Manolo Torres sostiene que la parcela necesita descontaminación y defiende que el Ministerio dispone de fondos y voluntad para impulsar el proyecto
El secretario general del PSOE de Cartagena, Manolo Torres, ha responsabilizado al Ayuntamiento de los retrasos de la futura Ciudad de la Justicia al sostener que la parcela cedida al Ministerio presenta contaminación y necesita actuaciones previas. El dirigente socialista ha reclamado a la alcaldesa, Noelia Arroyo, que explique las condiciones del terreno y ha rechazado que se atribuya al Gobierno de España la demora en la puesta en marcha de la infraestructura.
Según la nota difundida este miércoles por el PSOE, la necesidad de descontaminar el suelo está condicionando los plazos del proyecto. Torres defiende que el Ministerio tiene financiación e intención de comenzar los trabajos con celeridad, pero que debe resolver antes las circunstancias de la parcela para avanzar con garantías.
El dirigente también acusa al equipo municipal de haber retrasado la cesión durante más de dos años. Su intervención sitúa tanto la tramitación del suelo como su estado entre los factores que, a su juicio, explican la espera.
La denuncia socialista no incorpora informes técnicos sobre la contaminación ni un calendario de las actuaciones necesarias. Las afirmaciones sobre las condiciones de los terrenos y su incidencia en los plazos corresponden al balance trasladado por Torres.
La descontaminación, en el centro de la disputa por los plazos
El secretario general del PSOE sostiene que la parcela no permite comenzar la construcción sin trabajos previos. Desde esa posición, reclama que el debate sobre la Ciudad de la Justicia tenga en cuenta las condiciones en las que el Ayuntamiento ha puesto el suelo a disposición del Ministerio.
«Arroyo ha cedido unos terrenos contaminados y ahora es necesario descontaminarlos antes de poder avanzar con todas las garantías», ha manifestado.
Torres considera que esas actuaciones requieren planificación y tiempo. Su argumento es que la exigencia de rapidez debe acompañarse de una explicación sobre las tareas pendientes y sobre cómo afectan a la ejecución de la infraestructura.
«Resolver la descontaminación requiere tiempo, planificación y garantías medioambientales», ha señalado. El dirigente ha vinculado esa necesidad con su defensa de la actuación del Ministerio, al que atribuye la voluntad de evitar problemas durante el desarrollo de las obras.
La información socialista no detalla qué sustancias se habrían detectado, qué superficie estaría afectada ni qué intervención se contempla. Tampoco concreta el coste o la duración estimada de los trabajos previos.
La petición política de Torres se centra en que la alcaldesa asuma la responsabilidad que él atribuye a la cesión municipal. El dirigente considera que el estado del terreno debe formar parte de las explicaciones públicas sobre el proyecto y sus retrasos.
El PSOE defiende la financiación estatal y cuestiona la gestión municipal
Torres ha rechazado que la demora pueda interpretarse como falta de interés del Gobierno central. Según sostiene, el Ministerio cuenta con recursos y mantiene el compromiso de construir la Ciudad de la Justicia de Cartagena.
«El Ministerio de Justicia ha demostrado que tiene fondos, voluntad e intención de construir la Ciudad de la Justicia de Cartagena», ha afirmado.
La nota no especifica la cuantía disponible ni identifica una partida presupuestaria concreta. La defensa de esa financiación forma parte de las declaraciones del secretario general socialista, que pide distinguir entre el compromiso de ejecutar la infraestructura y las condiciones previas necesarias para hacerlo.
En el ámbito municipal, Torres ha calificado de deficiente la gestión de la cesión. Asegura que el procedimiento acumuló más de dos años de retraso y considera que esa demora se suma a la necesidad de actuar sobre el suelo.
El dirigente ha mencionado también la parcela de Los Mateos como ejemplo de los errores que atribuye al Gobierno local. La comunicación no desarrolla los antecedentes de ese asunto ni aporta documentación sobre su comparación con los terrenos de la Ciudad de la Justicia.
Para esta información no se ha recabado una respuesta directa del Ayuntamiento ni del Ministerio sobre las condiciones de la parcela, la financiación disponible o la incidencia de las actuaciones previas en el calendario.
Una infraestructura con vocación de ampliar su alcance
Además de la controversia sobre los plazos, Torres ha defendido la disposición del Ministerio a atender las peticiones municipales sobre el alcance de la futura instalación. Según explica, el Gobierno central ha aceptado que el proyecto no se limite al partido judicial de Cartagena y amplíe su ámbito de actuación.
La nota socialista no concreta qué servicios adicionales se incorporarían ni cómo se plasmaría esa ampliación. El dirigente presenta esa respuesta como una muestra de la voluntad estatal de impulsar una infraestructura con mayor alcance para la ciudad y su entorno.
Torres considera que la necesidad de la Ciudad de la Justicia exige cooperación y explicaciones sobre los obstáculos pendientes. Su reclamación a Arroyo es que informe sobre la gestión municipal del suelo y evite trasladar al Ministerio una responsabilidad que, según su valoración, corresponde al Ayuntamiento.
«Cartagena necesita una Ciudad de la Justicia y el Gobierno de España está comprometido con ella», ha concluido. El PSOE mantiene así su exigencia de que el debate sobre los retrasos incluya las condiciones de la parcela cedida y las actuaciones necesarias antes de comenzar la construcción.
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