► El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia desestima todas las medidas cautelares solicitadas por Salvador Pérez en nombre del consistorio ribereño que ni siquiera Aqualia había pedido en su recurso
► “Ante la falta de prueba de daños irreversibles o de pérdida de la finalidad legítima del recurso, debe denegarse la suspensión solicitada, sin que sea posible adelantar el fallo del presente recurso, como en realidad se esta pretendiendo, dejando sin efecto la resolución adoptada por un órgano independiente y especializado”, afirma el TSJ en su auto
Mal comienza la andadura de Salvador Pérez en la defensa del ‘Caso Aqualia’ al serle denegadas todas las medidas cautelares que solicitó en el anuncio de presentación de recurso contra la decisión del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) que anulaba la licitación del servicio de aguas del Ayuntamiento de San Javier adjudicada a la mercantil Aqualia por 246 millones de euros.
‘Caso Aqualia’
El Ayuntamiento de San Javier decidió poner fin a la relación que tenía desde hace décadas con Hidrogea (Agbar) para sacar a concurso este servicio de primera necesidad, algo que en principio no estaba obligado a hacer, ya que tenía la posibilidad de ir renovándolo cada dos años. Pero tras un análisis de la Universidad de Cartagena y considerar que los servicios de agua a futuro no estaban recogidos, decidió abrir un nuevo proceso.
En este punto, y aquí está la clave de la polémica, el consistorio contrató a la consultora Ingeagua para que pilotara el proceso de adjudicación y otorgara las calificaciones a los distintos participantes. Esta pequeña consultora, de seis trabajadores, que también presta servicios en México, accedió a este trabajo a través de un contrato menor, adjudicado sin publicidad, para dar un servicio especializado con trabajos que se extenderían por más de dos años por 15.000 euros, impuestos aparte. Ya esto supuso motivo de sospecha, detalla uno de los implicados en el proceso, ya que varias fuentes del sector señalan que se trata de un presupuesto muy corto para los trabajos a desarrollar.
Las alarmas se encendieron entonces porque esta consultora, Ingeagua, que debía ejercer de juez y examinador con las concursantes, a su vez admite que hace trabajos para otras empresas como la propia FCC Aqualia, según consta en el currículo de su director general.
La polémica se desató cuando se conoció la calificación técnica. FCC Aqualia logró la máxima puntuación en todos los aspectos (49 de 49). Con una nota muy por encima de otras compañías como la propia Agbar (44) y otras grandes del sector como Acciona (35), Sacyr (25) o Saur (35).
La cuestión llegó a tal punto que un concejal del PSOE solicitó la suspensión temporal de este concurso como medida cautelar, ante las dudas surgidas alrededor del mismo, algo que, sin embargo, las autoridades administrativas denegaron.
Solo un día después de que el Ayuntamiento de San Javier adjudicara a Aqualia el contrato, ahora anulado por el Tribunal Administrativo Central, la Fiscalía abría diligencias de investigación contra el Ayuntamiento de San Javier y su alcalde José Miguel Luengo porque veía “indicios de un posible delito de prevaricación“.
Según indica la fiscal responsable de la investigación en el decreto por el que inician las diligencias, la consultora Ingeagua, “no solo redactó las condiciones del contrato, sino que también valoró las propuestas presentadas. Su cliente, Aqualia, obtuvo la puntuación más alta en los criterios técnicos evaluables subjetivamente, 49 punto de los 49 posibles en todos los apartados evaluables de forma subjetiva por parte de su propia consultora”, explica.
Alude también a la decisión municipal de mantener la oferta de Aqualia en la licitación, a pesar de haber presentado una propuesta “que supera en 16 millones el límite de temeridad” y que se sitúa “un 56% por encima del resto de concurrentes”, y a las reclamaciones presentadas por la actual concesionaria, Hidrogea, para que se le excluya del proceso.
El recurso de una de las licitadoras no solo pedía la nulidad en la adjudicación, que hubiera podido derivar en una nueva calificación de los proyectos entregados, sino que requirió al juez la repetición del concurso desde su inicio. Es decir, empezar de cero, incluyendo la contratación de Ïngeagua para su elaboración.
