«La negativa reiterada de la Autoridad Portuaria de Cartagena a entregar documentación pública obliga a hacerse preguntas incómodas«
Hay silencios administrativos que pesan más que cualquier comunicado oficial. Y hay negativas que, cuando se sostienen en el tiempo, dejan de ser una discrepancia técnica para convertirse en un síntoma preocupante de cómo se concibe la rendición de cuentas. La negativa persistente de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) a entregar íntegramente las actas de su Consejo de Administración pertenece, sin duda, a esta segunda categoría.
Desde enero de 2023, un ciudadano viene solicitando, al amparo de la Ley de Transparencia, copia de las actas del Consejo de Administración de la APC desde 2016. No se trata de documentos confidenciales ni de información ajena a la gestión pública, sino de las actas que recogen los debates, acuerdos y decisiones adoptadas por el órgano que gobierna una infraestructura estratégica para Cartagena y para toda la Región de Murcia.
La respuesta de la Autoridad Portuaria fue inicialmente la denegación, amparándose en argumentos tan amplios como el supuesto “abuso de derecho”, la existencia de procedimientos judiciales o la protección de intereses económicos. Argumentos que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desmontó con claridad, estimando la reclamación y ordenando la entrega de la documentación solicitada, recordando además que los límites al derecho de acceso deben aplicarse de forma restrictiva y motivada, nunca como una excusa genérica para cerrar el paso a la información.
Sin embargo, el mandato del Consejo de Transparencia no se ha traducido en un acceso real y completo. La APC entregó solo parte de las actas y dejó fuera los anexos, una omisión nada menor si se tiene en cuenta que en esos anexos suelen figurar informes técnicos, memorias justificativas, propuestas de adjudicación o documentación clave para entender el alcance de las decisiones adoptadas. El propio Consejo de Transparencia ha reconocido por escrito que carece de capacidad coercitiva para obligar a la Autoridad Portuaria a cumplir plenamente sus resoluciones.
La intervención del Defensor del Pueblo, admitiendo la queja y requiriendo explicaciones a la APC, parecía el último recurso institucional para desbloquear la situación. Pero tampoco ha funcionado. Dos requerimientos formales después, la Autoridad Portuaria sigue sin responder y sin remitir la información pendiente.
Ante este panorama, la pregunta resulta inevitable: ¿qué contienen esas actas para que la Autoridad Portuaria de Cartagena prefiera prolongar el conflicto, desoír resoluciones vinculantes y guardar silencio incluso ante el Defensor del Pueblo?
Actas que atraviesan varias presidencias
Las actas reclamadas no corresponden a una etapa aislada ni a una presidencia concreta. Abarcan desde 2019 hasta la actualidad, un periodo en el que la Autoridad Portuaria ha estado dirigida por distintos responsables políticos. Y este dato es fundamental para entender por qué la resistencia a la transparencia es tan férrea.
Antes de la llegada de Yolanda Muñoz a la presidencia de la APC, el cargo fue ocupado por Joaquín Segado. Bajo su mandato se celebraron consejos de administración en los que se adoptaron decisiones estratégicas sobre concesiones, contratos y planificación portuaria. Decisiones que hoy forman parte del pasado reciente de la institución y cuya reconstrucción documental resulta imprescindible para cualquier análisis serio sobre la gestión del puerto.
Posteriormente, Yolanda Muñoz asumió la presidencia de la Autoridad Portuaria. Su etapa al frente de la APC no fue una etapa tranquila. Durante su mandato se produjeron actuaciones y decisiones que acabaron judicializadas y que han situado a la anterior presidenta en el foco de distintos procedimientos judiciales, hechos que son públicos y conocidos. Precisamente por eso, las actas del Consejo de Administración de esos años adquieren una relevancia añadida: podrían arrojar luz sobre cómo se tomaron determinadas decisiones, qué informes se pusieron sobre la mesa, qué advertencias pudieron formularse y quiénes respaldaron o cuestionaron esas actuaciones.
