La formación reclama una consejería específica, un parque público y medidas sobre el alquiler ante las dificultades de jóvenes y familias
Sumar Región de Murcia ha reclamado al Gobierno de Fernando López Miras que asuma sus responsabilidades en vivienda tras el rechazo de los dos decretos en el Congreso. La formación denuncia que la Comunidad tendrá que devolver 22 millones de euros del Plan de Vivienda por actuaciones no ejecutadas y sostiene que más de 2.000 jóvenes siguen esperando el Bono Alquiler Joven. Frente a esta situación, exige una consejería específica, presupuesto y un plan autonómico con objetivos medibles para ampliar la vivienda pública y asequible.
En una nota de prensa, Sumar cuestiona que el presidente regional critique las medidas del Gobierno de España mientras, según denuncia, su Ejecutivo no convierte los recursos disponibles en viviendas y ayudas. La formación considera que el rechazo parlamentario a los decretos agrava la desprotección de los inquilinos y no exime a la Administración autonómica de actuar.
“López Miras rechaza los dos decretos que protegen a los inquilinos porque, según él, no sirven para nada, pero es incapaz de ejecutar los fondos que ya tiene”, ha afirmado Juan Carlos Pastor, cocoordinador de Movimiento Sumar Región de Murcia.
La organización sitúa entre sus prioridades la construcción de vivienda protegida, la movilización de inmuebles vacíos y la aplicación de las medidas sobre alquiler previstas en la Ley de Vivienda. También reclama que el Gobierno regional facilite la declaración de zonas de mercado residencial tensionado donde se cumplan los requisitos.
Sumar cuestiona la gestión de los fondos y la falta de vivienda protegida
La denuncia sobre los 22 millones de euros ocupa un lugar central en el comunicado. Según Sumar, la Comunidad deberá reintegrar esos fondos por no haber ejecutado las actuaciones comprometidas. La formación vincula esa falta de ejecución con las necesidades de quienes no encuentran una vivienda asequible o esperan ayudas para afrontar el alquiler.
“El Gobierno de España está poniendo recursos sobre la mesa. La pregunta es qué está haciendo el Gobierno de López Miras con ellos. No basta con recibir fondos estatales: hay que gestionarlos, ejecutarlos y convertirlos en viviendas, ayudas y soluciones habitacionales para intervenir allí donde el mercado está expulsando a las familias de sus barrios”, ha señalado Lorena Lorca, cocoordinadora de Sumar Región de Murcia.
Para ilustrar la dimensión de la cantidad que denuncia como no ejecutada, el partido plantea varias estimaciones propias. Tomando como referencia viviendas de 90 metros cuadrados, calcula que 22 millones equivaldrían al coste de unas 185 viviendas según su referencia de construcción, cerca de 200 según el precio tasado de VPO o 129 si se emplea el precio que atribuye a la Ley de Vivienda Asequible regional.
Son cálculos comparativos de la formación, no una promoción concreta anunciada o presupuestada. Sumar también equipara esa cantidad a más de 7.300 bonos de alquiler joven durante un año, frente a los más de 2.000 solicitantes que, según sostiene, continúan pendientes de recibir la ayuda.
El comunicado cuestiona además la composición de la construcción residencial. Según las cifras que aporta, ninguna de las 7.446 viviendas iniciadas entre 2024 y 2025 era de protección oficial: 3.138 correspondían al primer año y 4.308 al segundo. La formación utiliza estos datos para criticar un modelo que considera excesivamente dependiente de la promoción libre.
“Su modelo es culpar a Madrid mientras no construye ni una sola VPO”, ha reprochado Pastor al presidente autonómico.
Una consejería propia y objetivos para facilitar la emancipación
Sumar reclama que la vivienda disponga de una estructura política y presupuestaria específica dentro del Gobierno regional. Lorena Lorca defiende la creación de una consejería dedicada a esta materia para situarla entre las prioridades del Ejecutivo.
“Necesitamos presupuesto, objetivos cuantificables y capacidad para construir y ampliar un parque público de vivienda. No podemos conformarnos con gestionar ayudas o facilitar avales para comprar vivienda mientras miles de jóvenes y familias no pueden acceder a un alquiler asequible”, ha manifestado.
La organización considera que las dificultades de acceso condicionan especialmente los proyectos de vida de la juventud. Marcelo Urralburu, responsable de Vivienda y Juventud de Sumar RM, ha relacionado los precios con la imposibilidad de emanciparse y ha insistido en la situación de quienes siguen esperando el Bono Alquiler Joven.
“Una generación entera no puede emanciparse porque el precio de la vivienda absorbe una parte desproporcionadamente alta de sus ingresos. No podemos hablar de libertad para construir un proyecto de vida cuando una vivienda digna queda fuera de su alcance”, ha señalado.
El comunicado también recoge indicadores sobre el esfuerzo económico de los hogares. Citando a la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia, señala que en 2023 el 6% de la población murciana soportaba gastos de vivienda superiores al umbral del 40% de su renta disponible. Entre la población en situación de pobreza, el porcentaje había alcanzado el 21,8% en 2022.
A ello añade los datos que atribuye al Consejo Económico y Social: más de 100.000 viviendas vacías en la Región y una demanda estimada de entre 10.000 y 15.000 viviendas anuales durante los próximos cinco años. Para Sumar, estas cifras requieren planificación e inversión pública, además de actuaciones sobre el parque existente.
Zonas tensionadas y coordinación entre las administraciones
Entre las medidas que reclama al Ejecutivo regional figura facilitar a los ayuntamientos la declaración de zonas de mercado residencial tensionado allí donde se cumplan los requisitos. La formación plantea esta vía para aplicar las herramientas de contención de los alquileres y favorecer la oferta asequible.
Sumar sostiene que las tres administraciones deben intervenir de forma coordinada. Al Gobierno central le reclama regulación, protección de derechos y financiación; a la Comunidad, planificación, ejecución de fondos, promoción de vivienda pública y movilización de inmuebles vacíos. Para los ayuntamientos propone actuaciones de vivienda social apoyadas en suelo, patrimonio y recursos municipales.
Pastor ha defendido los decretos rechazados como medidas necesarias para la mayoría social y ha insistido en que su caída no hace desaparecer las necesidades de los hogares. “Lo que le pedimos al señor López Miras es que deje de colgarse medallas de lo que no hace y aplique de una vez la Ley de Vivienda en esta Región”, ha manifestado.
La formación reclama que la respuesta autonómica vaya más allá de anuncios y actuaciones parciales. Su exigencia es que los recursos disponibles se traduzcan en ayudas abonadas, vivienda asequible y un parque público sostenido en el tiempo, con objetivos que permitan evaluar los resultados de la gestión regional.
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