El Gobierno municipal sostiene que el fallo cuestiona la convocatoria urgente y no obliga a devolver salarios ni afecta al nombramiento de Rosa Sánchez
El Gobierno de Alhama de Murcia estudia presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia relativa al pleno de organización celebrado el 11 de enero de 2025. Según explica el Ejecutivo local, la resolución deja sin efecto tres de los seis puntos de aquella sesión al considerar insuficiente el tiempo disponible para prepararla tras su convocatoria urgente.
El equipo de Gobierno rechaza que el fallo implique la devolución de salarios, como atribuye al PP, y sostiene que la controversia se refiere al procedimiento de convocatoria. En su comunicado, difundido este martes, subraya que la sentencia no declara ilegales las cuantías de las retribuciones aprobadas.
La sesión se celebró tres días después de la moción de censura del 8 de enero de 2025, que dio paso al actual Ejecutivo. El Gobierno municipal defiende que era necesario adaptar la organización del Ayuntamiento al cambio político y regularizar las dedicaciones de quienes iban a asumir las nuevas responsabilidades.
La información sobre el alcance de la resolución procede de la explicación facilitada por el propio Ayuntamiento. El Ejecutivo no anuncia todavía la presentación del recurso ante el Supremo, sino que señala que está estudiando esa posibilidad.
El TSJ cuestiona el tiempo para preparar la sesión
Según el relato municipal, el Tribunal Superior de Justicia revisa el criterio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Murcia, que había desestimado el recurso del PP contra aquel pleno.
La resolución del TSJ considera que la convocatoria urgente no garantizó tiempo suficiente para preparar la sesión. Esa es la cuestión con la que discrepa el Gobierno local, que defiende las circunstancias en las que se convocó el pleno tras prosperar la moción de censura.
El Ejecutivo precisa que el fallo afecta a tres de los seis puntos tratados, aunque su comunicado no identifica individualmente los acuerdos que quedan sin efecto. También destaca que las propuestas sometidas a la sesión contaban con informes técnicos y jurídicos favorables.
El equipo municipal distingue entre la objeción a la convocatoria y el contenido económico de los acuerdos. Sostiene que la sentencia cuestiona el margen para preparar el pleno, pero no las cantidades fijadas como retribuciones.
Esta distinción es el principal argumento de su respuesta a los populares. Frente a la interpretación que atribuye al PP sobre una devolución de salarios, el Gobierno mantiene que esa consecuencia no figura en el fallo.
El Ejecutivo añade que la resolución no afecta a la moción de censura ni al nombramiento de Rosa Sánchez como alcaldesa. Según su explicación, también quedan expresamente fuera los decretos anteriores de los que únicamente se dio cuenta durante aquella sesión.
El Gobierno defiende la urgencia tras la moción de censura
La justificación municipal de la convocatoria se apoya en la necesidad de ordenar el funcionamiento del Ayuntamiento después del cambio de gobierno. El Ejecutivo señala que, tras la moción de censura, seguían vigentes las dedicaciones y retribuciones aprobadas para los integrantes del gobierno saliente de PP y Vox.
Según sostiene, esa situación debía modificarse mediante un acuerdo plenario. El comunicado afirma que los concejales que habían dejado de gobernar continuaban percibiendo sus sueldos íntegros mientras no se cambiara el régimen anterior.
El Gobierno presenta esa circunstancia como uno de los motivos para celebrar la sesión del 11 de enero. Su argumento es que el relevo político exigía ajustar también las condiciones de dedicación de los responsables municipales.
A ello añade la situación laboral de los miembros del nuevo equipo. Según explica, necesitaban regularizar sus dedicaciones para solicitar excedencias en sus empleos anteriores e incorporarse a la gestión del Consistorio.
Para el Ejecutivo, ambas cuestiones justificaban actuar con rapidez: modificar la organización heredada y permitir que los nuevos responsables asumieran sus funciones en las condiciones previstas. El TSJ, de acuerdo con la descripción municipal de la sentencia, ha considerado insuficiente el tiempo concedido para preparar la sesión.
La posible presentación de un recurso de casación se estudia en ese contexto. El Gobierno mantiene su discrepancia con la valoración judicial sobre la convocatoria y defiende la finalidad organizativa de los acuerdos adoptados.
Cruce de reproches entre el Ejecutivo y el PP
La respuesta municipal incluye una crítica política a la actuación del Partido Popular. El Gobierno sostiene que los populares y sus socios de Vox conocían desde el 20 de diciembre de 2024 que iban a perder la Alcaldía y que el cambio requeriría nuevos trámites de organización.
Desde esa posición, califica el recurso como una “pataleta” y acusa al PP de convertir la judicialización de la política en su principal estrategia de oposición. El Ejecutivo interpreta la actuación de los populares como un intento de mantener un clima de confrontación en el municipio.
El comunicado extiende ese reproche a otros procedimientos promovidos contra la gestión municipal o sus responsables. Afirma que distintas denuncias han terminado archivadas o desestimadas, aunque no detalla esos expedientes ni sus resoluciones.
También contrapone su gestión a los 19 meses del anterior gobierno encabezado por María Cánovas. El actual equipo reivindica la recuperación de servicios y proyectos que, según sostiene, habían quedado paralizados o desmantelados durante aquella etapa.
Más allá de esos reproches, la controversia inmediata se concentra en el pleno del 11 de enero de 2025 y en el alcance de la sentencia. El Gobierno de Alhama mantiene que el fallo afecta a tres acuerdos por las condiciones de la convocatoria urgente, rechaza que ordene devolver salarios y estudia acudir al Supremo para cuestionar la decisión del TSJ.
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