LasNoticiasRM ha tenido acceso al expediente de la residencia San Isidro, que recoge una consulta sobre coagulación y cuidados anotados mientras la mujer estaba hospitalizada
Una consulta de enfermería sobre la necesidad de realizar una analítica de coagulación, hematomas que aumentaban y registros de cuidados durante una hospitalización. El expediente de la residente de San Isidro de Yecla que falleció en abril de 2023 contiene datos que no quedaron suficientemente aclarados antes de que el IMAS propusiera desestimar la reclamación de su familia. LasNoticiasRM ha tenido acceso a esa documentación y su análisis permite reconstruir los días anteriores al traslado al hospital y contrastar las anotaciones originales con las explicaciones posteriores.
La mujer tenía 91 años, Alzheimer avanzado y un reconocimiento de gran dependencia. Ocupaba una plaza pública concertada por el Instituto Murciano de Acción Social en la residencia San Isidro, gestionada por Gestión Geriátrica 2010, S.L. Fue trasladada al Hospital Virgen del Castillo el 2 de abril de 2023 y falleció allí el día 13. Sus tres hijos reclaman 74.129,16 euros por los daños derivados de su muerte.
Este periódico informó el pasado 30 de junio del dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia que rechazó avalar la propuesta de desestimación del IMAS. El órgano consultivo consideró necesario completar la instrucción porque la familia no había podido conocer y responder a nuevos informes incorporados después de su trámite de audiencia.
El acceso al expediente permite ahora ir más allá de aquel defecto procedimental. Los documentos aportan detalles sobre el control de una paciente anticoagulada con Sintrom, las decisiones adoptadas ante su deterioro y la fiabilidad de una parte de los registros utilizados para reconstruir la atención. La residencia sostiene que sus profesionales actuaron correctamente y rechaza responsabilidad en el fallecimiento.
Una consulta sobre coagulación cuya respuesta no queda aclarada
El seguimiento de enfermería del 1 de abril de 2023, el día anterior al traslado hospitalario, contiene una anotación especialmente relevante. En una entrada iniciada a las 17:44, la profesional describe una llamada al médico de la residencia para informarle de que la usuaria no quería ingerir alimentos ni líquidos y de que esa noche finalizaba su pauta de antibiótico.
Según el registro, la enfermera consultó si era necesario canalizar una vía para evitar la deshidratación. La respuesta que dejó anotada fue continuar intentando la hidratación oral en pequeños sorbos, controlar la tensión y avisar al 112 si aparecían tensiones bajas.
A continuación escribió: «Informo del aumento de hematomas». La anotación añade que planteó si era necesario solicitar una analítica de coagulación, puesto que la residente tomaba Sintrom y en ocasiones no ingería la medicación.
El documento recoge una respuesta concreta sobre la hidratación, pero no precisa qué contestó el facultativo a la consulta sobre la analítica. Esa diferencia afecta al núcleo de la reclamación familiar: qué seguimiento se hizo del sangrado de una persona que recibía tratamiento anticoagulante.
Los registros identifican un control de INR, la prueba utilizada para supervisar ese tratamiento, realizado el 13 de marzo. La siguiente comprobación estaba prevista para el 3 de abril. Sin embargo, entre ambas fechas aparecen anotaciones de hematomas y sangre en los pañales.
El 25 de marzo, enfermería registra hematomas en brazos y muslos. Las auxiliares también describen moratones extensos y, al día siguiente, sangre en el absorbente. El 27 se documentan hematuria e hipotensión. Por orden médica se administra suero y la tensión mejora; ese día se pauta ciprofloxacino y se obtiene una muestra para cultivo.
La evolución posterior incluye controles estables y nuevas valoraciones. El 29 de marzo se registra una revisión médica con tensión y saturación conservadas. El día 30 se comprueba que el microorganismo aislado en el cultivo es sensible al antibiótico prescrito y se mantiene el tratamiento. Al mismo tiempo, los seguimientos de auxiliares continúan recogiendo sangre en los pañales.
Uno de los facultativos reconoce en su explicación posterior que el antibiótico podía alterar el efecto del Sintrom. Remite al control anterior y a la siguiente fecha prevista, pero los registros entregados no reflejan una nueva comprobación de coagulación en la residencia antes de la derivación al hospital.
El informe retrospectivo de enfermería presentado en marzo de 2025 vuelve a relatar la conversación sobre hidratación del 1 de abril, pero no reproduce aquella pregunta concreta sobre la analítica. Tampoco las valoraciones administrativas posteriores despejan qué decisión se adoptó al respecto.
Esta laguna documental no demuestra que el médico rechazara expresamente realizar la prueba. Sí deja sin aclarar cómo se respondió a una consulta relacionada con el sangrado y el aumento de hematomas que se estaban observando.
El deterioro previo al traslado y las explicaciones del centro
Durante el 1 de abril, enfermería registra saturaciones de oxígeno del 80–82 %, dificultades de ingesta y aumento de hematomas. Se administra oxígeno y, después de cambiar la mascarilla por gafas nasales, se anota una mejoría de la saturación hasta el 96–97 %.