Así las cosas, el Ayuntamiento de San Javier tendrá que volver a redactar los pliegos sin intervención de la consultora de la que se sospecha su implicación en la adjudicación, y deberá poner en marcha una nueva licitación.
El Ayuntamiento decide recurrir la decisión del TARC
El Ayuntamiento de San Javier, con su alcalde José Miguel Luengo a la cabeza, decide recurrir la decisión del TARC que obligaba a la anulación de la licitación y el inicio de todo el procedimiento. Decisión que ni se entendió en su momento ni se entiende ahora, dado que la propia Aqualia (principal perjudicada de la decisión del TARC) ya había anunciado el recurso de la decisión.
No se comprende el motivo por el cual el consistorio ribereño debía pleitear cuando la propia empresa perjudicada ya lo iba a hacer. Ante estas dudas desde el ayuntamiento esgrimieron la excusa de que las inversiones prometidas por Aqualia eran fundamentales y se necesitaban iniciar a la mayor brevedad, algo que ni la propia empresa concesionaria afirma en su anuncio de recurso.
Contrato menor a dedo para Salvador Pérez
Así las cosas, y pese a las dudas que se planteaban por la decisión del alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, íntimamente ligado a todo el ‘caso Aqualia’, el consistorio adjudicó un contrato menor casi con nocturnidad y alevosía a Salvador Pérez por valor de 17.908 euros para anunciar la presentación de un recurso contra la decisión del TARC y la solicitud de medidas cautelares consistentes en la suspensión de la decisión de dicho tribunal hasta que se resolviera el recurso que se plantearía.
LasNoticiasRM tuvo acceso al decreto número 2024-0971 de fecha 8 de febrero de 2024, realizado una semana antes de llevar el asunto al pleno municipal, donde se adjudicaba “el Contrato menor de servicios consistente en Preparación, presentación y seguimiento de expediente e incidencias del escrito de interposición del recurso ante el TSJ de Murcia” al letrado Salvador Pérez Alcaraz “por un importe de 14.800 €, al que le corresponde por IVA la cantidad de 3.108 €, siendo el precio total de 17.908 €”.
EL TSJ da carpetazo a las pretensiones del Ayuntamiento
El resultado de la dudosa decisión de Luengo y su equipo ha sido el peor posible: el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia desestima todas las medidas cautelares solicitadas por Salvador Pérez en nombre del consistorio ribereño que ni siquiera Aqualia había pedido en su recurso.
El TSJ es claro y le explica al letrado que no pueden atender su petición de suspensión de la decisión tomado por el TARC puesto que “de alguna manera estaríamos adelantando el fallo, o dejando sin efecto desde el inicio, el acto recurrido, respecto del que rige la presunción de conformidad a derecho”.
De forma tajante el alto tribunal afirma que “las alegaciones de la actora sobre la necesidad de llevar a cabo la contratación e iniciar la ejecución del contrato adjudicado a AQUALIA de forma inmediata no dejan de ser meras alegaciones de parte, al no quedar acreditado que las deficiencias que se conocen de las instalaciones de agua potable y alcantarillado del municipio no tengan otra forma de solventarse en este momento que mediante la ejecución de un contrato cuya adjudicación fue anulada por el Tribunal especial creado para garantizar la corrección de la contratación administrativa”.
Alegana Salvador Pérez en su escrito de solicitud de medidas generales el “interés general” para que le fueran concedidas algo que desmonta el TSJ con apenas dos líneas y media de su auto al indicar que “el interés general representado por la correcta prestación del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado está garantizado mediante la prórroga del contrato celebrado con HIDROGEA”.
También crítica el tribunal que otra de las justificaciones utilizadas fuera el posible daño ambiental producido sobre el Mar Menor por no realizar las obras prometidas por Aqualia que pretendía acreditar utilizando los resultados de una encuesta ciudadana.
