Joaquín Rocamora declara en la Comisión de Investigación que su papel fue únicamente de asesoramiento legal y posterior a la liquidación del contrato
El exdirector de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Murcia, Joaquín Rocamora, ha afirmado en la Comisión Especial de Investigación sobre la Liquidación fallida del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia que el expediente de liquidación del contrato de concesión fue realizado «íntegramente» por la Consejería de Fomento. Rocamora ha subrayado que el papel de los Servicios Jurídicos fue meramente asesor y posterior a la tramitación del expediente administrativo.
Durante su comparecencia, Rocamora ha explicado que dejó su cargo el 25 de septiembre de 2023, por lo que desconoce detalles sobre los procedimientos posteriores. Además, ha aclarado que el expediente administrativo de liquidación se tramitó después de la resolución del contrato con la concesionaria, insistiendo en que la Consejería de Fomento se encargó completamente del procedimiento.

Un procedimiento judicial prolongado y en fase de mediación
El exdirector ha explicado que el expediente se ha ajustado a la legislación vigente y ha seguido los parámetros marcados por el Consejo de Estado. No obstante, ha señalado que el procedimiento judicial derivado de este proceso comenzó en 2022 y que, por orden de la magistrada encargada, se inició una mediación intrajudicial en el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, que todavía estaba en curso cuando abandonó su puesto.
Rocamora también ha declarado que, hasta la fecha de su cese, la defensa del expediente administrativo se había realizado conforme a derecho, aunque desconoce las consecuencias y evolución del caso tras su salida del cargo.
El coste del aeropuerto y la incertidumbre sobre la indemnización
El diputado del PSOE, Alfonso Martínez, ha recordado que la comisión de investigación no solo analiza la liquidación fallida, sino también el coste total del aeropuerto para las arcas públicas. Martínez ha señalado que, a pesar de las afirmaciones del expresidente Ramón Luis Valcárcel, quien aseguró que el aeropuerto «no costaría ni un euro» a la ciudadanía, el gasto final superará los 336 millones de euros.
Además, el parlamentario socialista ha denunciado que en 2019 la indemnización reclamada por la Comunidad Autónoma a la concesionaria era de 180,1 millones de euros, pero en la nueva liquidación ha aumentado a 205 millones de euros, sin que el Gobierno regional haya explicado los motivos de esta variación.
Divergencias entre los grupos parlamentarios
El diputado de VOX, Ignacio Arcas, ha calificado la construcción del aeropuerto como un proyecto optimista que ha resultado ser una ruina, recordando que las obras sufrieron múltiples cambios y problemas financieros. Arcas ha subrayado que la resolución del contrato en 2013 marcó el inicio de un conflicto administrativo y judicial cuyas consecuencias siguen siendo inciertas.
Desde Podemos, el diputado Víctor Egío ha criticado la convocatoria de Rocamora a la comisión de investigación, asegurando que los responsables políticos directos deberían haber comparecido. Egío ha denunciado que el PP y VOX han impedido la citación de los expresidentes Ramón Luis Valcárcel, Alberto Garre y Pedro Antonio Sánchez, así como la del actual presidente Fernando López Miras y los exconsejeros de Fomento involucrados en la toma de decisiones sobre el aeropuerto.
Por su parte, el diputado del PP, Víctor Martínez-Carrasco, ha defendido la actuación del Gobierno regional, argumentando que el contrato de concesión fue adjudicado con todas las garantías y que la concesionaria incumplió sus compromisos. Martínez-Carrasco ha insistido en que la Administración actuó con responsabilidad y que, si el proceso sigue abierto, es porque se está defendiendo el interés de la Región de Murcia ante los incumplimientos de la concesionaria.
Un aeropuerto marcado por la polémica y el sobrecoste
La comparecencia de Rocamora ha dejado claro que la Consejería de Fomento asumió íntegramente la tramitación del expediente de liquidación, sin intervención de los Servicios Jurídicos hasta una fase posterior. Sin embargo, el debate sobre la gestión del aeropuerto de Corvera sigue abierto, con acusaciones de opacidad, sobrecostes y una indemnización millonaria que podría no llegar a cobrarse nunca.
El aeropuerto, que ya ha costado más de 336 millones de euros, sigue siendo un símbolo de la mala gestión de los recursos públicos en la Región de Murcia, y el proceso judicial aún en marcha determinará si el Gobierno regional logra recuperar parte del dinero o si la ciudadanía deberá asumir el coste de este fracaso financiero.
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