Este jueves, José Luis Álvarez-Castellanos, coordinador regional de Izquierda Unida-Verdes (IU-Verdes) en la Región de Murcia, se unió a los colectivos sociales y de defensa del Mar Menor en una protesta frente a la Asamblea Regional. Acompañado por miembros de la Asamblea Municipal de IU-Verdes Cartagena y la compañera de la coalición autonómica María Marín
Álvarez-Castellanos expresó su firme rechazo a la propuesta de Vox y la agroindustria de desregular toda actividad agroganadera en la cuenca vertiente del Mar Menor a través de la modificación de la ley de recuperación y protección del Mar Menor, cuyo rango normativo pretenden rebajar al de simple reglamento.
Álvarez-Castellanos denunció que, a pesar de las regulaciones existentes, el Gobierno Regional no ha cumplido con sus obligaciones en la protección del Mar Menor. “La desregulación que pretende Vox y la agroindustria es un ataque directo a la conservación del Mar Menor. No podemos permitir que la presión de estos grupos ponga en peligro el equilibrio ecológico de nuestra región”, afirmó el coordinador regional.
El PP, según Álvarez-Castellanos, continúa cediendo a las exigencias de Vox y la agroindustria, a pesar de que la ultraderecha ha roto el pacto de gobierno. “Es inaceptable que el PP siga actuando en favor de intereses de los que han sido autores del desastre ecológico de la laguna costera en lugar de proteger el interés general y el medio ambiente; algunos de estos autores están imputados en el caso Topillo y han sido sancionados administrativamente por vertidos ilegales al Mar Menor”, añadió.
El líder de IU-Verdes también cuestionó la necesidad de modificar o eliminar la ley del Mar Menor, resaltando que esta ley aún no ha sido desarrollada ni aplicada en su totalidad por la inacción del propio gobierno regional y la escasa colaboración de sectores agroindustriales. Hay que recordar que solo una cuarta parte de las explotaciones agrarias de la cuenca vertiente han certificado su adaptación a las reglamentaciones de la ley, certificaciones que se hace, además, por empresas privadas y no por inspecciones públicas; por otra parte, la moratoria urbanística sigue sin efecto después de un año de su caducidad y el Plan de Ordenación Territorial ni está ni se le espera después del fiasco de la licitación para su redacción.
En momentos en que hay cierta mejoría de los parámetros bioquímicos de la masa de agua y las medidas del Ministerio, incluidas en el Plan de Medidas Prioritarias, empiezan a desarrollarse con mayor impacto (recordemos 9.000 hectáreas menos de regadío ilegal), lo que necesitamos es una implementación efectiva de la ley existente, no su eliminación”, concluyó.
La protesta de hoy subraya la creciente preocupación entre los ciudadanos y grupos ecologistas sobre el futuro del Mar Menor y la necesidad de una política ambiental responsable y efectiva.
