► Durante 17 años, el Ejecutivo regional permitió la inacción y el incumplimiento de la ley, facilitando daños ambientales graves
► La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor afirma que «no hay constancia de que por parte del órgano ambiental se haya recabado del órgano sustantivo información relacionada con el programa de vigilancia ambiental»
El Gobierno de Fernando López Miras ha quedado nuevamente expuesto por su incumplimiento sistemático de las normativas ambientales, tras conocerse que no supervisó el Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) establecido en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el Lorca Golf Resort, un complejo ubicado en el paraje Villarreal de Purias, Lorca.
Según una resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor fechada el pasado 25 de noviembre, a la que ha tenido acceso LasNoticiasRM en exclusiva, «no hay constancia de que por parte del órgano ambiental se haya recabado del órgano sustantivo información relacionada con el programa de vigilancia ambiental».
Según la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada, era responsabilidad de la Comunidad Autónoma garantizar el seguimiento y cumplimiento de las medidas correctoras incluidas en la DIA. Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente admite en una reciente resolución no haber solicitado ni recibido informes sobre el estado de este programa durante 17 años.
Mientras tanto, según el SEPRONA, el complejo habría sustraído más de 34 millones de metros cúbicos de agua mediante pozos y manantiales presuntamente ilegales, causando daños ambientales valorados en 65 millones de euros.
Un incumplimiento legal flagrante
El Gobierno de López Miras no solo se desentendió de su obligación de supervisar el PVA, sino que ahora intenta culpar al Ayuntamiento de Lorca, argumentando que es el órgano sustantivo responsable del seguimiento del proyecto. No obstante, las normativas dejan claro que la Comunidad Autónoma debía asumir este control, ya que la DIA fue emitida por la Consejería de Medio Ambiente.
La falta de vigilancia no es un simple descuido administrativo; es un incumplimiento legal que ha permitido que un proyecto de alto impacto ambiental operara durante casi dos décadas sin supervisión. Este vacío de control no solo contradice la legislación vigente, sino que también evidencia una preocupante falta de voluntad política para proteger el medio ambiente y garantizar el cumplimiento de las normativas.
El impacto del descontrol
La inacción del Gobierno regional ha tenido consecuencias devastadoras para el medio ambiente y la economía local. Según el informe del SEPRONA, el Lorca Golf Resort habría extraído agua de acuíferos sobreexplotados, afectando la disponibilidad de recursos hídricos para la agricultura y el consumo humano.
Además, los daños ambientales incluyen el deterioro de manantiales y ecosistemas dependientes de los acuíferos, lo que genera una pérdida irreversible para el entorno natural de la región.
La estrategia de desviar responsabilidades
El Gobierno de López Miras ha intentado desviar la atención y las responsabilidades hacia el Ayuntamiento de Lorca, señalándolo como el único encargado del control ambiental del proyecto. Sin embargo, expertos legales y ambientales coinciden en que la Comunidad Autónoma, como emisora de la DIA, debía garantizar el cumplimiento del PVA y realizar inspecciones periódicas.
Este intento de desviar culpas refleja una política de desconexión y negligencia, en la que el Ejecutivo regional evita asumir responsabilidades incluso cuando las evidencias apuntan directamente a su gestión deficiente.
La falta de control como política recurrente
El caso del Lorca Golf Resort no es un hecho aislado en la gestión de López Miras. Su administración ya ha sido señalada por otros casos de descontrol ambiental, como la crisis del Mar Menor, la falta de planes de calidad del aire y la ausencia de estrategias forestales actualizadas. Este historial refuerza la percepción de un gobierno más preocupado por evitar críticas que por implementar medidas efectivas de protección ambiental.
Investigaciones en curso y exigencias de cambio
Actualmente, el caso está siendo investigado por la Guardia Civil y la Confederación Hidrográfica del Segura, mientras que organizaciones ecologistas y asociaciones locales exigen que se depuren responsabilidades. Además, los procedimientos legales determinarán las sanciones aplicables tanto al promotor del proyecto como a las administraciones involucradas.
La falta de vigilancia no es solo una omisión administrativa; es una traición a la confianza pública y un daño directo al patrimonio natural y económico de la Región de Murcia.
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