Ortega reclama limitar los alquileres y evitar devolver 22 millones; Torres exige a Educación resolver las deficiencias de los colegios e institutos
El Grupo Parlamentario Socialista ha llevado al pleno de control al Gobierno regional dos denuncias sobre la gestión de servicios y ayudas que afectan a jóvenes y familias: más de 2.000 beneficiarios que seguirían esperando el Bono Alquiler Joven y unos 2.000 estudiantes que reciben clase en 77 barracones. Los diputados Miguel Ortega y Juan Andrés Torres han cuestionado la distancia entre los anuncios del Ejecutivo de Fernando López Miras y las soluciones que llegan a sus destinatarios, según la nota remitida por el PSOE.
Ortega ha centrado su intervención en el acceso a la vivienda y en la ejecución de las ayudas destinadas a la juventud. Torres, por su parte, ha preguntado al consejero de Educación, Víctor Marín, por las condiciones de los centros educativos y la persistencia de instalaciones provisionales. Ambos han reclamado que el Gobierno regional traduzca los recursos anunciados en actuaciones que resuelvan los problemas expuestos.
La vivienda ha ocupado una parte central de las críticas socialistas. Ortega ha exigido al Ejecutivo que deje de anunciar ayudas que después, según denuncia, no consigue gestionar, y que adopte medidas frente al incremento del precio de las casas y los alquileres. El diputado ha vinculado esa exigencia con las dificultades de emancipación de los jóvenes de la Región de Murcia.
“Hay mucha gente ahí fuera que no puede pagarse una casa y está esperando respuestas urgentes. Y especialmente muchos jóvenes necesitan soluciones para poder emanciparse”, ha señalado durante su intervención en la Asamblea Regional.
Ayudas concedidas desde 2022 y 22 millones que el PSOE da por perdidos para vivienda
Según ha denunciado Ortega, más de 2.000 jóvenes siguen pendientes de cobrar ayudas del Bono Alquiler Joven concedidas desde 2022, pese a que los fondos estatales correspondientes ya habrían sido transferidos a la Comunidad Autónoma. El parlamentario ha situado el problema en la tramitación y el pago de esas ayudas, no en la ausencia de financiación estatal.
A ese retraso ha añadido otra acusación sobre la ejecución de los programas de vivienda. El diputado sostiene que el Gobierno regional tendrá que devolver 22 millones de euros del plan estatal de vivienda por no haber construido los inmuebles comprometidos para alquiler social o asequible. Según la estimación expuesta por Ortega, esos recursos podrían haberse destinado a casi 600 viviendas.
“No gestionan ustedes bien ni queriendo”, ha reprochado al Ejecutivo antes de relacionar ambas cuestiones. Para el representante socialista, los pagos pendientes y la devolución de fondos reflejan una incapacidad para transformar los recursos disponibles en respuestas al problema habitacional.
La denuncia distingue dos situaciones con consecuencias diferentes para sus destinatarios. Por un lado, jóvenes que, según el PSOE, tienen ayudas concedidas pero todavía no han recibido el dinero. Por otro, financiación que habría permitido ampliar la oferta de vivienda asequible y que, de acuerdo con lo señalado por Ortega, deberá devolverse por falta de ejecución.
El diputado ha reclamado que la vivienda ocupe el centro de la acción del Gobierno regional y ha insistido en limitar los precios del alquiler. Su intervención ha concluido con una apelación directa al Ejecutivo para que adopte decisiones en esa materia: “Por dignidad, salgan de su burbuja y escuchen a la calle”.
Ortega ha trasladado esa exigencia al siguiente Consejo de Gobierno, al afirmar que el Ejecutivo puede actuar para topar los alquileres. Se trata de la reclamación política formulada por el parlamentario durante el pleno, en el que ha defendido una respuesta inmediata a las dificultades de acceso a la vivienda.
Las ayudas al carnet de conducir también llegan al pleno
La intervención de Ortega ha incluido la gestión de las ayudas para obtener el permiso de conducir. El diputado ha pedido al Gobierno de López Miras que recupere ese programa y explique cuántas ayudas ha concedido desde el 25 de noviembre de 2025.
Según el relato expuesto por el socialista, el Ejecutivo anunció la medida durante la campaña de 2023, la publicó en diciembre de 2024 y la dejó desaparecer apenas un año después. Ortega ha cuestionado tanto los tiempos de puesta en marcha como las condiciones iniciales de la convocatoria.
“Primero fueron 200 euros con un plazo de solicitud de solo 15 días y, como apenas hubo solicitudes, tuvieron que aumentar la ayuda a 400 euros porque sobraba dinero. Y aun así quedó parte de la partida sin ejecutar”, ha señalado.
El parlamentario ha utilizado ese recorrido para sostener que el problema de gestión se repite en distintos programas dirigidos a jóvenes. A su juicio, el anuncio de una ayuda pierde eficacia cuando la convocatoria no consigue llegar a sus destinatarios o termina con presupuesto sin utilizar.
En ese contexto, también ha asegurado que las ayudas al alquiler anunciadas en 2023 “no llegaron ni a 50 beneficiarios”. La nota socialista no identifica esa convocatoria como la misma del Bono Alquiler Joven con pagos pendientes, por lo que ambas denuncias corresponden a referencias que no deben confundirse.
Ortega ha resumido su crítica al Ejecutivo con la expresión “mucho anuncio y muy poca gestión”. Su petición combina la recuperación de las ayudas para el carnet de conducir, explicaciones sobre las concesiones realizadas y una actuación urgente sobre la vivienda y los alquileres.
Torres señala 77 barracones y deficiencias en los centros educativos
En materia educativa, Juan Andrés Torres ha dirigido sus preguntas al consejero Víctor Marín. El diputado ha cuestionado si considera adecuada la gestión de las infraestructuras escolares y ha situado en el centro de su intervención a los 2.000 alumnos y alumnas que, según el PSOE, están recibiendo clase en 77 barracones este curso.
Torres ha ampliado su denuncia a otras deficiencias que atribuye a la gestión de la Consejería: centros con amianto, problemas de accesibilidad, falta de climatización, obras sin terminar y sistemas eléctricos que impedirían utilizar simultáneamente determinados espacios.
El socialista ha presentado estos problemas como la realidad que debe contrastarse con las cifras de inversión anunciadas por Educación. Su intervención ha puesto el acento en las condiciones en las que estudia el alumnado y trabaja el profesorado, más allá de los importes comunicados por el Gobierno regional.
“Esta es la realidad que hay detrás de los millones que anuncia el consejero: alumnos estudiando en barracones y pasando calor mientras el Gobierno regional se preocupa de climatizar sus propios despachos”, ha denunciado.
Torres ha exigido a Marín que “deje de anunciar cifras y empiece a resolver los problemas reales de los centros educativos”. El diputado ha elevado el tono al final de su intervención y ha reclamado al consejero que abandone el cargo si no puede garantizar unas condiciones dignas para alumnos y profesores.
La nota remitida por el Grupo Parlamentario Socialista recoge las preguntas y las críticas de ambos diputados, pero no incluye las respuestas de los miembros del Gobierno regional. Las cifras sobre beneficiarios pendientes de cobro, fondos de vivienda y estudiantes en instalaciones provisionales corresponden, por tanto, a las denuncias formuladas por Ortega y Torres. Con ellas, el PSOE ha reclamado al Ejecutivo que dé cuenta de la ejecución de las ayudas y de las actuaciones pendientes en los centros educativos.
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