El Consejo Jurídico constata la infracción y reprocha que hubo tiempo suficiente para tramitar el ajuste presupuestario omitido
La Consejería de Medio Ambiente omitió el reajuste de anualidades y su fiscalización previa en el contrato de construcción de la base contra incendios forestales de Mazarrón, según recoge el dictamen 263/2026 del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Las suspensiones y ampliaciones del plazo desplazaron parte de los trabajos a 2025, pero la Administración no adaptó la distribución presupuestaria a ese nuevo calendario. El incumplimiento afectó a 29.806,20 euros y obligó a tramitar un procedimiento de regularización para autorizar el reconocimiento y pago de esas obligaciones.
El órgano consultivo, que aprobó su dictamen el 10 de septiembre de 2026, señala que los responsables del seguimiento del contrato dispusieron de tiempo suficiente para cumplir el trámite. Además, subraya que la propia unidad encargada había propuesto las suspensiones y ampliaciones que hicieron necesario modificar las anualidades.
La obra fue adjudicada a Ábaco Levante, S. L., por 236.055,27 euros. La cantidad afectada por la omisión forma parte de ese precio contractual: no es un sobrecoste. El dictamen tampoco cuestiona la realidad de los trabajos, que considera ejecutados, ni atribuye irregularidades a la empresa adjudicataria.
El incumplimiento se produjo durante la gestión del contrato. La adjudicación inicial sí contó con fiscalización, según los antecedentes del expediente. Lo que faltó fue tramitar y someter a control previo el ajuste presupuestario que exigía la prolongación de las obras al ejercicio siguiente.
El Consejo Jurídico señala que hubo tiempo para cumplir la obligación
La Intervención Delegada detectó la omisión en un informe fechado el 25 de septiembre de 2025. Su análisis constató que la ampliación del plazo de ejecución a 2025 no había ido acompañada del correspondiente reajuste de anualidades, aunque el crédito previsto para respaldar las obras alcanzaba únicamente hasta 2024.
Al cierre de ese ejercicio se habían tramitado certificaciones por 206.249,07 euros, quedando un remanente de 29.806,20 euros que debía haberse trasladado presupuestariamente a la siguiente anualidad mediante el procedimiento correspondiente. El informe interventor advirtió también de que las certificaciones examinadas se habían aprobado fuera de plazo.
La explicación de la Consejería figura en una memoria justificativa de octubre de 2025, suscrita por el director de obra y el responsable del contrato. Según resume el dictamen, ambos atribuyeron la omisión a un error procedimental derivado de la suspensión de los trabajos y de la ampliación del plazo como consecuencia de la modificación contractual.
El Consejo Jurídico recoge esa justificación, pero formula un reproche expreso sobre el margen de actuación que tuvo la Administración:
«La Unidad de Seguimiento del Contrato dispuso de un lapso temporal suficiente para articular los oportunos expedientes de reajuste de anualidades, máxime cuando fue el propio órgano que propuso las sucesivas suspensiones y ampliaciones de plazo».
El señalamiento resulta relevante porque sitúa el incumplimiento en una secuencia de decisiones conocidas por los responsables del expediente. Las modificaciones del calendario se habían acordado dentro de la propia Administración y exigían adaptar también la programación económica.
El dictamen recuerda que el reajuste de anualidades es obligatorio cuando los retrasos, suspensiones o ampliaciones alteran la correspondencia entre la ejecución del contrato y las previsiones presupuestarias. Al tener contenido económico, ese expediente debe someterse a la función interventora previa, antes de que el órgano competente autorice el ajuste.
La omisión, por tanto, supuso el incumplimiento de una obligación de tramitación y control. El Consejo Jurídico la encuadra como una infracción del ordenamiento jurídico que puede subsanarse, sin que ello elimine el defecto advertido.
Una obra encadenada a suspensiones y ampliaciones
El contrato se adjudicó el 16 de octubre de 2023 y se formalizó el 6 de noviembre. El acta de comprobación del replanteo fue aprobada el 28 de noviembre y el inicio de los trabajos estaba previsto para el 1 de diciembre.