“El daño al medio ambiente y en concreto al Mar Menor, no queda en absoluto acreditado sin que una encuesta sobre la percepción de los ciudadanos, pueda resultar concluyente sobre dicha cuestión. Las deficiencias en las infraestructuras son conocidas según pone de manifiesto el propio Ayuntamiento, desde 2019 y en 2021 se hicieron constar en un informe redactado por la Universidad Politécnica, por lo que ha existido tiempo suficiente para adoptar las medidas correspondientes, de ser tan imperiosa la necesidad”, resalta el TSJ.
Y por si el varapalo dado por el TSJ ni fuera ya suficientemente duro, el auto termina indicando que “no consta que AQUALIA estuviera dispuesta a iniciar la ejecución del contrato adjudicado en las condiciones expresadas; resultando significativo que en el recurso nº 630/23, seguido ante esta misma Sala y Sección a instancias de AQUALIA y contra el mismo acto que constituye el objeto del presente recurso no se haya solicitado la suspensión de la ejecución”.
Es decir, que ni la propia Aqualia, perjudicada directa de la decisión del TARC, había solicitado suspender esa decisión, lo que parece confirmar que los motivos que llevaron al ayuntamiento a contratar de urgencia y a dedo a Salvador Pérez por casi 18.000 euros no tenían una base lógica y quizás pudieran obedecer a otros intereses.
La licitación para la defensa del ‘Caso Aqualia’ en la Fiscalía
El pasado 15 de abril La Asociación Preeminencia del Derecho, representada por el abogado José Luis Mazón, presentó una denuncia ante la Fiscalía Superior de la Región de Murcia contra los contratos propuestos por el Ayuntamiento de San Javier, uno menor ya adjudicado y una licitación en proceso de adjudicación, por considerar que existe un “fraccionamiento de contrato de defensa jurídica”.
Según la denuncia, a la que tuvo acceso en exclusiva LasNoticiasRM, “el ayuntamiento de San Javier ha utilizado el fraccionamiento del expediente en contratos menores” afirmando que el contrato es “una trampa, puesto que el contrato ha sido dividido en dos partes, la primera parte para que la cantidad sea inferior a 18.000 euros para poder acceder a esa adjudicación y la otra parte el resto de la cantidad demandada y resto al pleito”.
“Los datos han sido publicados en la Plataforma de contratación del Sector Público, en el que se ve el presupuesto base de licitación sin impuestos que asciende a 190.000.00 euros” se explica en la denuncia, que adjunta un extracto de la información publicada por LasNoticiasRM el pasado 9 de abril donde se informaba de la publicación de la licitación y las sospechosas condiciones de la misma.
Mazón asegura en el escrito dirigido a la Fiscalía que “el caso relatado es aplicable a la situación actual que estamos denunciando puesto que a través de un contrato menor se ha garantizado el ayuntamiento de otorgar el contrato al letrado, haciendo dos contratos separados uno para que lleve el recurso y otro la demanda“.
El denunciante hace especial énfasis en el informe realizado por el Ayuntamiento de San Javier para declarar la licitación sin división en lotes pese a que “la NO división en lotes es justamente lo que no han hecho, faltando en primer lugar a lo pactado, ya que finalmente han fraccionado el trabajo del abogado todo con el objetivo de evitar los trámites legales que lleva adjudicar un contrato público”.
“Dados los hechos anteriormente relatados, queda claro que el ayuntamiento de San Javier comete un delito de libro al efectuar una licitación burlando todas las normas legales para darle el encargo de 160 mil euros a un abogado de la familia del PP, el partido en el gobierno”, continúa Mazón en su denuncia.
Y finalmente pide a la Fiscalía que abra “caso penal contra esta burda y delictiva práctica donde el abogado es el extrañeus de la prevaricación, se han concertado para dárselo a él y posiblemente con alguna comisión clandestina en favor de un tercero cuál novio de la Ayuso” en base a la comisión de un “posible delito de de prevaricación del art 404CP, por irregularidades en adjudicar el contrato público, por fraccionamiento de contrato de defensa jurídica con foto robot del adjudicatario“.
