Los socialistas atribuyen al fallo vulneraciones del derecho de defensa y la presunción de inocencia, y exigen la dimisión de Cánovas y Díaz
Una sentencia del Tribunal de Instancia de Murcia ha declarado nula la sanción impuesta al voluntario de Protección Civil Bartolomé Acosta Plazas tras una intervención en la que auxilió a un motorista gravemente herido, según ha informado el PSOE de Alhama de Murcia. La resolución, fechada el 13 de octubre, considera vulnerados sus derechos fundamentales de defensa y presunción de inocencia, de acuerdo con el contenido que reproduce el comunicado socialista.
La sanción se impuso durante el gobierno municipal de PP y Vox por la supuesta utilización de un chaleco identificativo de Protección Civil fuera de los actos propios del servicio. Según el PSOE, el magistrado considera que la Administración no acreditó suficientemente la infracción y cuestiona que se rechazaran pruebas solicitadas por el voluntario para defenderse.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Felipe García, ha reclamado responsabilidades políticas a la exalcaldesa María Cánovas y a Miriam Díaz. García sostiene que ambas deben pedir disculpas a los afectados y abandonar sus actas de concejalas por las decisiones adoptadas durante aquella etapa.
La sentencia 218/2026, según la información difundida por los socialistas, dispone la nulidad de los decretos municipales, la eliminación de las consecuencias desfavorables de la sanción y la imposición de las costas procesales al Ayuntamiento. El comunicado también atribuye al juez la calificación de la actuación del voluntario como «auténticamente heroica».
Un accidente de tráfico en el origen del expediente
Los hechos se remontan al 26 de febrero de 2024, cuando una motocicleta y un turismo colisionaron en las inmediaciones de la avenida Sierra Espuña y la calle Molino, en Alhama de Murcia. Según el relato recogido por el PSOE, Acosta acudió a auxiliar al motorista, que se encontraba gravemente herido, y después colaboró con agentes de la Policía Local para garantizar la seguridad y ordenar el tráfico.
El comunicado señala que el propio accidentado reconoció esa intervención durante el juicio. También indica que el magistrado vinculó la actuación de Acosta con la necesidad inmediata de prestar ayuda al herido, sin apreciar que su propósito fuera atribuirse funciones públicas.
Meses después del accidente, el gobierno municipal sancionó al voluntario por el presunto uso del chaleco identificativo fuera del servicio. El PSOE describe la medida como un castigo de treinta días y cuestiona tanto su fundamento como el procedimiento seguido para imponerla.
«Mientras Bartolomé Acosta se preocupaba por salvar una vida, María Cánovas y su gobierno terminaron preocupándose por castigarlo por un chaleco cuya utilización en las circunstancias sancionadas ni siquiera consiguieron acreditar suficientemente», ha manifestado Felipe García.
Para el portavoz socialista, el caso constituye «uno de los ejemplos más escandalosos de la forma de gobernar del anterior ejecutivo del Partido Popular y Vox». Su valoración política se centra en que una intervención de auxilio terminara dando lugar a un expediente disciplinario que, según la información facilitada por su grupo, ha sido anulado judicialmente.
Pruebas rechazadas y vulneración del derecho de defensa
Uno de los puntos principales del fallo, tal como lo resume el PSOE, es la forma en que se tramitaron las peticiones de prueba de la defensa. Acosta solicitó declaraciones de testigos presenciales, documentación policial y aclaraciones sobre el origen, la fecha y la autoría de una fotografía utilizada en el expediente.
La Administración rechazó diligencias relevantes con el argumento de que los hechos estaban suficientemente acreditados, según el comunicado. El magistrado considera que esa justificación incurría en un «razonamiento circular»: las pruebas cuya fiabilidad se pretendía contrastar se utilizaban, a su vez, para impedir que fueran cuestionadas.
El PSOE añade que la resolución advierte contra la confusión entre el ejercicio insistente del derecho de defensa y una conducta obstructiva. Ese razonamiento, junto con la insuficiente acreditación de la infracción, sustenta las vulneraciones de derechos fundamentales que el comunicado atribuye a la sentencia.
La consecuencia descrita por los socialistas es la anulación de los decretos y de los efectos desfavorables de la sanción. La condena en costas recae sobre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, circunstancia que García ha incorporado a su exigencia de responsabilidades políticas.
«María Cánovas y Miriam Díaz tomaron las decisiones, su gobierno impulsó los expedientes y ahora somos todos los alhameños quienes tenemos que pagar las consecuencias económicas. La soberbia política de estas dos señoras nos sigue costando dinero», ha declarado.
El PSOE relaciona el fallo con otros conflictos en Protección Civil
Los socialistas sitúan esta resolución dentro de una sucesión de conflictos y procedimientos relacionados con Protección Civil durante el mandato de Cánovas. En su comunicado recuerdan que, en enero de 2026, otra sentencia anuló una multa de 601 euros impuesta a Bartolomé Acosta al apreciar una vulneración de su derecho de defensa.
También citan una resolución de junio de 2026 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Murcia que, según el PSOE, declaró nula la expulsión del excoordinador Luis Reina Marchán. El motivo que recoge la nota es que se le impidió practicar pruebas pertinentes para su defensa, y señala que se ordenó su restitución en la agrupación.
Como antecedente del deterioro de la convivencia interna, el partido menciona además los incidentes ocurridos en la Casa de la Cultura durante unas jornadas de Protección Civil. Según su relato, la Audiencia Provincial de Murcia confirmó en diciembre de 2025 una condena por un delito leve de lesiones al entonces jefe de la agrupación, José Morales, en un episodio por el que también resultó condenado Acosta.
García sostiene que las anulaciones de expedientes obligan a revisar políticamente lo sucedido durante aquella etapa. «Ya no pueden seguir hablando de casualidades, de malentendidos o de errores puntuales. Estamos ante una sucesión de resoluciones judiciales que han ido desmontando las decisiones adoptadas durante el gobierno de María Cánovas», ha afirmado.
El portavoz ha recordado que su grupo denunció públicamente estos hechos y volvió a reclamar responsabilidades el pasado 7 de julio. Ahora exige a Cánovas y Díaz que pidan perdón a Acosta, a Reina y al resto de voluntarios afectados, además de presentar su dimisión como concejalas.
«La Justicia ya ha puesto las cosas en su sitio; ahora les corresponde a ellas asumir las consecuencias políticas de sus actos», ha concluido García.
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