Sin embargo, el expediente recoge órdenes de suspensión de noviembre y diciembre de 2023. La reanudación no se produjo hasta el 6 de febrero de 2024. Al explicar esa interrupción inicial, el dictamen alude a un informe de la dirección de obra relacionado con la necesidad de dotar infraestructuras suficientes para albergar los recursos materiales y humanos.
En septiembre de 2024 se propuso modificar el proyecto. La tramitación de ese cambio dio lugar a una orden de ampliación del plazo, aprobada el 28 de noviembre, que trasladó la finalización al 6 de febrero de 2025. Esa decisión ya evidenciaba que parte de la ejecución iba a producirse fuera del ejercicio para el que estaba previsto el crédito.
La modificación del proyecto se aprobó el 30 de enero de 2025. El 4 de febrero se acordó otra ampliación, esta vez hasta el 15 de marzo. Antes de alcanzar esa fecha, una nueva orden, de 12 de marzo, dispuso otra suspensión y amplió el plazo de ejecución.
La formalización del contrato modificado llegó el 21 de julio de 2025. Según la documentación descrita por el Consejo Jurídico, los trabajos del modificado comenzaron el 25 de julio y el acta de recepción de las obras está fechada el 31 de julio de 2025.
La sucesión de suspensiones y ampliaciones extendió así la ejecución hasta el verano de 2025. No obstante, el dictamen no permite establecer cuándo empezó a funcionar la base ni qué consecuencias tuvieron esas interrupciones para el dispositivo de lucha contra incendios. La recepción contractual de la obra y su puesta en servicio son cuestiones distintas.
La subsanación se prolongó hasta el ejercicio 2026
La terminación de los trabajos no cerró el problema administrativo. Tras el informe de la Intervención de septiembre de 2025, la Consejería elaboró la memoria justificativa y los informes necesarios para elevar una propuesta de reconocimiento y pago al Consejo de Gobierno.
Durante esa tramitación tuvo que resolver también la cobertura financiera de las obligaciones. Las obras estaban vinculadas inicialmente a fondos FEADER del periodo 2014-2020, dentro de la medida de prevención de daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes. Según recoge el dictamen, ese programa finalizó el 31 de diciembre de 2025.
En una comunicación interna de 13 de marzo de 2026, el servicio responsable explicó que se estaba tramitando la creación de los nuevos proyectos presupuestarios asociados al periodo PEPAC 2023-2027. En ese momento, indicó que no había disponibilidad de crédito en las partidas correspondientes.
La cobertura se incorporó posteriormente. El 23 de abril de 2026 se contabilizó una transferencia de crédito y en mayo se aportaron el certificado de existencia de fondos y el documento de reserva por los 29.806,20 euros afectados.
El Consejo Jurídico considera correcta esa operación presupuestaria y entiende acreditada la disponibilidad de crédito para atender las obligaciones. Su conclusión es favorable a elevar la propuesta al Consejo de Gobierno para que autorice el reconocimiento y la tramitación del pago.
El dictamen precisa, además, que la omisión constituye un vicio de anulabilidad y no una causa de nulidad de pleno derecho. Fundamenta esa distinción en que existe un contrato válido, la obra se ha ejecutado y el gasto es real. La documentación no acredita un sobrecoste ni una pérdida de fondos europeos.
La posición de la Consejería queda recogida en sus informes internos, que atribuyen lo sucedido a un error procedimental y defienden la correcta ejecución de los trabajos. No se ha recabado una declaración adicional para esta información. El documento analizado tampoco incorpora el eventual acuerdo posterior del Consejo de Gobierno ni permite confirmar la fecha del pago efectivo.
La regularización cuenta, por tanto, con el criterio favorable del órgano consultivo, pero llega acompañada de una advertencia clara sobre la gestión del contrato: la Administración conocía los cambios de plazo y dispuso de tiempo para tramitar el ajuste obligatorio. Más de un año después de la recepción de la base antiincendios de Mazarrón, el expediente seguía necesitando resolver las consecuencias de aquella omisión.
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