Los sindicatos valoran el incremento del 5,3 % y reclaman completar las reformas sobre complementos salariales y registro horario

El salario mínimo interprofesional (SMI) alcanzará los 1.286 euros brutos mensuales en catorce pagas a partir del 1 de enero de 2027, tras la subida del 5,3 % aprobada el martes por el Consejo de Ministros. La nueva cuantía equivale a 18.004 euros anuales, 910 euros más que en 2026, y ha recibido una valoración positiva de CCOO y UGT.
Las organizaciones sindicales consideran que el aumento refuerza los ingresos de las personas con salarios más bajos, pero reclaman al Gobierno que complete otros compromisos pendientes. Entre ellos destacan las nuevas reglas de compensación y absorción de complementos y la regulación del registro horario, que vinculan con la efectividad de las mejoras salariales y el control de las jornadas.
El incremento supone 65 euros adicionales en cada una de las catorce pagas respecto a los 1.221 euros mensuales de 2026. La cuantía anunciada es bruta: la ausencia de tributación por IRPF que destacan los sindicatos no elimina las cotizaciones a la Seguridad Social que correspondan.
La subida tiene alcance estatal y, por tanto, también se aplicará en la Región de Murcia. El comunicado conjunto de CCOO y UGT no ofrece una estimación del número de personas beneficiarias en la comunidad ni un desglose territorial de su impacto.
Nuevas cuantías para 2027 y protección de los salarios más bajos
Además de los 1.286 euros mensuales, la actualización fija una referencia diaria de 42,87 euros. El Ministerio de Trabajo también ha anunciado cuantías específicas de 60,88 euros por jornada legal para los supuestos de contratación temporal previstos y de 10,06 euros por hora efectivamente trabajada para el empleo de hogar por horas.
CCOO y UGT destacan asimismo la medida fiscal aprobada para que las percepciones del SMI continúen sin tributar por IRPF. Las organizaciones valoran que esa protección permita trasladar la mejora salarial a los ingresos disponibles de quienes perciben esta remuneración.
En su balance, los sindicatos sitúan en torno al 75 % el incremento acumulado del salario mínimo desde 2018. Defienden que esa evolución ha sido compatible con la creación de empleo, el crecimiento económico, los beneficios empresariales y la mejora de la productividad.
También atribuyen a los aumentos un papel relevante en la reducción de la pobreza laboral y de la brecha salarial de género. Se trata de la valoración expresada por ambas organizaciones, que presentan el SMI como una herramienta para elevar el suelo salarial y reducir las diferencias entre trabajadores.
El comunicado vincula la actualización con el compromiso de alcanzar el 60 % del salario medio neto, conforme a la referencia que las centrales sitúan en la Carta Social Europea y su interpretación por el Comité Europeo de Derechos Sociales.
Evitar que los complementos neutralicen las mejoras
Pese a su respaldo al incremento, CCOO y UGT reclaman culminar la tramitación del real decreto que transpone parcialmente la directiva europea sobre salarios mínimos adecuados. Dentro de esa reforma destacan las nuevas reglas de compensación y absorción.
El objetivo sindical es evitar que determinados pluses salariales sean absorbidos por las subidas del SMI y que esa operación limite su efecto sobre las remuneraciones. Las organizaciones recuerdan que esta cuestión formaba parte de los compromisos adquiridos en el acuerdo sobre el salario mínimo de 2026.
La actualización aprobada y la reforma reclamada son actuaciones diferentes. El comunicado celebra la primera, mientras exige que se complete la segunda para modificar las reglas que afectan al tratamiento de los complementos.
Los sindicatos también señalan que el texto pendiente contempla incorporar información del Observatorio de Márgenes Empresariales a las unidades de negociación de los convenios colectivos. Consideran que disponer de esos datos puede reforzar la negociación y la capacidad de abordar las condiciones salariales.
Su posición combina así la defensa de una referencia mínima estatal con el fortalecimiento de los convenios. La reclamación no se limita a fijar una nueva cifra: pretende que las reglas salariales y la información disponible permitan trasladar las mejoras a las condiciones de trabajo.
Registro horario y revisión salarial del empleo público
La otra exigencia dirigida al Ejecutivo es aprobar el real decreto sobre registro horario antes de que finalice la legislatura. CCOO y UGT lo consideran necesario para controlar de forma efectiva las jornadas y combatir el abuso de las horas extraordinarias.
Las organizaciones relacionan esta regulación con la protección del tiempo de trabajo. Su planteamiento es que la mejora de los salarios debe acompañarse de mecanismos que permitan comprobar las horas realizadas y hacer frente a los incumplimientos.
El comunicado también valora la revisión salarial del personal de empleo público del 4,5 % para 2027. Según recuerdan los sindicatos, ese incremento fue pactado con el Gobierno en noviembre de 2025 y afecta a un colectivo de unos tres millones de trabajadores.
CCOO y UGT presentan ambas actualizaciones como avances en la protección de los ingresos, aunque mantienen su exigencia de completar las reformas pendientes. Tras la aprobación del nuevo SMI, sitúan sus prioridades inmediatas en las reglas sobre complementos, el refuerzo de la negociación colectiva y un registro horario que permita controlar las jornadas efectivamente realizadas.
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