El texto reclama una condena institucional, medidas de protección y actuaciones frente a las campañas que buscan expulsar a las mujeres del espacio público
Un manifiesto titulado «Por una política libre de violencia y acoso machista en la Región de Murcia» denuncia una escalada de insultos, amenazas y campañas de hostigamiento contra mujeres que ejercen responsabilidades públicas. El documento alerta de que, durante las últimas semanas, se han producido ataques que incluyen amenazas de muerte contra mujeres de partidos de izquierdas y reclama una respuesta de las instituciones y las fuerzas políticas democráticas.
El texto se presenta como una declaración conjunta de organizaciones sociales, formaciones políticas, sindicatos y asociaciones, aunque la versión facilitada no incorpora la relación de firmantes. Tampoco identifica a las afectadas ni detalla episodios concretos. Su objetivo es denunciar estas conductas y plantear compromisos para proteger la participación de las mujeres en la vida pública.
Las entidades promotoras rechazan que las amenazas puedan normalizarse como un coste inevitable de ocupar un cargo o defender una posición política. El manifiesto distingue la discrepancia ideológica de las estrategias de intimidación que, según denuncia, pretenden silenciar a quienes participan en el debate público.
«No podemos aceptar que la intimidación sustituya al debate, que el insulto sustituya a la crítica o que las amenazas pretendan convertirse en una herramienta de confrontación política», sostiene el documento.
El componente machista de los ataques
El manifiesto señala que las agresiones dirigidas contra mujeres con responsabilidades públicas incorporan con frecuencia una dimensión machista. Entre las conductas que describe figuran la sexualización, los comentarios sobre el aspecto físico, la ridiculización de sus capacidades y la invasión de su intimidad.
Según el texto, esos ataques añaden al enfrentamiento ideológico una forma de castigo por ocupar espacios de representación y decisión. Las organizaciones promotoras consideran que esa presión busca condicionar la actividad de las afectadas y hacer que se replanteen su continuidad en la política o en otros ámbitos de participación social.
La denuncia también apunta al efecto que el hostigamiento puede tener sobre otras mujeres, especialmente las más jóvenes. El documento advierte de que presentar la exposición al acoso como una consecuencia habitual de asumir responsabilidades transmite un mensaje disuasorio a quienes se plantean intervenir en la vida pública.
«Esta forma de violencia tiene un efecto que trasciende a sus víctimas directas. Pretende intimidar, condicionar la participación y, en última instancia, hacer que determinadas mujeres se replanteen su presencia en la vida política y social», recoge el manifiesto.
Las entidades sitúan así la cuestión en el terreno de la participación democrática. Su planteamiento es que la libertad para defender ideas y asumir cargos requiere condiciones de seguridad y respeto, y que la intimidación deteriora esas condiciones para el conjunto de la sociedad.
Señalamiento en redes y responsabilidad frente al odio
El documento expresa una preocupación específica por los discursos y las dinámicas de señalamiento que atribuye a espacios de la extrema derecha. Según denuncia, estos utilizan las redes sociales para identificar, estigmatizar y hostigar a personas a las que consideran adversarias políticas o ideológicas.
Los promotores sostienen que determinados discursos contribuyen a amparar, legitimar o amplificar esos comportamientos. Al mismo tiempo, defienden que la violencia debe combatirse con independencia de su procedencia y que es necesario denunciar a quienes la normalizan o justifican.
Una de las peticiones se dirige a los medios de comunicación, las plataformas digitales y la ciudadanía, a quienes el manifiesto reclama responsabilidad para evitar la difusión de bulos, discursos de odio y campañas de acoso.
«Las redes sociales no pueden convertirse en espacios en los que el anonimato o la impunidad permitan sustituir el debate democrático por la intimidación personal», afirma el texto.
Esta exigencia forma parte de un bloque dedicado a proteger el debate público. Las entidades reivindican la crítica política como una actividad legítima y necesaria, pero rechazan que bajo esa denominación se justifiquen insultos, amenazas o acciones de hostigamiento personal.
El respaldo que expresa el manifiesto se extiende más allá de los cargos electos. Incluye a mujeres con responsabilidades sindicales, sociales, profesionales y periodísticas que sufran ataques por su exposición pública. A todas ellas les dirige un mensaje de solidaridad: «No estáis solas».
Condena institucional y aplicación de los reglamentos
El manifiesto articula sus exigencias en cuatro ámbitos: condena institucional, protección del debate democrático, solidaridad con las afectadas y aplicación de los mecanismos de actuación de las instituciones.
En primer lugar, reclama un rechazo unánime y sin matices de las fuerzas políticas democráticas de la Región ante amenazas, agresiones verbales, descalificaciones machistas y campañas de acoso contra mujeres con responsabilidades públicas.
También pide que la solidaridad se traduzca en una red de apoyo. El texto defiende que la presencia de las mujeres en las instituciones y en otros espacios de participación resulta imprescindible para una democracia plural e igualitaria.
En el terreno institucional, insta a los órganos de la Asamblea Regional y a los plenos municipales a actuar dentro de sus competencias y aplicar rigurosamente las previsiones de sus reglamentos frente a conductas que atenten contra la dignidad de diputadas, concejalas y otras personas con responsabilidades públicas.
Asimismo, solicita que, cuando los hechos puedan constituir una infracción administrativa o un delito, se facilite su investigación y se pongan en conocimiento de las autoridades competentes. Se trata de una reclamación de actuación recogida en el manifiesto, que no comunica la apertura de procedimientos concretos.
El documento concluye reafirmando el derecho de las mujeres a ejercer la política y participar en la sociedad en condiciones de libertad, seguridad, dignidad e igualdad. «Porque una democracia que permite que el miedo expulse a las mujeres del espacio público es una democracia más débil», cierra el texto.
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