El Consejo Jurídico exige completar el expediente del proyecto de 4,6 millones anunciado en 2022, tras más de tres años sin las licencias necesarias
El Ayuntamiento de Alcantarilla tramitó la extinción de la concesión del complejo Murcia Internacional Pádel Arena sin haber emitido un informe jurídico de la Secretaría municipal que el Consejo Jurídico de la Región de Murcia considera esencial. El órgano consultivo también detectó que faltaban la propuesta de resolución y una copia del acuerdo que inició el procedimiento. Su dictamen reclama completar el expediente, dar una nueva audiencia a la empresa y volver a someter el asunto a consulta.
Las deficiencias afectan al intento municipal de retirar una concesión adjudicada en 2022 para construir y explotar unas instalaciones deportivas sobre una parcela pública. El proyecto se presentó con una inversión privada anunciada de 4,6 millones de euros y el compromiso de comenzar las obras a principios de 2023. Sin embargo, el expediente examinado recoge que, más de tres años después, la empresa seguía sin disponer de las licencias urbanística y de actividad necesarias.
El dictamen, aprobado el 30 de septiembre de 2026, cuestiona la tramitación realizada por el Consistorio, pero no resuelve todavía el conflicto de fondo. El Ayuntamiento atribuye el bloqueo a deficiencias reiteradas en la documentación de la concesionaria, mientras que esta defiende las actuaciones realizadas para obtener los permisos y mantiene un recurso judicial contra la caducidad del primer procedimiento de licencia.
Un proyecto de 4,6 millones anunciado para 2023
El complejo deportivo se presentó públicamente en diciembre de 2022, durante la etapa de Joaquín Buendía como alcalde. La comunicación oficial del Ayuntamiento anunciaba doce pistas de pádel, tres de ellas cubiertas, gimnasio, piscina y una residencia para deportistas con 52 habitaciones. Las instalaciones ocuparían 10.000 metros cuadrados en la zona del Cabezo Verde, junto al polideportivo municipal Manuel Ruiz Pérez.
En aquella presentación participaron Buendía, el entonces secretario general de la consejería regional competente en Deportes, Juan Antonio Lorca, y representantes del ámbito deportivo y de la empresa promotora. El Ayuntamiento situó el inicio de las obras a principios de 2023 y destacó la inversión y la creación de empleo que se esperaban del proyecto.
La concesión había sido adjudicada el 27 de octubre de 2022 y se formalizó el 23 de noviembre. Su duración inicial era de treinta años, con posibilidad de una prórroga de cinco, y la adjudicataria debía abonar un canon anual de 55.000 euros. Además, constituyó una garantía definitiva de 148.363,53 euros para responder del cumplimiento de sus obligaciones.
Los pliegos establecían que el proyecto de ejecución debía presentarse en un máximo de tres meses desde la formalización. La empresa tenía que solicitar simultáneamente la licencia urbanística y obtener los permisos necesarios para desarrollar la actividad. También contemplaban la extinción de la concesión por incumplimiento injustificado de los plazos o por no conseguir las autorizaciones dentro de los periodos establecidos o prorrogados.
El 31 de marzo de 2026, el responsable municipal de la concesión informó de que habían transcurrido más de 36 meses de tramitación sin obtener las licencias. Atribuyó esa situación a incumplimientos de la concesionaria y consideró que impedía aprobar definitivamente el proyecto y ejecutarlo conforme al calendario previsto.
La Junta de Gobierno Local acordó iniciar el procedimiento de extinción el 28 de abril. Tras las alegaciones de la empresa, el órgano municipal las desestimó el 7 de julio y remitió el expediente al Consejo Jurídico, cuya intervención era preceptiva.
Un expediente incompleto para una decisión con consecuencias económicas
La objeción más relevante del Consejo aparece en el análisis del procedimiento seguido. El dictamen señala que no se había emitido el informe jurídico del secretario municipal para fundamentar la causa de extinción y sus efectos.
El órgano consultivo explica que retirar una concesión de dominio público por incumplimiento supone ejercer una potestad administrativa que afecta a los derechos de un tercero. La decisión exige valorar si existe incumplimiento, si reviste suficiente gravedad y si la medida resulta proporcionada.
Además, puede producir consecuencias patrimoniales relacionadas con las garantías, las posibles indemnizaciones, la reversión de bienes y la liquidación de la concesión. Por esas razones, el Consejo considera esencial la intervención jurídica de la Secretaría municipal.
El documento también advierte de que no se había elaborado la propuesta de resolución. Ese trámite debía precisar la causa legal que justificaría extinguir la concesión. A ello se sumaba la ausencia, entre la documentación remitida, de una copia del acuerdo de inicio del 28 de abril, una carencia documental que no equivale a afirmar que dicho acuerdo no existiera.
La conclusión exige incorporar esa documentación y emitir el informe de Secretaría. Después deberá ofrecerse una nueva audiencia a la concesionaria, informándola de los posibles efectos de la extinción, para que pueda formular alegaciones. Finalmente, el Ayuntamiento tendrá que elaborar una propuesta de resolución y enviarla de nuevo al Consejo.
El dictamen tampoco ordena incautar los 148.363,53 euros de garantía ni fija una indemnización. Reclama que las consecuencias de la eventual extinción se estudien y se concreten mediante la tramitación correspondiente.
Asimismo, aclara que en esta operación prevalece la naturaleza de concesión de dominio público, por lo que debe aplicarse prioritariamente la normativa patrimonial. El elemento principal es la ocupación y explotación privativa de una parcela municipal, aunque la adjudicataria asumiera la obligación de construir las instalaciones.
El Ayuntamiento y la empresa discrepan sobre el bloqueo
La versión municipal recogida en el dictamen atribuye el retraso a numerosas omisiones y deficiencias de los proyectos presentados. El Ayuntamiento sostiene que los servicios técnicos las advirtieron reiteradamente y requirieron su subsanación, sin que se corrigieran pese al tiempo transcurrido.
Según ese planteamiento, la falta de viabilidad urbanística después de más de tres años perjudica al interés municipal y justifica poner fin a la concesión. El Consistorio también defiende que la presentación de una nueva solicitud de licencia no impide tramitar la extinción por los incumplimientos anteriores.
La empresa reconoció en sus alegaciones que no había obtenido las licencias, pero rechazó la interpretación municipal. Sostuvo que había aportado documentación de manera continuada, intercambiado comunicaciones con los técnicos y mantenido reuniones para aclarar y subsanar los reparos.
También explicó que recurrió ante la jurisdicción contencioso-administrativa la caducidad del primer procedimiento de licencia de obras. Según consta en el dictamen, ese recurso estaba pendiente de resolución.
Paralelamente, la concesionaria había iniciado una nueva solicitud y aportado un proyecto visado para un centro deportivo de pádel con residencia y piscina. Añadió una certificación de conformidad urbanística emitida por una entidad colaboradora acreditada y defendió que debía atenderse al resultado de esa tramitación antes de decidir sobre la continuidad de la concesión.
El Ayuntamiento respondió que ese certificado no sustituía la verificación y el control de los servicios municipales. También rechazó que la confianza legítima invocada por la empresa pudiera justificar un incumplimiento sustancial de los plazos.
El Consejo Jurídico recoge ambas posiciones, pero deja pendiente su pronunciamiento sobre la procedencia de extinguir la concesión hasta que se complete el expediente. Su conclusión acredita las carencias del procedimiento remitido, sin atribuir definitivamente a una de las partes la responsabilidad por el bloqueo.
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