El sindicato denuncia sobrecarga en las plantillas y exige desarrollar la carrera profesional, el Grupo B y los compromisos pendientes desde 2023
UGT Servicios Públicos ha denunciado este jueves el deterioro de la Administración regional que atribuye a las restricciones a la contratación temporal impuestas desde abril por la Consejería de Hacienda. El sindicato sostiene que estas limitaciones están aumentando la sobrecarga de las plantillas y debilitando los servicios que recibe la ciudadanía, mientras siguen pendientes de desarrollo compromisos laborales firmados por el Gobierno autonómico en 2023.
La organización ha realizado estas críticas con motivo de la reunión extraordinaria de la Mesa General de Negociación de Función Pública celebrada este 29 de octubre. Según explica, la convocatoria se ha producido sin reuniones previas de las mesas sectoriales de Administración y Servicios y Educación, mientras que la de Sanidad se ha celebrado apenas unas horas antes.
El secretario general de UGT Servicios Públicos, Antonio Martínez Peñaranda, reclama una negociación colectiva efectiva, dotación presupuestaria y calendarios concretos para ejecutar los acuerdos. También rechaza que el Ejecutivo vuelva a presentar como novedades cuestiones que, según el sindicato, ya estaban pactadas y firmadas años atrás.
Entre sus principales exigencias figuran el refuerzo estable de las plantillas, la implantación del Grupo B, el desarrollo del teletrabajo, las medidas de conciliación y la aplicación de todos los tramos de la carrera profesional en Administración y Servicios y Educación.
Restricciones desde abril y sobrecarga de las plantillas
UGT sitúa uno de los principales problemas en las limitaciones a la contratación temporal que, según denuncia, Hacienda aplica desde el pasado mes de abril alegando falta de presupuesto. La organización cuestiona esa justificación y advierte de las consecuencias que estas restricciones tienen sobre el funcionamiento de la Administración.
El sindicato sostiene que la situación está provocando una creciente sobrecarga laboral y un desgaste de los empleados públicos. A su juicio, la falta de personal repercute también en la calidad de la atención que reciben los ciudadanos de la Región de Murcia.
Por ello, reclama adecuar las plantillas a las cargas de trabajo y avanzar en su estructuración estable. Esta petición forma parte de una relación más amplia de asuntos en los que la organización asegura seguir esperando avances reales del Gobierno autonómico.
En esa lista incluye la clasificación y reclasificación profesional, la promoción interna, la homogeneización retributiva y las medidas relacionadas con la jornada y la conciliación. También reclama desarrollar el teletrabajo, otro de los ámbitos que considera pendientes.
UGT vincula estas reivindicaciones al Acuerdo Marco del 10 de mayo de 2023, que desarrollaba en el ámbito regional el acuerdo estatal para una Administración del siglo XXI suscrito en 2022. La organización exige explicaciones por lo que considera incumplimientos y falta de desarrollo de los compromisos adquiridos.
Críticas a una negociación fragmentada entre consejerías
Martínez Peñaranda ha cuestionado tanto el contenido como el procedimiento de la negociación. El responsable sindical rechaza que las conversaciones se fragmenten entre diferentes consejerías y reclama preservar el papel de la Dirección General de Función Pública y de las mesas formalmente constituidas.
«No podemos aceptar que se pretenda sustituir la negociación colectiva por negociaciones fragmentadas a través de las distintas consejerías, vaciando de contenido a la Dirección General de Función Pública y a las mesas de negociación legalmente constituidas», ha manifestado.
La crítica se produce después de una Mesa General que, según UGT, ha vuelto a abordar materias cerradas con anterioridad. Martínez Peñaranda sostiene que se han presentado como novedades asuntos «ya cerrados años atrás, pactados, acordados y firmados».
El secretario general ha recurrido a la expresión «eterno día de la marmota» para describir lo que considera una repetición de negociaciones sobre derechos laborales cuyo cumplimiento sigue pendiente.
Frente a esta situación, UGT reclama que las reuniones desemboquen en compromisos ejecutables, con financiación y fechas. La organización mantiene su disposición al diálogo, pero exige una negociación basada en la buena fe y el respeto institucional.
Carrera profesional con efectos desde enero de 2024
Una de las principales demandas del sindicato es la implantación de todos los tramos de la carrera profesional en Administración y Servicios y Educación. UGT solicita que se reconozcan con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, conforme a los compromisos que atribuye al Acuerdo Marco de mayo de 2023.
Martínez Peñaranda reclama, además, acabar con las diferencias económicas y laborales entre los distintos sectores de la Administración autonómica mediante la homogeneización comprometida. El responsable sindical advierte de que «las mejoras previstas para un sector no pueden suponer el olvido de los demás».
La organización también exige un estudio riguroso de las funciones, titulaciones y responsabilidades del personal, acompañado de la correspondiente dotación presupuestaria. Su objetivo es que ese trabajo permita modernizar la Administración y desarrollar el Grupo B conforme al artículo 76 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
UGT insiste en que el desarrollo de estas medidas debe ir acompañado de recursos y de un calendario concreto. Su reclamación abarca tanto la aplicación de los acuerdos pendientes como el refuerzo de las plantillas para responder a las necesidades de los servicios públicos.
«Los derechos del personal empleado público no pueden depender de decisiones políticas coyunturales. Los acuerdos se firman para cumplirse, no para volver a negociarlos indefinidamente», ha concluido Martínez Peñaranda.
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