Virginia Lopo denuncia que la restricción desde los 19 años persiste pese al criterio del Ministerio y reclama una rectificación inmediata
La diputada regional del PSOE Virginia Lopo ha exigido la dimisión o el cese del consejero de Educación por la limitación de edad que, según denuncia, está dejando fuera de la Formación Profesional a alumnado con discapacidad a partir de los 19 años. La parlamentaria sostiene que los estudiantes afectados siguen sin poder acceder a estos cursos y responsabiliza al Gobierno de Fernando López Miras de mantener una decisión que perjudica tanto a los alumnos como a sus familias.
La reclamación socialista llega acompañada de una crítica a la respuesta de la Consejería ante esta controversia. Lopo considera que el responsable de Educación debe abandonar el cargo porque, a su juicio, ha optado por mantener la restricción en lugar de corregirla. Su exigencia combina la restitución del acceso a la formación con la asunción de responsabilidades políticas por lo ocurrido.
La diputada invoca el criterio del Ministerio de Educación para sostener su petición. Según expone en el comunicado remitido por el PSOE, el Ministerio ha advertido de que la actuación del Ejecutivo autonómico incumple la ley y vulnera los derechos del alumnado con necesidades educativas especiales. Esa es la valoración que Lopo atribuye al departamento estatal y sobre la que fundamenta su reclamación de una rectificación.
«Y, a pesar de ello, a día de hoy, los alumnos y alumnas siguen sin poder acceder a estos cursos. Por todo ello, exigimos que pida perdón, rectifique y se marche», ha declarado.
La denuncia se centra en una barrera de edad que sigue vigente
El aspecto principal de la denuncia es la persistencia de la exclusión. Lopo asegura que el problema no se ha resuelto y que el alumnado afectado continúa sin poder incorporarse a la formación. La diputada sitúa la barrera a partir de los 19 años y atribuye su aplicación al Gobierno regional.
Según su relato, esa limitación está impidiendo el acceso a cursos de Formación Profesional a estudiantes con necesidades educativas especiales. El reproche socialista se centra en las consecuencias de esa decisión para quienes quieren continuar formándose y se encuentran con una restricción relacionada con su edad.
Lopo describe la situación como una expulsión de la FP del alumnado con discapacidad. Con esa expresión cuestiona que la edad se esté utilizando para cerrar la continuidad educativa de los afectados y reclama que la Consejería cambie su actuación para permitirles acceder a los cursos.
La parlamentaria insiste en que las consecuencias alcanzan también a las familias. En su valoración, mantener la limitación supone prolongar un perjuicio que el Ejecutivo autonómico debería haber corregido. Por ello, vincula la petición de responsabilidades con la necesidad de ofrecer una solución a los estudiantes que, según denuncia, siguen fuera de estas enseñanzas.
El comunicado no cifra cuántos alumnos se encuentran en esta situación ni desglosa los centros o cursos afectados. La reclamación se dirige al criterio de edad y a su mantenimiento, con una petición expresa de rectificación que permita resolver el acceso del alumnado al que se refiere la denuncia.
Lopo invoca al Ministerio para reclamar que Educación rectifique
La diputada socialista apoya su crítica en la posición que atribuye al Ministerio de Educación. Según Lopo, el departamento estatal ha sido claro al señalar que el Gobierno regional está incumpliendo la normativa y vulnerando los derechos de los estudiantes con necesidades educativas especiales.
Para la parlamentaria, ese pronunciamiento debería haber provocado un cambio en la actuación de la Consejería. Su denuncia señala precisamente la distancia entre el criterio que atribuye al Ministerio y la situación que, asegura, continúan viviendo los alumnos.
La nota remitida por el PSOE recoge esa referencia al departamento estatal, aunque no reproduce el documento ministerial ni detalla los preceptos en los que se sustenta. La afirmación sobre el incumplimiento normativo forma parte, por tanto, de la argumentación expuesta por Lopo en su reacción política.
El mensaje de la diputada se concentra en el resultado que reclama: que los alumnos puedan acceder a los cursos. La exigencia de rectificación acompaña a la petición de dimisión o cese y constituye la respuesta que demanda para quienes siguen afectados por la limitación.
En sus declaraciones, Lopo reprocha al consejero que no haya corregido la decisión. Le acusa de continuar mintiendo y de castigar a las familias, expresiones con las que manifiesta su rechazo a la gestión de esta controversia y al perjuicio que atribuye a la continuidad de la restricción.
Una exigencia de dimisión o cese dirigida al Gobierno de López Miras
La petición socialista plantea dos vías para la salida del responsable de Educación: que presente su dimisión o que sea cesado. Lopo considera que no puede permanecer en el cargo mientras se mantiene una situación que, según sostiene, perjudica gravemente al alumnado con necesidades educativas especiales.
La diputada dirige también la responsabilidad política al Ejecutivo de López Miras, al que atribuye la imposición de la limitación de edad. Su crítica cuestiona la respuesta del Gobierno regional ante la exclusión denunciada y la falta de una rectificación que permita a los afectados continuar su formación.
El comunicado facilitado no incorpora una respuesta de la Consejería a esta nueva petición de dimisión o cese. La posición expuesta por Lopo se concreta en tres exigencias: una disculpa a los afectados, la corrección de la medida y la salida del consejero.
La parlamentaria mantiene que la prioridad es resolver una situación que, según denuncia, continúa abierta. Su reclamación deja el foco en los alumnos que siguen sin acceder a los cursos y en las familias que esperan que Educación elimine la barrera de edad cuestionada.
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