«El adelanto electoral de Pedro Sánchez enfrenta dos proyectos de país ante una crisis de vivienda que está hipotecando vidas enteras«
Lo peor de no saber si podrás seguir pagando tu casa es que esa pregunta acaba ocupándolo todo. Se sienta a la mesa contigo, te acompaña al trabajo y aparece cuando tus hijos preguntan si el año que viene seguirán en el mismo colegio. El miedo a perder un hogar te obliga a vivir pidiendo permiso para hacer planes. Y una sociedad que normaliza esa angustia está fallando en algo esencial.
Pedro Sánchez ha anunciado elecciones generales para el 29 de noviembre, después del rechazo parlamentario a los decretos de vivienda. La convocatoria coloca ante nosotros una decisión que merece bastante más que otra pelea de siglas. Vamos a elegir quién tendrá poder para intervenir en esa angustia: quién pondrá límites al negocio y quién dejará que sus consecuencias las soporten quienes menos tienen.
El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, ha dado un rostro insoportablemente reconocible a esa discusión. La propia ministra de Vivienda lo situó entre los motivos de las medidas aprobadas. A esa edad, la seguridad de un hogar debería formar parte del mínimo de tranquilidad que una sociedad decente garantiza. Hay algo profundamente doloroso en imaginar que, después de toda una vida, alguien tenga que defender su derecho a conservar un lugar donde descansar.
La crisis tampoco queda lejos de Murcia. Según el INE, el precio de compra de la vivienda aumentó un 12,2 % interanual en España en el segundo trimestre de 2026; en nuestra Región, un 14,4 %. Son cifras de compraventa, pero describen una puerta que se aleja para quienes intentan salir del alquiler. Detrás de cada porcentaje hay ahorro que pierde fuerza, independencia aplazada y familias obligadas a rehacer sus cuentas.
Precisamente ahí cobra sentido el proyecto socialista: en utilizar la fuerza de las instituciones para que una persona corriente pueda vivir con tranquilidad. En convertir el crecimiento económico en seguridad cotidiana. En conseguir que trabajar permita sostener un hogar y que envejecer no signifique quedar indefenso. La política merece la pena cuando sirve para que alguien pueda acostarse sin preguntarse dónde tendrá que dormir dentro de unos meses.
Lo que votaron cuando podían proteger
La diferencia entre los proyectos políticos quedó expuesta en el Congreso. PP y Vox votaron contra los dos decretos de vivienda, junto a Junts. El primero cayó por 178 votos frente a 172. Entre las medidas rechazadas estaban una protección reforzada frente a los desahucios de personas vulnerables, actuaciones contra las compras especulativas y cambios para dar estabilidad a los alquileres. El bloqueo tuvo un contenido concreto y unos destinatarios concretos.
Según explicó el Gobierno, las propuestas combinaban protección frente a desahucios hasta 2030, medidas contra el fraude en alquileres temporales y por habitaciones, incentivos al alquiler asequible e impulso del parque público. El segundo decreto planteaba renovaciones automáticas con salvaguardas. Detrás de esos términos administrativos había algo muy sencillo: dar tiempo, seguridad y capacidad de defenderse a personas que hoy negocian su futuro desde una posición de enorme fragilidad.
El PP defiende aumentar la oferta, facilitar suelo, reducir impuestos y promover un millón de viviendas. También se ha comprometido a derogar la Ley de Vivienda. Pero levantar edificios lleva tiempo. La persona cuyo contrato termina ahora necesita una respuesta durante ese tiempo. Construir y proteger deben formar parte de una misma política; enfrentar ambas tareas convierte la espera en una condena para quien no puede permitírsela.
Por eso considero que el voto conjunto de PP y Vox protege, en la práctica, al rentismo especulativo: contribuye a impedir límites y garantías que incomodan a quienes obtienen beneficios de la necesidad ajena. Cuando se bloquea una protección, alguien conserva una ventaja y alguien sigue expuesto.
Una persona que alquila un piso para completar su pensión también merece seguridad y protección frente al impago. Una política socialista debe atenderla, con garantías y administraciones que asuman su responsabilidad. Equiparar a ese pequeño propietario con un fondo que acumula inmuebles solo sirve para blindar al segundo utilizando al primero como escudo.
López Miras también ha elegido
En la Región de Murcia, esa discusión tiene un responsable autonómico: Fernando López Miras. Su Gobierno no ha activado la declaración de zonas tensionadas y, con ella, los límites específicos al alquiler previstos en la ley estatal. Es precisamente lo que viene denunciando el PSRM: que dispone de instrumentos para intervenir y los mantiene sin utilizar.
