Contrataciones verbales, procedimientos caducados y ausencia de informes legales marcan la gestión del actual equipo de gobierno municipal
La gestión administrativa del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas ha quedado gravemente cuestionada tras la emisión de varios dictámenes del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en los que se aprecian irregularidades en una serie de contrataciones realizadas por el consistorio. Los documentos analizados por este órgano consultivo revelan adjudicaciones verbales, ausencia total de procedimientos de contratación y caducidad de los expedientes de revisión de oficio, lo que podría comprometer la legalidad de pagos a proveedores por decenas de miles de euros.
El Consejo Jurídico ha dictaminado que algunos contratos presentan «nulidad de pleno derecho» por haberse realizado sin procedimiento administrativo alguno y, en muchos casos, sin consignación presupuestaria adecuada. Según los informes de la Intervención municipal incluidos en los expedientes, estos contratos fueron adjudicados de forma verbal y ejecutados sin licitación, vulnerando los principios de transparencia, concurrencia y legalidad que rigen la contratación pública.
Contratos irregulares por casi 38.000 euros y otros 10.000 en tramitación
Los dictámenes emitidos hasta la fecha se refieren a tres expedientes de revisión de oficio iniciados en julio, octubre y diciembre de 2024 por el propio Ayuntamiento. En todos los casos, el Consejo Jurídico ha constatado que los procedimientos no llegaron a completarse conforme a la normativa vigente y que, al haber transcurrido más de seis meses desde su incoación sin resolución ni suspensión del plazo legal, han caducado.
La consecuencia directa es que el Ayuntamiento se encuentra actualmente sin base legal para ejecutar los pagos asociados a dichos contratos. El montante total afectado supera los 37.800 euros y podría incrementarse, dado que existen otros 10.300 euros en tramitación bajo similares condiciones de irregularidad, según ha denunciado el Grupo Municipal Socialista.
Los contratos afectados incluyen servicios de vigilancia, reparación de ascensores, instalación semafórica, actividades festivas y transportes vinculados a concejalías, algunos de ellos con claros indicios de fraccionamiento del objeto contractual, según los informes de Intervención.
El PSOE alerta de más de 350.000 euros en contratos anómalos durante las fiestas patronales de 2023
El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Francisco Jesús López Manzanera, ha alertado de que los contratos investigados «son solo la punta del iceberg», señalando que en diciembre de 2024 el Pleno aprobó remitir al Consejo Jurídico otro expediente de revisión de oficio por un importe de 120.600 euros, en su mayoría relacionado con eventos festivos. A esta cifra se sumaría una cuantía superior a los 350.000 euros en contrataciones vinculadas a las fiestas patronales de 2023 que, según el PSOE, «no han sido tramitadas con arreglo a derecho» y que no han sido sometidas a revisión pese a existir reparos de Intervención.
López Manzanera considera «muy grave que el equipo de gobierno local, a propuesta del primer edil, desoyera el criterio de la Intervención y no haya remitido al Consejo Jurídico los contratos irregulares de las fiestas patronales de 2023». Además, advierte de que estos contratos podrían «no reflejar precios de mercado» y suponen una práctica presuntamente ilegal de fraccionamiento para eludir la obligación de licitación.
Dictámenes que apuntan a fallos sistémicos en la contratación municipal
Los dictámenes nº 57, 58, 59 y 60/2025 del Consejo Jurídico de la Región de Murcia concluyen que las adjudicaciones verbales sin procedimiento y los pagos realizados sin crédito adecuado vulneran el artículo 47 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, lo que los convierte en actos nulos de pleno derecho. En algunos casos se constata también la omisión del preceptivo informe de la Secretaría General del Ayuntamiento, un elemento clave que afecta a la validez de los procedimientos.
Asimismo, el Consejo incide en que estos expedientes presentan deficiencias graves en su tramitación, como la falta de designación de instructor, ausencia de propuesta de resolución o trámites esenciales como la audiencia a los interesados. En todos los casos recomienda declarar la caducidad de los procedimientos y, si se reabre alguno, subsanar completamente los vicios procedimentales detectados.
Entre los contratos afectados se encuentran:
- Servicio de vigilancia para el Carnaval 2024 (Viriato Seguridad, SL): 605 euros.
- Refuerzo de iluminación para fiestas (Ferrovial Construcción): 9.712 euros.
- Gala de magia Fiestas Patronales (Ortega Ortega, Cristina): 5.312 euros.
- Participación de la Asociación Campana de Auroros en Semana Santa: 1.300 euros.
- Reparación de ascensores (A3 Ascensores): 828 euros.
- Servicios de transporte (Autocares Torre Alta, Aurbus): 880 euros.
- Reparaciones semafóricas (Murciana de Tráfico): 1.257 euros.
A estos se añaden 17 facturas de servicios de telefonía con Vodafone y reparaciones varias con Electronic Trafic, que forman parte de los expedientes declarados caducados en los dictámenes 58 y 60/2025.
Advertencias sobre responsabilidades y seguridad jurídica
El Consejo Jurídico recuerda en sus dictámenes que la nulidad de estos contratos podría conllevar responsabilidades patrimoniales o disciplinarias, además de perjudicar la seguridad jurídica de los proveedores. En este sentido, se subraya que la declaración de nulidad no exime al Ayuntamiento de indemnizar, si procede, a los contratistas que actuaron de buena fe, lo que podría incrementar el coste económico derivado de la mala gestión.
El Consejo también critica la falta de diligencia del Ayuntamiento en la tramitación de los expedientes y sugiere que el consistorio adopte medidas estructurales para garantizar el cumplimiento de la legalidad contractual, incluida la mejora de la planificación de sus necesidades, la formación del personal y el refuerzo del control interno.
El PSOE anuncia nuevas acciones ante el Consejo Jurídico
Francisco Jesús López Manzanera ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista remitirá al Consejo Jurídico nuevos expedientes con indicios de irregularidad, en virtud del artículo 63 de la Ley de Bases de Régimen Local, para solicitar su revisión legal. «Tenemos serias dudas sobre la legalidad de muchos acuerdos adoptados por el actual equipo de gobierno, especialmente en materia de contratación», ha señalado.
Desde el PSOE consideran que el volumen de contratos irregulares detectados y la reiteración de las mismas prácticas apuntan a un modus operandi estructural que pone en riesgo la transparencia, la seguridad jurídica y el buen gobierno en el municipio. Por ello, exigen responsabilidades políticas al alcalde y a los concejales responsables de las áreas implicadas.
A medida que se tramiten nuevos expedientes y el Consejo Jurídico emita más dictámenes, podría ampliarse el alcance de la investigación y clarificarse la magnitud de una situación que ya ha levantado una notable preocupación en la ciudadanía torreña.
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