«La exclusión social no se combate con multas ni criterios policiales, ni la pobreza se gestiona como un problema de orden público»
Lo que está ocurriendo con el Servicio Municipal de Emergencia y Acción Social (SEMAS) del Ayuntamiento de Murcia no es una simple reorganización administrativa. Es un síntoma de hacia dónde quieren llevar las políticas sociales quienes gobiernan nuestras instituciones.
La decisión del Gobierno municipal del PP de imponer una dirección compartida entre un policía local y un trabajador social, rompiendo con casi tres décadas de coordinación exclusivamente profesional desde el ámbito del Trabajo Social, ha provocado la protesta de la plantilla y el rechazo de las organizaciones sindicales y profesionales. Y no es para menos.
Conviene decirlo sin rodeos, la exclusión social no se combate con multas ni criterios policiales, ni la pobreza se gestiona como un problema de orden público. Las personas sin hogar no son un estorbo que haya que apartar de nuestras calles para que dejen de incomodar a quienes prefieren no verlas. Son ciudadanos con derechos que necesitan atención, recursos y políticas públicas capaces de combatir las causas de su situación.
Por supuesto que la Policía Local tiene un papel importante en la colaboración y atención de determinadas emergencias. Pero una cosa es colaborar y otra muy distinta pretender trasladar al ámbito policial la dirección de un servicio cuya razón de ser es la intervención social. Confundir ambas responsabilidades no es modernizar la Administración, es desnaturalizar un servicio público.
Pero sería un error quedarse únicamente en Murcia capital. Lo ocurrido debe analizarse en el contexto político de una Región donde el PP ha decidido compartir gobiernos municipales con VOX, asumiendo como precio de sus alianzas la normalización de una agenda ideológica que cuestiona las políticas de igualdad, inclusión y protección social.
El PP no puede esconderse detrás de la supuesta moderación de sus siglas mientras gobierna de la mano de quienes convierten los derechos sociales en objeto de batalla ideológica. Tampoco puede pretender que sus pactos son meros acuerdos de gobernabilidad sin consecuencias sobre las prioridades y la orientación de las instituciones.
Cuando se gobierna con quienes consideran las políticas sociales un problema ideológico, tarde o temprano esas políticas acaban pagando el precio del pacto.
El Trabajo Social no es una profesión auxiliar ni un instrumento al servicio de las ocurrencias del gobernante de turno. Es una disciplina con formación, metodología, competencias y principios éticos propios. Sus profesionales no necesitan tutelas políticas ni subordinaciones ajenas a su responsabilidad técnica. Necesitan reconocimiento, recursos y autonomía para ejercer su trabajo con garantías.
Por eso, la protesta de los trabajadores del SEMAS merece todo nuestro apoyo. No están defendiendo una parcela de poder, sino la dignidad de una profesión y la calidad de un servicio esencial para quienes más necesitan de las instituciones públicas.
La derecha suele hablar mucho de libertad, responsabilidad y esfuerzo individual. Sin embargo, cuando toca garantizar derechos a quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad, parece olvidar que la igualdad de oportunidades no se proclama, se construye con políticas públicas, profesionales cualificados y recursos suficientes.
Una Administración pública no puede convertirse en un instrumento para imponer prejuicios ideológicos ni en una maquinaria para ocultar las consecuencias de la desigualdad.
La pobreza no se combate escondiendo a los pobres. La exclusión no se resuelve con uniformes. Y los derechos sociales no pueden quedar a merced de los pactos de la derecha con la extrema derecha.
Defender el Trabajo Social es defender los servicios públicos, la dignidad humana y una sociedad que no abandona a nadie. Y frente a quienes pretenden retroceder en ese camino, no cabe la equidistancia, hay que tomar partido.
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