► “Siete monstruos conformaban la manada que abusaba de niñas sexualmente. Personas depravadas que solicitaron los servicios sexuales de menores para satisfacer sus fantasías. Masajes con final feliz lo llamaban”
Esta semana nos hemos merendado una de esas sentencias judiciales que cuesta digerir, más bien de las que causan indigestión, náuseas y mucho asco: la Fiscalía llegaba a un acuerdo con 7 importantes empresarios que habían sido acusados de pagar para tener sexo con menores para que, a cambio de admitir el delito, tuvieran unas condenas irrisorias que harían que no pisaran la cárcel.
Encabezando a esta ‘manada’ de depravados sexuales y pedófilos se encontraba Juan Castejón Ardid, expresidente y exvicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), exvicepresidente de la Confederación Empresarial de la Región de Murcia (CROEM) e importante empresario en los consejos de administración, por las fechas de los hechos, de empresas como Pradem SA, Promociones Sierra Minera y Eslabon Inmobiliaria.
Según se recoge en los documentos del caso, Castejón abusó de niñas de 14 y 15 años. Él solicitaba expresamente a las ‘madames’ que las chicas fueran menores. Al menos que se tenga constancia abusó de cuatro niñas, todas ellas provenientes de barrios difíciles, con problemas familiares y fuertes necesidades económicas.
En resumen, este individuo aprovechó su posición social, su importante fortuna y sus contactos para conseguirse menores sin capacidad para decidir, en una posición de vulnerabilidad social y económica inmensa, para satisfacer sus caprichos sexuales, a los 64 años que tenía cuando se cometieron los hechos.
Por todas estas barbaridades, Castejón ha sido condenado a a cinco meses de cárcel y 2.000 euros de multa por cada víctima después de alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, lo que le garantiza que no pisará la cárcel.
Junto a él han sido condenados seis hombres más: José Antonio Arce López (70 años, Beniaján), Juan Peque Álvarez (72 años, León), José Jara Albero (68 años, Alicante), Antonio Giménez Pelegrín (81 años, Lorca), Antonio Morales Nicolás (92 años, Murcia) y Juan Martínez Fernández (73, Murcia).
Estos siete monstruos conformaban la manada que abusaba de niñas sexualmente. Personas depravadas que solicitaron los servicios sexuales de menores para satisfacer sus fantasías. Masajes con final feliz lo llamaban.
Dilación indebida
La clave de la vergonzosa sentencia para un caso tan llamativo y que ha desencadenado una ola de reacciones ante lo grave de los hechos, y lo laxo de la condena, es la dilación indebida. 10 años ha tardado la justicia en sentar en el banquillo y condenar a estos individuos.
Podemos afirmar que, se tardó menos en llegar al acuerdo y dictar sentencia ‘in voice’ que lo que tardó la instrucción del caso.
Quiero pensar que la Fiscalía no tuvo más remedio de llegar a este acuerdo porque era eso o la nada. Era esta pena irrisoria o que en un juicio todos alegaran el largo tiempo tomado por la Administración de Justicia para concluir el proceso y quedaran absueltos, libres de polvo y paja.
Es cierto que faltan medios en la Administración de Justicia, pero no es menos cierto que los profesionales de le ley lo saben y lo utilizan para beneficiar a sus clientes. Es lícito, quizás si, es ético, rotundamente no.
No quisiera estar en la piel de ese abogado que, sabiendo los hechos de los que se acusa a sus representados de primera mano, luche por salvarlos. Se escudarán en que están obligados a garantizar la mejor defensa posible a sus clientes, y eso será lo que se repitan una y otra vez para autoconvencerse, pero esas personas deben ser padres, madres, hermanos o hermanas. Yo no podría llevar ese cargo de conciencia sobre mis hombros.
Alarma social
La sentencia ha generado tal alarma social, siendo noticia nacional comentada en todas las mesas de debate, programas de televisión y medios escritos, que el Fiscal General de la Región de Murcia no ha tenido más remedio que salir a intentar maquillar el asunto.
El Fiscal Superior de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha anunciado que está estudiando la posibilidad de que puedan ingresar en prisión “algunos o todos” de los 13 condenados el pasado miércoles por la Audiencia Provincial de Murcia por su participación en una red de prostitución de menores.
Por las palabras de Manzanera, todo apunta que atacará al eslabón más débil: las ‘madames’ que hacían de intermediarias, quienes han sido condenadas a penas cercanas a los dos años de cárcel.
Para mí esto no es más que un remiendo para intentar lavar la cara de la institución que se ha visto fuertemente cuestionada por la sentencia. Porque, las intermediarias no existirían si no hubiera clientes que reclamaran esos servicios.
Sobre los Castejón y compañía es donde la Justicia debería haber caído con todo su peso. Sin embargo, son los que se van a ir de rositas, sin pisar la cárcel y pagando “cuatro duros”. En definitiva, la sentencia solo les ha supuesto pagar lo que se gastan en salir de fiesta un fin de semana.
Se debería valorar a la hora de cuantificar las multas y condenas el poder adquisitivo de los condenados. Tanto para disminuirlas como para aumentarlas. Porque a esta gente pagar dos o tres mil euros no les supone nada.
¿Es la Justicia, justa?
Y la duda que me corroe estos días tras salir la sentencia: ¿es la Justicia, justa? ¿Por qué para unos el peso de la ley es lapidario y para otros no supone más que ligeras molestias en el mejor de los casos? Parece evidente que tener dinero y posición social puede distorsionar el resultado de un juzgado. Deberíamos trabajar para que no fuera así.
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