La moción defendida por Miguel Ortega planteaba movilizar 86.000 metros cuadrados y garantizar proyectos, financiación y plazos para promover alquileres asequibles

PP y Vox han votado en contra de una moción del Grupo Parlamentario Socialista para impulsar la construcción de vivienda pública sobre los 86.000 metros cuadrados de suelo ofrecidos por los 13 ayuntamientos de la Región de Murcia gobernados por el PSOE, según ha informado la formación. La iniciativa, defendida este martes 20 de octubre por el diputado Miguel Ortega en el pleno de la Asamblea Regional, no ha salido adelante.
La propuesta reclamaba un programa regional, elaborado en colaboración con los consistorios, para identificar y movilizar parcelas de titularidad autonómica y municipal aptas para construir vivienda protegida. El destino prioritario de esas promociones sería el alquiler asequible, con criterios transparentes de adjudicación y garantías para preservar su finalidad social.
El rechazo ha provocado las críticas de Ortega, que ha contrapuesto la disposición de los ayuntamientos a aportar terrenos con la actuación del Ejecutivo autonómico. El diputado ha exigido que la oferta de suelo se traduzca en proyectos concretos, dotación económica y un calendario de ejecución.
«Los ayuntamientos socialistas están haciendo el trabajo que debería hacer el Gobierno regional: poner suelo público a disposición para construir viviendas que puedan pagar los trabajadores, las familias, los jóvenes y las personas mayores», ha afirmado.
Suelo público con financiación y un calendario de obras
La moción buscaba que la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos trabajaran conjuntamente en la identificación de terrenos disponibles. La propuesta incluía tanto parcelas municipales como suelo autonómico y vinculaba su movilización a la construcción de viviendas protegidas.
Además de localizar esos terrenos y ponerlos a disposición de la Administración regional, la iniciativa planteaba asegurar los recursos necesarios para desarrollar las promociones. El PSOE reclamaba financiación suficiente y plazos de ejecución, dos elementos con los que pretendía convertir la disponibilidad de suelo en una programación de vivienda pública.
El alquiler asequible ocupaba un lugar prioritario en el modelo defendido por Ortega. La propuesta también incorporaba condiciones sobre la adjudicación y el mantenimiento de la finalidad social de las viviendas, con el objetivo de que el esfuerzo público siguiera destinado a facilitar el acceso a un hogar.
Durante su intervención, el diputado sostuvo que movilizar suelo público puede reducir entre un 20 y un 30 % el precio final de una vivienda, de acuerdo con las estimaciones que expuso en el debate. También defendió que los terrenos mantengan su titularidad pública para evitar su incorporación futura a operaciones especulativas.
Ese planteamiento sitúa el debate más allá de la cantidad de viviendas anunciadas: afecta a su precio, a las condiciones de acceso y al destino que conservarían con el paso del tiempo. Son las garantías que el Grupo Socialista considera necesarias para que las promociones respondan a las necesidades de quienes tienen dificultades para acceder al mercado.
Ortega cuestiona el balance de los anuncios de López Miras
El diputado socialista ha dirigido buena parte de sus críticas al presidente autonómico, Fernando López Miras, al que acusa de acumular promesas de vivienda sin resultados en la construcción pública. Según el balance expuesto por Ortega, el Ejecutivo regional mantiene un resultado de «cero viviendas públicas construidas».
En su intervención, el parlamentario citó anuncios de 3.100 viviendas protegidas, otras 1.634 en solares públicos y hasta 25.000 viviendas en cinco años. Los presentó como ejemplos de la distancia que, a su juicio, existe entre los compromisos difundidos por el Gobierno autonómico y su ejecución.
Frente a ese balance, Ortega atribuyó al Gobierno de España actuaciones que abarcan cerca de 4.200 viviendas en la Región de Murcia. La relación aportada por el diputado incluye situaciones diferentes: transferencias de inmuebles, vivienda en alquiler social, promociones en construcción, proyectos y actuaciones en licitación.
Entre ellas mencionó la transferencia de 3.038 viviendas de Sareb a Casa 47, 26 viviendas en construcción en Sangonera la Seca, 55 proyectadas en Churra, 568 en alquiler social y otras 510 en fase de licitación entre Molina de Segura, Murcia y otros territorios.
Las cifras expuestas por el PSOE no corresponden, por tanto, únicamente a viviendas nuevas terminadas, sino a inmuebles y actuaciones en distintas fases. El argumento de Ortega es que existe actividad estatal que contrasta con el balance que atribuye al Gobierno regional.
El parlamentario defendió que la respuesta al problema debe centrarse en aumentar la oferta pública y asequible. Desde esa posición, reclamó al Ejecutivo autonómico que aproveche los terrenos ofrecidos por los ayuntamientos y concrete su participación en la construcción de nuevas promociones.
Garantías de precio y colaboración entre administraciones
Ortega también cuestionó el modelo de vivienda del Partido Popular. Según su denuncia, permite plantear viviendas sin un precio máximo tasado y que personas con niveles de ingresos muy diferentes compitan por acceder a ellas.
«La vivienda pública tiene que servir para garantizar el derecho a vivir en una casa, no para subvencionar operaciones sin asegurar que sean asequibles para quienes más lo necesitan», afirmó.
La crítica enlaza con las condiciones incluidas en la moción: prioridad al alquiler asequible, transparencia en las adjudicaciones y mantenimiento de la finalidad social. Para el diputado, la aportación de suelo público debe ir acompañada de garantías sobre quién podrá acceder a las viviendas y en qué condiciones.
El representante socialista reclamó asimismo colaboración entre el Gobierno regional y los consistorios. Sostuvo que las comunidades autónomas disponen de herramientas para promover vivienda y movilizar suelo, y pidió al Ejecutivo de López Miras que trabaje con los municipios que han ofrecido parcelas.
Tras el rechazo de la iniciativa, Ortega responsabilizó políticamente a PP y Vox de impedir que prosperara esta propuesta. «Los ayuntamientos socialistas han ofrecido 86.000 metros cuadrados de suelo público para dar soluciones reales. Que el PP y Vox se opongan a esta iniciativa demuestra que prefieren bloquear propuestas antes que afrontar el problema», concluyó.
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