Fernando Moreno alerta de más de mil incidencias pendientes en el CEIS y reclama personal, vehículos y equipos de protección seguros

El diputado socialista Fernando Moreno ha acusado al consejero de Emergencias, Marcos Ortuño, de incumplir sus compromisos para reforzar el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS). Durante una interpelación en la Asamblea Regional, ha denunciado que las carencias de plantilla y medios persisten pese a los anuncios del Gobierno autonómico y ha señalado un compromiso concreto: «Prometió incorporar a 50 bomberos mediante comisiones de servicio y solo ha incorporado a uno».
Moreno ha dirigido sus críticas al retraso en el cumplimiento de la moción aprobada por la Cámara el 3 de diciembre de 2024 para aumentar la plantilla del consorcio y mejorar las condiciones de los profesionales. Según el diputado, Ortuño «sigue prometiendo e incumpliendo lo mismo durante los dos años que lleva al frente del Consorcio de Bomberos».
La denuncia socialista sitúa el problema tanto en la falta de efectivos como en el estado de los recursos materiales. Moreno ha alertado de que más de la mitad de los parques carece de vehículos de rescate en altura, de que la flota mantiene unidades con más de veinte años y de que existen más de mil incidencias pendientes de resolver.
La intervención ha formado parte de una jornada de control parlamentario en la que el PSOE también ha reclamado explicaciones sobre las listas de espera sanitarias, las becas comedor y el programa de detección del cáncer de mama.
Una bolsa temporal para reforzar los parques de bomberos
Ante la falta de personal, Moreno ha pedido al consejero que estudie la creación de una bolsa temporal de interinos, con todas las garantías legales, mientras se convocan y cubren las plazas definitivas. La propuesta pretende ofrecer una respuesta provisional a las necesidades de los parques durante la tramitación de los procesos de incorporación estable.
El diputado ha vinculado esta petición con la situación de 29 aspirantes que, según ha expuesto, han superado todas las pruebas de acceso. A su juicio, el Gobierno regional debe estudiar cómo aprovechar esa disponibilidad ante las carencias que denuncia en el servicio.
La reclamación de personal ha ido acompañada de una exigencia de inversiones. Moreno ha solicitado un plan para renovar vehículos, mejorar los equipos de protección y reforzar las plantillas, al considerar que las deficiencias afectan a la seguridad de los bomberos y a su capacidad de respuesta ante las emergencias.
«Más de la mitad de los parques carece de vehículos de rescate en altura, la flota acumula vehículos con más de 20 años y el Consorcio tiene más de mil incidencias sin resolver», ha afirmado.
El parlamentario también ha preguntado por las denuncias relativas al reparto de guardias entre funcionarios de la sala de coordinación. Según ha señalado, existen diferencias de más de 1.250 horas extraordinarias entre algunos de ellos, una situación sobre la que ha reclamado una respuesta del Ejecutivo autonómico.
Las críticas abarcan, por tanto, la incorporación de efectivos, la renovación de medios y la organización del trabajo. Moreno ha reprochado al consejero que los anuncios no se hayan traducido en las mejoras comprometidas y ha reclamado que la prioridad se sitúe en las necesidades operativas del consorcio.
«Los bomberos necesitan personal, vehículos y equipos seguros, no más fotografías ni anuncios. Un incendio no espera, una emergencia no espera y un bombero no puede apagar un fuego con políticas de anuncios y notas de prensa. Menos anuncios y más bomberos», ha concluido.
Las listas de espera y las mamografías pendientes llegan al pleno
En el ámbito sanitario, la diputada socialista Virginia Lopo ha relacionado la duración de las bajas laborales con los retrasos en el acceso a consultas, pruebas diagnósticas y rehabilitación. Según las cifras expuestas por la parlamentaria, la duración media de estos procesos alcanza los 61 días en la Región de Murcia, frente a los 44 de la media española.
Lopo ha situado esa diferencia en un contexto en el que, según ha señalado, 140.507 pacientes superan los tiempos máximos de espera o no tienen cita asignada. Su denuncia sostiene que las demoras sanitarias retrasan diagnósticos y tratamientos y, con ello, prolongan los procesos de recuperación.
La diputada ha rechazado que se responsabilice a los trabajadores o a los profesionales de Atención Primaria de esta situación. «Los médicos de Atención Primaria no cometen fraude ni los trabajadores se dan de baja por ser vagos; las bajas las prescribe un médico porque están enfermos», ha manifestado.
También ha advertido del aumento de las bajas relacionadas con problemas de salud mental y ha reclamado más prevención y recursos asistenciales. Para Lopo, la respuesta debe centrarse en facilitar una atención que permita diagnosticar y tratar a tiempo.
Por su parte, la viceportavoz socialista Marisol Sánchez ha exigido que el Gobierno regional publique la auditoría del programa de cribado de cáncer de mama y cumpla los acuerdos aprobados por la Asamblea. También ha reclamado ampliar las pruebas a mujeres de entre 45 y 74 años, una medida que, según ha recordado, López Miras comprometió en 2022.
Sánchez ha denunciado que 480 mujeres esperan una mamografía: 314 habrían superado el plazo máximo legal y otras 166 no tendrían fecha asignada. La diputada ha pedido, además, un protocolo común para las nueve áreas de salud que garantice la atención a mujeres con síntomas sospechosos, con independencia de su edad o del momento de su última revisión.
La parlamentaria ha reclamado a la Consejería de Salud que publique los datos y resuelva las demoras, subrayando el sufrimiento que la espera provoca en las afectadas y sus familias.
El PSOE reclama ampliar las becas comedor ante la pobreza infantil
La cobertura de las ayudas de comedor escolar ha sido otro de los asuntos planteados por el Grupo Parlamentario Socialista. Su viceportavoz, Juan Andrés Torres, ha cuestionado los requisitos económicos de acceso y ha reclamado a la Consejería de Educación que amplíe el número de familias beneficiarias.
Torres ha situado en el 44 % la proporción de menores en riesgo de pobreza en la Región y ha denunciado que la cobertura de las becas resulta insuficiente frente a esa necesidad. Como ejemplo de las restricciones, ha señalado que una familia de cuatro miembros con ingresos superiores a 11.520 euros anuales queda fuera de estas ayudas.
El diputado ha defendido el comedor escolar como un recurso para garantizar una alimentación saludable y apoyar la conciliación. Según su planteamiento, los límites de renta establecidos impiden acceder a familias que necesitan ese respaldo.
«Los requisitos económicos establecidos por el Gobierno de López Miras dejan fuera a miles de familias que necesitan estas ayudas para garantizar una comida saludable al día a sus hijos e hijas, mientras el Ejecutivo regional renuncia a utilizar esta herramienta fundamental para combatir la desigualdad y apoyar la conciliación familiar», ha denunciado.
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