estaría dejando fuera de estas enseñanzas a personas con necesidades educativas especiales.
La actuación se produce tras recibir a una familia de Yecla afectada por una negativa de matriculación. Según el relato difundido por la Delegación, la Consejería ha impedido que uno de sus miembros se matricule al considerar que no dispondría de tiempo suficiente para finalizar el ciclo antes de cumplir los 21 años.
Lucas rechaza que esa decisión venga impuesta por una prohibición estatal y reclama al Ejecutivo autonómico que rectifique. «No es cierto que la prohibición responda a una restricción estatal. El Gobierno Regional está imponiendo un límite que malinterpreta e incumple su propio Decreto», ha manifestado.
El delegado vincula el problema con la aplicación de las condiciones de acceso y permanencia en la modalidad especial de Formación Profesional. Su petición al Ministerio busca evitar que la interpretación autonómica se convierta en una barrera para continuar la formación de estudiantes con discapacidad.
La negativa a una matrícula en Yecla lleva el caso al Ministerio
La familia recibida por Lucas ha trasladado una situación concreta: la imposibilidad de formalizar una matrícula porque, según la explicación atribuida a la Consejería, el estudiante no terminaría el ciclo antes de alcanzar la edad señalada. La información facilitada no identifica a la persona afectada ni concreta el centro o la titulación que pretendía cursar.
El motivo expuesto sitúa el conflicto en el cálculo de la edad que tendría al concluir sus estudios. De acuerdo con la Delegación del Gobierno, esa previsión sobre la finalización del ciclo habría servido para impedir el acceso a la formación.
Lucas sostiene que esta interpretación produce, en la práctica, una restricción de entrada a los 19 años. «La modalidad Especial es el itinerario de formación propio de las personas con discapacidad, y sólo en la Región de Murcia se impone un límite de edad de 19 años para cursar estudios de FP», ha afirmado.
Esa valoración corresponde al delegado del Gobierno y se refiere al itinerario especial que centra su intervención. La controversia descrita no debe confundirse con una prohibición general de acceder a cualquier modalidad de Formación Profesional para todas las personas con discapacidad.
La mediación ante el Ministerio parte de este caso familiar, pero Lucas considera que el criterio puede limitar las oportunidades de otros estudiantes con necesidades educativas especiales. Por ello, su reclamación a la Comunidad Autónoma pretende que se revise la aplicación de las restricciones de edad y se eviten nuevas exclusiones por ese motivo.
La comunicación de la Delegación informa de la intervención del delegado, aunque no anuncia una respuesta del Ministerio ni una resolución que permita ya formalizar la matrícula de la persona afectada.
Lucas sostiene que los 21 años no constituyen una prohibición estatal
El principal desacuerdo se encuentra en el significado que se atribuye a la edad de permanencia en estas enseñanzas. Frente al argumento que la Delegación atribuye a la Comunidad Autónoma, Lucas niega que la normativa estatal establezca la prohibición invocada para rechazar la matrícula.
Según la explicación ofrecida por el delegado, la regulación dispone que estos estudiantes podrán permanecer, al menos, hasta los 21 años cumplidos en el año natural en el que finalice el curso. También contempla, conforme a esa misma explicación, una ampliación excepcional de un año cuando el equipo docente considere que permitirá alcanzar los resultados de aprendizaje.
La expresión «al menos» ocupa un lugar central en la posición trasladada por Lucas. Su crítica es que la Consejería estaría convirtiendo una previsión de permanencia en un límite que condiciona anticipadamente el acceso al ciclo, al exigir que el estudiante pueda terminarlo antes de cumplir 21 años.
El delegado considera que esa aplicación restringe derechos y reduce las posibilidades de formación, crecimiento personal y desarrollo académico de personas con necesidades educativas especiales. A su juicio, el resultado es una situación de exclusión que califica de inadmisible.
Su intervención incorpora también una petición política al Gobierno regional: que abandone los criterios de edad que considera excesivamente restrictivos. Lucas ha citado a la Comunidad Valenciana y a Castilla-La Mancha como referencias de una aplicación que, según sostiene, no impone esas limitaciones en los mismos términos.
La información remitida procede de la Delegación del Gobierno y recoge su interpretación del conflicto. No se ha recabado una respuesta directa adicional de la Consejería de Educación sobre el caso de Yecla ni sobre las objeciones formuladas por Lucas.
Las asociaciones de discapacidad de Yecla acompañan a la familia
A la reunión también han asistido representantes de tres entidades de Yecla vinculadas a las personas con discapacidad: Kapaces, Asociación para la Vida Independiente de Personas con Diversidad Funcional de Yecla; la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de Yecla, AMPY; y ADFY, Asociación de Discapacitados Físicos de Yecla.
Su presencia ha acompañado el traslado de la situación familiar al delegado del Gobierno. La comunicación difundida no recoge declaraciones individuales de estas organizaciones ni atribuye a cada una propuestas específicas sobre la modificación del criterio de admisión.
El encuentro ha permitido situar ante la Delegación una dificultad de acceso a la formación que afecta directamente a una familia del municipio. Lucas ha asumido la reclamación y la ha llevado al Ministerio, al tiempo que exige a la Administración autonómica revisar su actuación.
La cuestión pendiente es si la Consejería rectificará el criterio aplicado y permitirá la matrícula solicitada. Mientras no se comunique una decisión, la mediación anunciada constituye una iniciativa para resolver el bloqueo, pero no acredita que el estudiante haya recuperado ya la posibilidad de incorporarse al ciclo.
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