Los profesionales describen también las dificultades para mantener ese tratamiento: la residente se retiraba los dispositivos y rechazaba parte de los líquidos y alimentos ofrecidos. Las indicaciones recogidas incluyen vigilancia, controles de constantes e intentos de hidratación según tolerancia.
Durante la noche del 1 al 2 de abril vuelven a aparecer saturaciones en torno al 80–83 %. A la mañana siguiente, enfermería informa a una hija de la falta de mejoría y de que avisará al 112 para que la paciente sea valorada. Antes de la llegada del equipo, durante el aseo, se describen dos episodios de posible rectorragia.
El traslado al Hospital Virgen del Castillo se produce el 2 de abril. La documentación de Urgencias recoge hipotensión, anemia, alteración de la función renal, hematomas y sospecha de coagulopatía por Sintrom. El diagnóstico principal del informe hospitalario posterior es shock séptico de origen urinario.
El expediente acredita, por tanto, tanto el deterioro de la mujer como la existencia de actuaciones asistenciales. Hubo valoraciones médicas, tratamiento antibiótico, administración de suero, oxigenoterapia y vigilancia. La controversia está en si esas medidas y el momento de la derivación fueron adecuados ante la evolución registrada.
La residencia defiende que sus profesionales siguieron la situación de la usuaria y actuaron conforme a las necesidades que se iban presentando. Los médicos destacan la mejoría de determinadas constantes y la adecuación del antibiótico al resultado del cultivo.
El estudio médico aportado por la familia también considera correcto el tratamiento antibiótico de la infección, pero cuestiona el manejo del sangrado en una paciente anticoagulada. Se trata de un estudio preliminar de viabilidad, no de una demostración definitiva de la relación entre una actuación concreta y el fallecimiento.
Ni el dictamen del Consejo Jurídico ni la documentación analizada permiten afirmar que la muerte se debiera a una sobredosis de Sintrom o que hubiera podido evitarse con certeza. Lo que sí permiten identificar son decisiones y discrepancias que necesitaban una explicación clínica más precisa.
Cuidados anotados durante la hospitalización y preguntas de la familia
La revisión de los registros descubre otro problema. Mientras la mujer permanecía ingresada en el hospital, en su historia de la residencia aparecen anotaciones de comidas, líquidos, medicación y otros cuidados.
La noticia publicada en junio ya recogía que el centro había reconocido errores de atribución a otra usuaria. El expediente permite ahora concretar su alcance: no son únicamente tareas previstas, sino registros con cantidades de ingesta y casillas que identifican actuaciones como realizadas.
El 4 de abril, una entrada advierte: «Añado registro pero la residente no se encuentra en la residencia». Otra anotación de ese mismo día señala «ERROR». Sin embargo, en fechas posteriores continúan apareciendo cuidados atribuidos a la mujer, hasta el 12 de abril, cuando seguía hospitalizada.
La dirección explica que esas anotaciones correspondían a otra residente y atribuye la confusión a errores humanos durante la adaptación del personal auxiliar al programa Resiplus. Sostiene que entregó la documentación tal como figuraba, sin manipularla, y que posteriormente se implantaron medidas para bloquear a los usuarios ausentes.
La discordancia no se limita a los días de hospitalización. El 1 de abril figura un desayuno del 100 %, mientras enfermería recoge que las auxiliares habían informado de que la mujer no había querido desayunar. Esa diferencia requiere determinar qué anotaciones corresponden realmente a la paciente y qué fiabilidad tienen para reconstruir sus cuidados.
Los errores documentales no prueban una falsificación deliberada ni que se administraran medicamentos a otra persona. Pero su existencia impide utilizar todas las anotaciones como si fueran un relato homogéneo y verificado de la asistencia.
Los seguimientos también conservan las primeras preguntas de la familia sobre lo sucedido. El 3 de abril, enfermería deja constancia de que una hija preguntó por qué no se había derivado antes a su madre al hospital. La respuesta anotada alude a las valoraciones de los médicos, al tratamiento de la infección y a las dificultades para ingerir comida y medicación.
Una semana después, el 10 de abril, se incorpora un correo de un hijo: «Mi madre llegó al hospital en estado muy grave con casi todo el cuerpo morado, deshidratada por completo y ya nos han dicho que no mejora. No entiendo que no se nos avisase antes».
La apreciación sobre su estado forma parte de la queja familiar. La fecha del mensaje acredita, en cambio, que esas preguntas ya se habían trasladado al centro antes del fallecimiento y mucho antes de la reclamación patrimonial.
El expediente conocido por LasNoticiasRM añade así hechos concretos a la controversia: una consulta sobre coagulación sin respuesta aclarada, registros de cuidados erróneos y protestas contemporáneas al ingreso hospitalario. Son elementos que deben confrontarse con las explicaciones de los profesionales para determinar qué atención recibió la mujer y si fue adecuada a la evolución que los propios documentos describen.
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