La protesta en Ribera Molina abre movilizaciones por un convenio bloqueado 15 años y por el aumento del dinero público a hospitales privados
Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia se ha sumado a la movilización convocada por CCOO y UGT a las puertas del Hospital Ribera Salud de Molina de Segura, una protesta que, según la organización, marca el inicio de un calendario de concentraciones en defensa de las condiciones laborales de más de 7.000 trabajadores y trabajadoras de la sanidad privada en la Región. El diputado regional José Luis Álvarez-Castellanos ha aprovechado la convocatoria para cargar contra el Gobierno autonómico del PP, al que acusa de sostener un modelo estructural de concertación sanitaria que, a su juicio, beneficia a grandes grupos empresariales mientras se cronifica la precariedad en el sector.
La denuncia no se presenta como una reclamación puntual de empresa, sino como un conflicto de fondo con dimensión política. IU-Verdes sitúa el origen del problema en el bloqueo del convenio colectivo del sector sanitario privado, “sin renovarse desde hace 15 años”, y sostiene que esa parálisis no es un accidente, sino una consecuencia de un modelo que, insiste, se alimenta del aumento de conciertos y del trasvase de recursos públicos hacia compañías privadas. En ese marco, el hospital de Molina se convierte en un símbolo: un centro con actividad sanitaria, con plantilla y con financiación pública indirecta a través de conciertos, donde las condiciones laborales se señalan como el precio que se paga por mantener el engranaje.
Quince años sin convenio y una plantilla convertida en “trabajadores pobres”
En el núcleo de la protesta, IU-Verdes coloca un dato que pretende resumir el conflicto: la negociación colectiva del sector sanitario privado lleva, según su denuncia, 15 años sin actualizarse. Álvarez-Castellanos habla de “bloqueo deliberado” y lo vincula a una precariedad que, asegura, afecta a miles de profesionales. En hospitales como Ribera Molina, añade, hay trabajadores que llevan más de 12 años sin convenio colectivo, con jornadas de hasta 40 horas semanales, salarios cercanos al SMI y pérdida de derechos como el complemento del 100% en caso de baja por incapacidad temporal.
Las voces sindicales presentes en la movilización refuerzan ese diagnóstico. La secretaria general de CCOO Región de Murcia, Teresa Fuentes, sostiene que las movilizaciones “ya tocaban” y denuncia que el bloqueo del convenio ha convertido a miles de profesionales sanitarios en “trabajadores pobres”, con salarios en torno al SMI. Fuentes advierte de que las concentraciones continuarán si no hay avances “reales” y justifica el pulso con una idea directa: “La gente no llega a fin de mes y es absolutamente legítimo luchar por unas condiciones dignas”.
Por parte de UGT, su secretaria general en la Región de Murcia, Paqui Sánchez Salmerón, rechaza —según el comunicado— que la Consejería intente derivar el conflicto hacia reuniones técnicas sin contenido político. “Ya nos reunimos hace dos años con la gerencia y el secretario general y no sirvió para nada. Exigimos un paso al frente del consejero de Sanidad”, afirma. Para UGT, el punto no es solo desbloquear un texto laboral, sino que el Gobierno regional asuma responsabilidad sobre el tipo de empleo que se sostiene en un sector que recibe recursos públicos.
En esa misma línea, Sánchez Salmerón plantea una exigencia de calado: condicionar cualquier contratación pública a la existencia de un convenio colectivo “digno y actualizado”. Es decir, introducir una regla básica: si una empresa recibe dinero público por prestar servicios sanitarios, no puede hacerlo con un marco laboral congelado durante década y media. En la práctica, ese planteamiento choca con un modelo que el Gobierno regional ha defendido como herramienta para atender demanda y absorber presión asistencial, pero que IU y sindicatos cuestionan por sus efectos sobre el empleo.
