En la Asamblea y en el Congreso, la coalición denuncia cinco años de bloqueo del PORN y la ocupación ilegal del dominio público en una de las calas más emblemáticas del litoral
La izquierda regional volvió este miércoles a colocar el foco sobre uno de los frentes ambientales más sensibles de la Región de Murcia: la falta de protección efectiva del litoral de Cabo Cope y Calnegre y la ocupación ilegal del dominio público marítimo-terrestre en Cala Morena, en Águilas, cuyo acceso ha quedado privatizado de facto.
Las denuncias llegaron por partida doble. En la Asamblea Regional, el diputado de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, exigió al Gobierno de López Miras la concreción inmediata del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional Cabo Cope y Calnegre, bloqueado desde hace más de cinco años pese a ser una herramienta obligatoria para garantizar la conservación del espacio.
Al mismo tiempo, en Madrid, la diputada de Sumar–Izquierda Unida, Eva García Sempere, registró en el Congreso una pregunta parlamentaria al Ministerio para la Transición Ecológica para frenar la ocupación irregular que impide el acceso público a Cala Morena, un enclave protegido cuyo cierre ha generado creciente alarma social.
Álvarez-Castellanos denunció que el retraso del PORN “solo beneficia a quienes especulan con el territorio y a quienes sueñan aún con reactivar proyectos urbanísticos incompatibles con un espacio protegido”. Por su parte, García Sempere reclamó actuaciones “urgentes y contundentes” para recuperar el uso público de Cala Morena y garantizar la protección del dominio público “sin excepciones ni privilegios”.
El PORN, cinco años guardado en un cajón
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales es la herramienta legal clave que define los usos permitidos, los niveles de protección y las limitaciones ambientales en los espacios naturales. El del Parque Regional Cabo Cope y Calnegre es, además, una deuda histórica: la legislación autonómica obliga a disponer de su PORN desde hace décadas, pero el documento continúa sin aprobarse.
Durante su intervención en la Asamblea, Álvarez-Castellanos recordó que el Gobierno regional anunció en 2019 que el PORN estaba prácticamente listo. Sin embargo, cinco años después, “la Consejería continúa sin remitir un texto definitivo para su tramitación”.
IU-Verdes sostiene que esta parálisis impide proteger adecuadamente la biodiversidad y deja el territorio vulnerable ante intereses privados y presiones urbanísticas. Según el diputado, mantener el PORN sin aprobar “sirve para mantener abierta la puerta a proyectos que la normativa europea y estatal consideran incompatibles con un espacio de este valor”.
La coalición recordó que el parque forma parte de la Red Natura 2000, lo que obliga a la Comunidad Autónoma a adoptar medidas de protección específicas y a evitar cualquier deterioro de hábitats o especies protegidas. Y añadió que el retraso injustificado podría incluso acarrear responsabilidad patrimonial o sanciones si se demuestra que la falta de planificación ha permitido daños ambientales evitables.
Cala Morena: ocupación ilegal y un acceso público bloqueado
De manera paralela, IU elevó a Madrid un segundo frente: la situación de Cala Morena, una de las playas naturales más singulares del litoral aguileño, donde —según denuncia la formación— existe una ocupación ilegal del dominio público marítimo-terrestre que ha terminado impidiendo el acceso ciudadano.
La diputada Eva García Sempere pidió al Ministerio que confirme si dispone ya del informe técnico de Demarcación de Costas sobre esta ocupación y qué medidas va a adoptar para restablecer la legalidad.
Según IU, la privatización de facto de Cala Morena supone un incumplimiento flagrante de la Ley de Costas, que establece que todos los ciudadanos tienen derecho de uso y disfrute del litoral. La diputada insistió en que “no puede haber playas privatizadas por la vía de los hechos consumados” y reclamó al Ministerio “una actuación inmediata, firme y ejemplar” para recuperar el dominio público y garantizar el acceso libre.
Además, IU advirtió de que la ocupación irregular genera impactos en un entorno de alto valor ecológico y podría estar afectando a especies catalogadas, por lo que reclamó también inspecciones ambientales específicas.
Un litoral bajo presión y un Gobierno sin planificación
La coalición considera que la situación del parque regional y de Cala Morena evidencia un problema estructural: la falta de planificación ambiental del Gobierno de López Miras y la ausencia de voluntad para proteger eficazmente el litoral frente a intereses privados.
IU recuerda que el parque Cabo Cope-Puntas de Calnegre “ha sido históricamente objeto de presiones urbanísticas que solo la acción de los tribunales y de los movimientos ecologistas han logrado frenar”, y advierte de que la ausencia del PORN podría reactivar viejos proyectos o permitir nuevos intentos.
Álvarez-Castellanos insistió en que la Región de Murcia “no puede seguir situándose a la cola de España en protección y ordenación ambiental”, y subrayó que aprobar el PORN no es un gesto simbólico, sino una obligación legal y una herramienta clave para la gestión sostenible del territorio.
En el caso de Cala Morena, la coalición sostiene que el cierre de una cala pública “es un síntoma de la degradación institucional que sufre la gestión del litoral”, y advirtió que si Costas no actúa, el precedente podría multiplicarse en otros puntos de la costa.
IU exige actuación inmediata y coordinación entre administraciones
Tanto en Murcia como en Madrid, la coalición reclama que las administraciones actúen con urgencia:
- La Comunidad Autónoma, para aprobar el PORN y garantizar la conservación del Parque Regional Cabo Cope-Puntas de Calnegre.
- El Ministerio para la Transición Ecológica, para restablecer el acceso público a Cala Morena, eliminar la ocupación ilegal e imponer las sanciones que correspondan.
IU concluye que la defensa del litoral “no puede depender de improvisaciones” y requiere planificación, control y voluntad política real, recordando que la Región de Murcia “ha perdido ya demasiados espacios naturales por la dejadez y la presión urbanística”.
Con estas dos iniciativas coordinadas, la formación pretende situar la protección del litoral murciano en la agenda institucional, obligando al Gobierno regional y al Estado a actuar con transparencia, firmeza y responsabilidad para evitar nuevos episodios de degradación ambiental.
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