No se trata de afirmar que las actas contengan pruebas de irregularidades. Sería irresponsable hacerlo sin conocer su contenido. Pero sí es legítimo señalar que esas actas podrían ayudar a comprender mejor el contexto de decisiones que hoy están siendo analizadas en sede judicial, y también a delimitar responsabilidades políticas y administrativas más allá de una sola persona.
Tras Yolanda Muñoz, la Autoridad Portuaria ha seguido funcionando, celebrando consejos y adoptando acuerdos. Las actas posteriores tampoco han sido entregadas íntegramente. Lo que refuerza la idea de que el problema no es una presidencia concreta, sino una cultura institucional de opacidad que atraviesa etapas y nombres.
La opacidad como mecanismo de autoprotección
La conducta de la APC no puede despacharse como un simple error administrativo. Es una actuación reiterada, documentada y sostenida en el tiempo. Se ha negado el acceso. Se ha desacreditado al solicitante. Se han ignorado resoluciones del órgano garante de la transparencia. Y se ha desatendido, en dos ocasiones, al Defensor del Pueblo, una institución constitucional cuyo deber de colaboración por parte de las administraciones está expresamente recogido en la ley.
Cuando una institución pública actúa así, el foco deja de estar en quien pide la información y se desplaza hacia quien la retiene. Porque la transparencia no es una concesión voluntaria ni un gesto de buena voluntad, sino una obligación legal que forma parte del núcleo del control democrático.
Resulta especialmente significativo que la APC haya llegado a argumentar que entregar las actas podría perjudicar procesos judiciales en curso, cuando el propio Consejo de Transparencia ha recordado que las actas del Consejo de Administración no son documentación procesal y que los límites deben justificarse de manera concreta, no preventiva ni genérica. O que se invoque la protección de datos personales como un muro infranqueable, cuando la normativa es clara: los datos se anonimizan, no se utilizan como coartada para negar el acceso completo.
Todo ello apunta a una estrategia que parece más orientada a ganar tiempo, desgastar al solicitante y normalizar el incumplimiento que a proteger un interés público superior.
Un problema que va más allá del puerto
Más allá del contenido concreto de las actas —que seguimos sin conocer—, lo verdaderamente grave es el precedente que se está consolidando. Si una autoridad portuaria puede incumplir resoluciones del Consejo de Transparencia sin consecuencias inmediatas, ¿qué mensaje se está enviando al resto de administraciones? ¿De qué sirve entonces reconocer el derecho de acceso a la información pública si su ejecución queda a merced de quien debe cumplirlo?
El propio Consejo de Transparencia ha admitido que carece de herramientas sancionadoras. El Defensor del Pueblo puede requerir, insistir y advertir, pero no imponer. Y mientras tanto, la administración incumplidora gana tiempo y convierte la inactividad en una forma de respuesta.
Este desequilibrio vacía de contenido real el principio de transparencia y lo transforma en un derecho teórico, condicionado a la voluntad del órgano obligado. Justo lo contrario de lo que pretendía la Ley de Transparencia cuando fue aprobada.
La pregunta que nadie responde
A estas alturas, resulta legítimo preguntarse si las actas del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena contienen información que podría resultar políticamente incómoda para quienes han dirigido la institución desde 2019: desde Joaquín Segado hasta Yolanda Muñoz y las presidencias posteriores. No porque exista una prueba previa de ilegalidad, sino porque la reacción defensiva, cerrada y persistente de la APC invita a sospechar que la transparencia completa tendría un coste interno que no se quiere asumir.
Tal vez las actas no revelen ningún escándalo. Tal vez solo muestren decisiones discutibles, debates que hoy se preferiría no revisitar o advertencias técnicas que no se atendieron. O tal vez confirmen que todo se hizo conforme a la legalidad. Pero mientras sigan ocultas, la duda seguirá creciendo.
En democracia, la transparencia se demuestra cuando incomoda, no cuando resulta inocua. Y en este caso, la incomodidad es evidente. Las actas siguen sin entregarse. Las resoluciones siguen sin cumplirse. Y el silencio institucional continúa.
Cuando una autoridad pública se empeña en no responder, la pregunta ya no es qué derecho se está vulnerando, sino qué se está intentando proteger.
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