Conciertos al alza y Ribera Salud como “gran beneficiario” del dinero público
IU-Verdes sostiene que la concertación sanitaria no es coyuntural, sino “un modelo estructural” impulsado por el Ejecutivo autonómico, con un incremento “fuerte” del gasto público destinado a empresas privadas, especialmente desde 2021. Para respaldar esa acusación, Álvarez-Castellanos aporta cifras: el gasto total en conciertos sanitarios habría pasado de 147,3 millones de euros en 2018 a 182,6 millones en 2024, un aumento del 17,5% que, según su análisis, se “triplica” a partir de 2021.
En el ámbito hospitalario, IU-Verdes afirma que el sector privado ha sido uno de los principales beneficiados: entre 2021 y 2024 el gasto habría pasado de 58,1 a 71,3 millones de euros, un incremento del 22,5%. Y dentro de ese reparto, sitúa a Ribera Salud como pieza central: asegura que el grupo habría acaparado en 2024 más del 43% de los fondos públicos destinados a conciertos sanitarios hospitalarios, tras la reciente compra del Hospital Perpetuo Socorro de Cartagena.
La conclusión política que plantea IU-Verdes es contundente: “Ribera Salud ha desembarcado en la Región de Murcia al calor de la política privatizadora del Gobierno regional”, afirma Álvarez-Castellanos, que añade que la comunidad “es hoy su buque insignia en el Estado, con cuatro hospitales de los quince que tiene en toda España”. El diputado sostiene que este modelo no mejora “estructuralmente” las listas de espera, sino que concentra recursos públicos, debilita la sanidad pública y perpetúa la precariedad laboral.
El comunicado eleva además el foco hacia el control público y la calidad asistencial. IU-Verdes recuerda el caso del Hospital Virgen de la Caridad de Cartagena, donde, según afirma, se produjo el fallecimiento de Sara Gómez tras una intervención para la que el centro no contaba con autorización sanitaria, y denuncia que la Consejería no aplicó las sanciones previstas en la normativa vigente. IU introduce este elemento para subrayar su tesis: no se trata únicamente de dinero y empleo, sino de garantías, supervisión y responsabilidad institucional cuando se amplía el espacio de la sanidad privada en el sistema.
Interpelaciones en la Asamblea y un calendario de protestas sin huelga
El movimiento de IU-Verdes no se queda en el apoyo simbólico a la concentración. Álvarez-Castellanos anuncia interpelaciones a dos consejerías: por un lado, a la consejera de Empresa, Marisa López Aragón, para exigir explicaciones sobre la “inacción” de la oficina de mediación en la renovación de convenios colectivos; por otro, al consejero de Salud, Juan José Pedreño, para que explique por qué, según la denuncia, se niega a reunirse directamente con los sindicatos mayoritarios y cuál es su papel en la expansión de los conciertos sanitarios. “Un Gobierno regional no puede quedarse de brazos cruzados mientras miles de personas trabajadoras viven en la precariedad y grandes empresas se enriquecen con dinero público”, sostiene el diputado.
En paralelo, las organizaciones sindicales anuncian que las movilizaciones continuarán con nuevas concentraciones, la próxima en Cartagena y posteriormente a las puertas de la Consejería de Sanidad. El motivo que alegan es especialmente significativo: afirman que existe “imposibilidad de ejercer el derecho a huelga” por la imposición de servicios mínimos “abusivos”, lo que empuja el conflicto hacia la calle como principal vía de presión.
Con ese escenario, IU-Verdes plantea un cierre político sin matices: exige un “cambio de rumbo inmediato” hacia “menos privatización, más sanidad pública, empleo digno y respeto a los derechos laborales” de quienes sostienen la atención sanitaria en la Región. La concentración de Molina de Segura se convierte, así, en el primer acto visible de un pulso que IU y sindicatos presentan como un choque entre dos modelos: el de una concertación en expansión y el de una sanidad pública que, según denuncian, se debilita mientras crece el negocio privado y se enquistan condiciones laborales precarias.
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