La Ley de Vivienda permite, mediante esa declaración y con las condiciones y excepciones legalmente previstas, limitar la renta de nuevos contratos respecto al alquiler anterior y aplicar los precios de referencia a grandes tenedores. Son mecanismos concretos para contener los precios. Su puesta en marcha exige la intervención de la administración competente; en Murcia, el Gobierno regional no ha dado ese paso.
Francisco Lucas ha reclamado expresamente a López Miras que declare las zonas tensionadas y limite los alquileres. La confrontación resulta clara: el PSOE pide utilizar las herramientas de la ley nacional y el Ejecutivo murciano mantiene sin activar esa protección. Resulta difícil aceptar que se responsabilice de todo a Sánchez mientras se deja cerrada, desde San Esteban, una de las puertas que la legislación estatal abre para actuar.
No declarar esas zonas tiene consecuencias para quienes podrían beneficiarse de sus garantías. Para una familia que teme una subida inasumible, la discusión sobre competencias acaba convirtiéndose en una pregunta mucho más sencilla: por qué su presidente autonómico no utiliza los instrumentos disponibles para ayudarla.
Y fue precisamente en Murcia donde Miguel Tellado aseguró que el problema se arregla “desahuciando a este Gobierno de La Moncloa”, según recoge la web del PP. Mientras tantas personas temen un desahucio real, el secretario general popular encontró una ocurrencia para reclamar el cambio de inquilino presidencial. Para entrar ellos en un palacio sí tienen urgencia. Para dar estabilidad a los demás, ofrecen paciencia.
Todo lo que cabe dentro de una papeleta
La vivienda concentra una disputa que alcanza al conjunto de nuestra vida. ¿De cuánto sirve mejorar un salario si el alquiler absorbe la mejora? ¿Qué autonomía conserva una persona que necesita abandonar una convivencia dañina y no encuentra dónde vivir? ¿Cómo se construye una familia cuando cada renovación de contrato amenaza con deshacer sus planes? Proteger un hogar permite ejercer otros derechos.
Los avances sociales requieren decisiones políticas. El salario mínimo de 2026 está fijado en 1.221 euros mensuales en catorce pagas; las pensiones contributivas se revalorizaron, con carácter general, un 2,7 %, conforme al IPC. Son resultados del Gobierno de coalición que merecen defenderse. Hablan de una manera de gobernar que reconoce el valor del trabajo y protege los ingresos de quienes han trabajado toda su vida.
También hay amenazas explícitas a otras conquistas. Vox ha reiterado su voluntad de derogar la legislación que identifica con la ideología de género. En Murcia llegó a registrar una iniciativa para eliminar la ley regional de igualdad LGTBI. Quien contempla un Gobierno apoyado en la ultraderecha debería tomar en serio esas propuestas. Las garantías frente a la discriminación pueden convertirse en moneda de negociación cuando sus adversarios adquieren poder.
Nadie conoce todos los acuerdos de un hipotético Ejecutivo de PP y Vox. Pero conocemos sus posiciones. Una derecha cada vez más extrema y una ultraderecha que quiere deshacer protecciones no ofrecen tranquilidad a quienes dependen de ellas. Detrás de una derogación hay personas que tendrán que volver a defender derechos que creían seguros.
Por eso estas elecciones también afectan a quien ya tiene su vivienda pagada. A quien desea que sus hijos puedan independizarse. A quien quiere que sus nietos crezcan sin ser señalados por su identidad. La solidaridad consiste en proteger aquello que hoy necesita otra persona y mañana podemos necesitar nosotros.
El voto socialista permite fortalecer una respuesta basada en vivienda asequible, protección de las personas vulnerables y límites a la especulación. Permite dar respaldo parlamentario a medidas que necesitan votos para convertirse en derechos efectivos. La movilización ciudadana y las urnas pueden empujar en la misma dirección.
Por eso defiendo votar al PSOE el 29 de noviembre. Para que los fondos buitre y el rentismo especulativo encuentren límites democráticos, en lugar de la protección política que, a mi juicio, les brindan las decisiones de PP y Vox. Para que las instituciones estén al lado de quienes necesitan una casa donde vivir. Para que la esperanza tenga fuerza suficiente para convertirse en decisiones.
Vayamos a votar pensando en lo que significa volver a casa y saber que podremos seguir allí. En hacer planes sin miedo. En nuestros hijos, en nuestros mayores y también en quien no conocemos, pero merece esa misma tranquilidad. La vida de nadie debería quedar a merced de cuánto beneficio puede obtener otro de su necesidad. Que no nos echen también del futuro.
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