El Consejo Jurídico advierte que el expediente no acredita si lo enseñado en 2025-2026 coincide con la formación exigida para expedir los títulos

Cuando el alumnado de segundo de FP de grado medio y superior terminó el curso 2025-2026 en la Región de Murcia, la Consejería de Educación todavía no había aprobado el currículo autonómico de las optativas que acababa de cursar. Educación pretende dar a la futura orden efectos académicos desde el inicio de aquel curso. Al examinar el proyecto, el Consejo Jurídico ha encontrado una carencia que afecta directamente a esa decisión: en el expediente no se acredita que la formación recibida en las aulas se corresponda con la que recoge el texto presentado para su aprobación.
La advertencia figura en el Dictamen 326/2026, aprobado el 2 de noviembre, sobre el catálogo regional de módulos optativos. El órgano consultivo recuerda que la superación de un ciclo, requisito para obtener el título, exige que exista equivalencia entre lo que estudió el alumno y lo que establece el programa formativo. La memoria de la Consejería ni siquiera indica, según el dictamen, que el profesorado tomara como referencia un borrador de los currículos que Educación quiere aprobar con efectos retroactivos.
El alcance de esa objeción es documental y académico. El Consejo Jurídico no identifica ningún centro que impartiera contenidos incorrectos ni da cuenta de títulos denegados o anulados. Lo que reprocha a Educación es que haya concluido el curso y que, al someter la orden a examen, la Administración no haya justificado la correspondencia de la que depende la expedición de esos títulos.
Un catálogo en internet para un módulo de 80 horas
Los centros sí disponían de una referencia antes de que empezaran las clases. Una resolución de la Dirección General de Formación Profesional de 30 de julio de 2025, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el 12 de agosto, les indicaba que podían consultar el catálogo de optativas en el portal educativo Llegarás Alto mientras se producía la publicación oficial del currículo. Las instrucciones situaban el módulo en segundo curso, con 80 horas de duración y dos horas semanales. La consulta pública para elaborar la orden autonómica se abrió el 18 de septiembre de aquel año.
La distinción entre el catálogo que los centros podían consultar y la orden que debía aprobarlo cobra importancia al examinar qué contiene el proyecto. Un anexo relaciona los módulos, los ciclos en los que pueden ofrecerse y el profesorado al que corresponde impartirlos. Otro recoge, para cada optativa, los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y los contenidos. Que una asignatura figurara con su nombre en una oferta publicada no acredita por sí solo que el alumnado fuera evaluado conforme a los mismos criterios que Educación incorporó después a la orden.
El Consejo Jurídico admite que la retroactividad es jurídicamente posible. Advierte, sin embargo, de que atribuir efectos a la norma desde septiembre de 2025 no cambia las clases que recibió el alumnado ni las evaluaciones que ya se realizaron. La cuestión cobra especial relevancia en segundo curso: cuando el expediente llegó al órgano consultivo, la promoción que había estudiado esas optativas ya había tenido tiempo de completar el ciclo entero.
Un nuevo reproche tras las advertencias sobre grado medio y superior
LasNoticiasRM ya informó en septiembre de que Educación había implantado los nuevos currículos de FP superior y de grado medio antes de aprobar las órdenes autonómicas correspondientes. Los dictámenes 257/2026 y 264/2026 examinaron aquellos dos proyectos. El segundo comprendía 48 títulos de Técnico. El nuevo pronunciamiento se refiere a un expediente distinto, el de la parte optativa que comparten ambos niveles, y documenta cómo se reprodujo el problema en un módulo concreto del último curso. El dictamen no cuantifica cuántos estudiantes lo cursaron.
El Consejo emplea el verbo «reincide» para describir la actuación de la Consejería y expresa su «inquietud y rechazo» ante una práctica que ya había censurado en anteriores ocasiones. También recuerda en quién recae el posible perjuicio: el alumnado se matricula confiando en que las enseñanzas que ofrece la propia Administración cumplen los requisitos académicos. Por eso pide que tanto la memoria como la parte expositiva de la orden expliquen las razones por las que se demoró su aprobación.
La cronología del expediente añade un dato al reproche. Educación remitió la primera consulta el 10 de septiembre de 2026, ya terminado el curso al que quería extender los efectos de la norma. El 30 de septiembre, el pleno del Consejo Jurídico requirió a la Consejería que subsanara la solicitud. La había formulado un órgano que carecía de competencia para hacerlo y faltaban dos documentos preceptivos: el extracto de secretaría y una copia autorizada que permitiera identificar el texto definitivo sobre el que se pedía dictamen.
El departamento volvió a presentar la consulta el 7 de octubre, esta vez por delegación del consejero y con carácter urgente. La diligencia destinada a certificar que se trataba de la última versión llegó sin firma. Educación subsanó ese defecto el 14 de octubre. El Consejo dio prioridad al asunto por sus implicaciones académicas, aunque señaló que entre la documentación remitida seguían sin figurar el texto inicial del proyecto y las observaciones que había formulado la Inspección de Educación.
El error de un centro podría dejar sin una optativa a los demás
La revisión del proyecto también ha revelado un problema que afecta a la oferta futura. El artículo 8 permite revocar la autorización de un módulo si se incumple el diseño aprobado. Tal como está redactado, explica el Consejo Jurídico, si un centro imparte de forma defectuosa una optativa, la revocación supondría excluirla del catálogo regional. También perderían la posibilidad de ofrecerla los centros que hubieran respetado los contenidos y los criterios de evaluación. El órgano consultivo propone limitar las consecuencias al centro responsable del incumplimiento.
Para las modificaciones o supresiones ordinarias de módulos, el dictamen recomienda que los cambios surtan efecto a partir del curso siguiente. Así, quienes ya se hayan matriculado podrían terminar la optativa en las condiciones en las que la eligieron. Ambas observaciones afectan a la redacción de la futura orden. En sus conclusiones, el Consejo reconoce la competencia del consejero para aprobarla y no formula objeciones esenciales al proyecto.
Para la promoción de 2025-2026, la cuestión pendiente es anterior a cualquiera de esos cambios. Educación ha aportado un catálogo elaborado por especialistas docentes y dispone de unas instrucciones que remitían a los centros a su portal educativo. Lo que el Consejo Jurídico echa en falta es que la Consejería documente el paso que une ambos elementos: qué currículo siguieron los centros durante aquel curso y cómo comprobó la Administración que coincide con el que pretende aplicar al alumnado una vez terminados sus estudios.
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