► El Consejo Jurídico de la Región de Murcia emite un dictamen donde insta al ejecutivo de López Miras a la «fiscalización previa de la Intervención General de la Comunidad Autónoma y a informe preceptivo de la Junta Regional de Contratación Administrativa de la Región de Murcia» ante su intención de modificar por tercera vez un contrato de servicios
► Con anterioridad ese mismo contrato ya había sido modificado constándole a las arcas regionales casi 2 millones de euros más de lo licitado inicialmente
El Consejo Jurídico de la Región de Murcia le ha parado los pies al Gobierno de López Miras en su intento de modificar el contrato de servicios de infraestructura informática de la CARM, lo que hubiera supuesto un pago adicional de más de 2,29 millones de euros a la mercantil Kio Networks España SA.
Con fecha 30 de noviembre de 2020, por la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la mercantil “KIO NETWORKS ESPAÑA, S.A.”, se formaliza el contrato adjudicado el 4 de noviembre de 2020, para la “contratación centralizada de los Servicios de Infraestructuras de Sistemas Informáticos de la Administración Pública de la Región de Murcia: Administración General de la CARM, sus Organismos Autónomos y Entes de naturaleza pública adheridos, que se prestarán por el adjudicatario de forma integral y sin más aportación de recursos por parte de la Administración que los indicados explícitamente en la documentación de la presente contratación”.
Los servicios a prestar por el contratista, con los requisitos y condiciones establecidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, eran los siguientes:
- Servicio de CPD’s.
- Servicio de interconexión entre CPD’s.
- Servicio de alojamiento de equipos.
- Servicio de comunicaciones perimetrales.
- Servicio de conmutación central.
Servicios de plataforma de virtualización distribuida
Consejo Jurídico de la Región de Murcia Dictamen 35/24 1 de 7
Fecha impresión: 28/02/2024 14:23 - Servicio de virtualización de servidores y contenedores.
- Servicio de discos.
- Servicios de comunicaciones internas.
- Servicio de almacenamiento de archivos.
Servicios de copias de seguridad y restauración - Servicio de copia de seguridad y restauración.
- Servicio de archivado.
Servicios de gestión y operación - Servicio de monitorización y cuadro de mandos.
- Centro de gestión y supervisión personalizado.
La vigencia del citado contrato se estableció en cuarenta y ocho meses (48 meses) contados desde el día 1 de diciembre de 2020, sin perjuicio de su posible prórroga, siendo licitado por 10,12 millones de euros.
Dos modificaciones por valor de casi 2 millones de euros
El contrato en cuestión ya había sufrido dos modificaciones que habían supuesto un incremento del coste final del mismo. Concretamente el 26 de noviembre de 2021, se acuerda la primera modificación por un importe de 1.752.025,76 euros, y el 29 de septiembre de 2022, se acuerda la segunda modificación por un importe de 139.987,96 euros.
En ambos casos se evocó la cláusula 15 y el apartado T del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para justificar la modificación que se basaba en «un aumento de la capacidad de la solución técnica y modificación por adhesiones de nuevos organismos públicos», limitando este cambio a que no superara el 20% del precio de licitación.
Con las modificaciones realizadas el precio de licitación se incrementó en un 18,69% o lo que es lo mismo, el precio final de la licitación se veía incrementado en casi dos millones de euros.
La Consejería solicita una tercera modificación
Con fecha 28 de junio de 2023, el responsable del contrato (Jefe del Servicio de Comunicaciones de la Dirección General de Informática y Transformación Digital), con el visto bueno del Subdirector General de Informática Corporativa, elabora informe-propuesta de modificación número 3 de la contratación centralizada de servicios de infraestructuras informáticas.
Entre las justificaciones dadas se alude a «la implantación del Proyecto EUCLIDES -que pretende dar respuesta a los importantes problemas de ciberseguridad que han sufrido las distintas Administraciones Públicas tras la pandemia del COVID-19 y la situación derivada de la guerra de Ucrania-, a los proyectos que han surgido por aplicación de los Mecanismos de Recuperación, Transformación y Resiliencia provenientes de la UE que pone a disposición de los Estados fondos europeos para la recuperación tras la pandemia del COVID-9».
Proyecto EUCLIDES licitado previamente por el Gobierno regional
Llama la atención la justificación utilizada dado que el proyecto EUCLIDES ya fue licitado en el año 2022 por un importe de 7.320.495,54 euros que, según argumentan desde el servicio de Comunicaciones de la Dirección General de Informática y Transformación Digital, no han sido suficientes para llevar a cabo los trabajos necesarios debido a «la elevación de la intensidad y número de amenazas de ciberseguridad a que este responde, derivadas de la pandemia y la guerra en Ucrania».
2,37 millones más
La modificación del contrato propuesta por el Ejecutivo de López Miras suponía un pago 2.371.209,15 euros para la empresa adjudicataria, lo que provocaría que el incremento del 42,12% del total del contrato, ascendiendo a más 14,38 millones de euros, lo que comportaba saltarse el límite marcado en el pliego de condiciones de la licitación que solo permitía un aumento del 20% sobre el valor de licitación.
Kio Networks presentó la oferta más económica
Según se desprende del análisis de los documentos de la licitación que ahora se pretende modificar por tercera vez, la empresa que resultó adjudicataria lo hizo gracias a que fue la que presentó la oferta más económica de todas las presentadas, siendo un 28% más baja del precio de licitación inicial.
El Consejo Jurídico echa por tierra las pretensiones del Gobierno regional
El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el pasado 6 de febrero de 2024, examinó el expediente remitido Consejería de Economía, Hacienda y Empresa mediante oficio registrado el día 15 de diciembre de 2023, sobre modificación del contrato de servicios de infraestructura informática de la CARM (exp. 2023_392).
En base a dicho análisis destaca que «no constan en el expediente, sin embargo, dos actuaciones que han de considerarse como preceptivas y previas a la solicitud de consulta a este Consejo Jurídico: el sometimiento del expediente a fiscalización previa de la Intervención General de la Comunidad Autónoma y el informe de la Junta Regional de Contratación Administrativa».
Por lo que insta a la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa a que someta la modificación pretendida a la fiscalización tanto de la Intervención General como al obligatorio informe de la Junta Regional de Contratación Administrativa.
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