► Fuentes jurídicas consultadas por LasNoticiasRM aseguran que contiene requisitos muy concretos, limitantes e innecesarios para desarrollar el servicio que apuntan a que pudiera estar hecha a medida de un solo profesional
► Los criterios de adjudicación guardan un gran parecido con el currículum de Salvador Pérez Alcaraz, contratado previamente vía contrato menor para la interposición del escrito de recurso y la solicitud de medidas cautelares
El día de ayer, LasNoticiasRM informó de que el Ayuntamiento de San Javier había sacado a licitación por 229.900 euros el contrato para la defensa del caso Aqualia, donde el consistorio ribereño había sido condenado a anular todo el procedimiento de licitación del contrato de agua y alcantarillado por haber sido adjudicado, presuntamente de forma irregular, a la empresa participada por FCC, en 247 millones de euros.
Ya advertíamos de ciertos detalles de la licitación que nos habían llamado mucho la atención como el menosprecio del ayuntamiento dirigido por el número 2 del Partido Popular en la Región de Murcia, José Miguel Luengo, hacía el bufete jurídico que habitualmente le había estado gestionando todos los procedimientos legales al cual le queda aún un año de contrato.
En el acuerdo de iniciación del expediente de contratación se hace referencia a que el Ayuntamiento de San Javier ya dispone de un contrato vigente para la defensa letrada y el ejercicio de acciones judiciales adjudicado a la empresa Decisio Consulting SL “pero en modo alguno puede amparar un pleito de estas características, no solo por su cuantía, que ya lo configura como el más importante para el municipio de toda su historia, sino también por su nivel de especificidad y dificultad”.
En otras palabras, el despacho de abogados contratado de forma habitual por el consistorio parece que solo sirve para asuntos menores, según el criterio del Ayuntamiento de San Javier, pese a que en la página web de la empresa afirman tener “más de 30 años de experiencia en el ejercicio de la Abogacía en ámbitos relacionados con el Sector Público“.
Contrato menor adjudicado a dedo
Además, José Miguel Luengo había adjudicado a dedo, sin concurrencia ni transparencia un contrato menor por valor de 14.800 euros más IVA (17.908 euros), justo al límite legal de este tipo de contratación, cuyo beneficiario fue el letrado Salvador Pérez Alcaraz, que según apuntan fuentes municipales es una persona muy cercana al Partido Popular.
LasNoticiasRM se puso en contacto con Salvador Pérez para consultarle acerca de este extremo quien nos confirmó que había sido contratado “para interponer el recurso y solicitar la medida cautelar”.
Criterios de adjudicación de la licitación muy limitantes
Dentro de los criterios de adjudicación encontramos alguno de ellos especialmente limitante como pueden ser los criterios 2 y 5, que puntúan con 2 puntos cada publicación especializada en materia de derecho público con un límite de 30 puntos para el criterio 2 y un punto por año de docencia como profesor de universidad impartiendo materias de Derecho Público con un límite de 20 puntos para el criterio 5.
Solo con estos dos criterios, el aspirante que los cumpliera podría reunir 50 puntos, la mitad del máximo de los 100 puntos totales que indica el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). Además, son criterios que solo podrían cumplir letrados con una dilatada carrera y que por si mismos no acreditan la valía profesional del candidato, puesto que el ser un profesional de prestigio no está ligado necesariamente a la impartición de clases en universidades ni a la publicación de libros.
Solvencia económica especialmente baja
Otro de los puntos extraños del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) es el relativo a la solvencia económica y financiera del profesional que opte a la licitación, la cual está cifrada en 285.000 euros del volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario.
Esta cantidad es especialmente baja, teniendo en cuenta que el precio base de la licitación es de 229.900 euros, lo que supondría que quien optara a este contrato y lo consiguiera podría estar muy cercano a obtener ese límite económico.
Salvador Pérez cumple todos los requisitos
Analizado el currículum de Salvador Pérez Alcaraz, letrado al que le fue encargado el interponer el recurso y solicitar la medida cautelar, publicado en la página web del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), encontramos sorprendentes coincidencias con los requisitos marcados en la licitación.
Según la información publicada, Salvador Pérez es abogado ejerciente desde 1990, por lo que tiene 34 años de ejercicio y es muy probable que tenga más de 200 pronunciamientos judiciales, dado que estaríamos hablando de tan solo 6 por año de ejercicio. Con esto ya tendría los 30 puntos del Criterio 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
Según la página web de DIALNET, que es la mayor hemeroteca de artículos científicos hispanos en Internet, Pérez tiene publicados 9 artículos en revistas, 5 colaboraciones en obras colectivas y 6 libros. Con estos números conseguiría también los 30 puntos del Criterio 2 del PCAP.
Pérez también ha sido profesor asociado en el área de derecho administrativo en la Universidad Politécnica de Cartagena, y con la investigadora, a través de la participación en seminarios e impartición de conferencias, y ha impartido clases de derecho administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y en la de la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), hechos que le valdrían para la obtención de los 20 puntos del Criterio 5 de la PCAP.
Solo con estos tres criterios ya obtendría 80 puntos de los 100 máximos, a los que habría que sumar los puntos que podría conseguir por la oferta a la baja que pudiera presentar y el porcentaje de descuento sobre los honorarios del probable recurso de casación que pudiera ser presentado, dado que podría descontar parte de los casi 18.000 euros ya cobrados por el inicio de las actuaciones vía el contrato menor adjudicado a dedo por el alcalde de San Javier.
Así las cosas, Salvador Pérez podría estar con gran facilidad entre los 90-100 puntos, lo que haría muy difícil que cualquier otro profesional pudiera igualarle, teniendo muchísimas posibilidades de ser el agraciado con la adjudicación de la licitación.
LasNoticiasRM preguntó a Salvador Pérez si tenía previsto presentarse a la licitación a lo que nos respondió con un «lo estudiaré», sin dar más detalles.
«Parece un traje a medida»
LasNoticiasRM se ha puesto en contacto con más de media docena de profesionales del derecho para conocer sus impresiones en relación a los criterios marcados por la licitación, y todos sin excepción destacan que son demasiado limitantes.
Uno de ellos nos aseguraba que ese PCAP «parece un traje a medida de la persona que quieren que les lleva la acción legal», añadiendo que «es demasiado evidente».
También convenían en que limitar una licitación para una asesoría legal por la obligación de impartir clases en universidades les parecía extraño, dado que muchos grandes profesionales del derecho no han impartido clases de forma habitual estando centrados en sus respectivos bufetes. «No todos los letrados con experiencia y renombre tienen vocación por la docencia», aseguraba uno de ellos.