El candidato del PSRM al Congreso exige pruebas ante las sospechas electorales y rechaza que los derechos dependan del origen familiar
El candidato del PSRM al Congreso de los Diputados Miguel Ortega ha respondido a las declaraciones realizadas en Murcia por Cayetana Álvarez de Toledo sobre la denominada Ley de Nietos. El socialista ha defendido el derecho al voto de los descendientes de los exiliados republicanos y ha acusado al Partido Popular de sembrar dudas sobre el sistema electoral sin aportar pruebas.
Ortega ha reclamado a la dirigente popular que traslade a los tribunales cualquier indicio de irregularidad que pueda acreditar. Su respuesta sitúa en el centro del debate la igualdad de derechos de los ciudadanos con nacionalidad española reconocida, con independencia de su residencia o de su historia familiar.
«Los derechos de los españoles no pueden depender de dónde vivan ni de quiénes fueran sus abuelos. Si los nietos del franquismo pueden votar, los nietos del exilio también», ha manifestado.
En una nota difundida este 20 de octubre, el candidato socialista también ha denunciado los ataques que atribuye a PP y Vox contra los cónsules españoles en el exterior. A su juicio, ambas formaciones están utilizando los derechos de la ciudadanía residente fuera de España como instrumento de confrontación política.
Una exigencia de pruebas ante las sospechas sobre las elecciones
La respuesta de Ortega parte de su rechazo a que se planteen sospechas sobre una posible alteración electoral sin acompañarlas de pruebas. El candidato ha emplazado expresamente a Álvarez de Toledo a recurrir a la vía judicial si dispone de elementos que sustenten sus afirmaciones.
«Si Cayetana Álvarez de Toledo tiene sospechas de que existe una maniobra para alterar las elecciones, que acuda a los tribunales. Y si no tiene pruebas, que deje de sembrar dudas y defienda la democracia y el voto de 160.000 personas, incluyendo a las 15.000 que ya votaron en 2023 y a las que hoy no les dejan votar», ha afirmado.
Las cifras forman parte de la denuncia política del candidato. Ortega las ha utilizado para subrayar el alcance que atribuye al conflicto y para reclamar que se proteja la participación electoral de las personas afectadas.
El representante socialista considera que cuestionar esos derechos sin acreditar irregularidades perjudica la confianza en el sistema democrático. Su intervención reclama que las discrepancias se aborden mediante los procedimientos correspondientes y que se evite convertirlas en sospechas generales sobre el funcionamiento de las elecciones.
Ortega ha sostenido asimismo que el Gobierno de España está poniendo los medios necesarios para cumplir las exigencias del Tribunal Supremo y garantizar el correcto desarrollo de los procedimientos. La nota socialista no concreta el contenido de esas exigencias ni identifica la resolución a la que se refiere.
Los derechos de los descendientes del exilio y el trabajo de los consulados
El principal argumento del candidato del PSRM es que los antecedentes familiares no deben determinar los derechos de la ciudadanía. Ortega ha defendido que los descendientes de los exiliados republicanos tengan las mismas garantías que los descendientes de quienes permanecieron en España durante la dictadura.
Su respuesta rechaza que la residencia en el extranjero se utilice para cuestionar la condición de ciudadanos de quienes tienen reconocida la nacionalidad española. Desde esa posición, ha considerado incomprensible que PP y Vox pongan en duda el ejercicio del derecho al voto de estas personas.
La referencia a los abuelos y al exilio constituye el eje político de su réplica. Con ella, Ortega busca confrontar las críticas a la Ley de Nietos con una defensa de la igualdad, sin que la trayectoria de generaciones anteriores se convierta en un criterio para reconocer o discutir derechos.
El candidato ha extendido esa defensa a los cónsules españoles en el exterior, cuya labor ha destacado por su relación con la atención y las garantías de la ciudadanía española que vive fuera del país. Según su denuncia, los ataques contra estos responsables forman parte de la misma estrategia de cuestionamiento.
«Lo intolerable es que el PP y Vox conviertan los derechos de miles de españoles en un arma política y alimenten sospechas sobre nuestro sistema democrático. Si desde la oposición ya plantean restricciones al derecho al voto, ¿qué harían si gobernaran?», ha cuestionado.
Ortega vincula así la controversia sobre la nacionalidad y la participación electoral con el trato político que reciben tanto los ciudadanos afectados como quienes intervienen en los procedimientos. Su reclamación es que el debate se mantenga dentro del respeto a sus derechos y al trabajo de los servicios consulares.
Una confrontación que el PSOE extiende a los derechos sociales
La intervención del candidato socialista ha incluido también una crítica más amplia al modelo político de la derecha. Ortega ha relacionado sus planteamientos con los de dirigentes como Javier Milei y los ha contrapuesto a la defensa de los servicios públicos y del Estado del bienestar.
En ese apartado, ha mencionado expresamente las pensiones, el salario mínimo y los salarios dignos como ámbitos que el PSOE se compromete a proteger. Su argumento enlaza la defensa de la participación democrática con la de las condiciones materiales de vida de la ciudadanía.
«Mientras algunos aplauden a quienes quieren recortar derechos y debilitar la protección social, nosotros vamos a seguir defendiendo la democracia, las pensiones, los salarios dignos y los derechos de la mayoría social», ha asegurado.
El candidato ha insistido en que la discusión sobre la Ley de Nietos debe centrarse en el respeto a la ciudadanía. Para Ortega, las diferencias políticas no justifican que se cuestione el derecho de personas con nacionalidad española reconocida a participar en la vida democrática.
Su respuesta a Álvarez de Toledo queda articulada en dos exigencias: que cualquier acusación de irregularidad se acompañe de pruebas y se lleve ante los tribunales, y que la controversia política no sirva para establecer diferencias entre españoles por su residencia o por la historia de sus familias.
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